El Plan Forestal abre la puerta a compensar los montes menos rentables por limitaciones legales
ECONOMÍA
La Xunta tendrá que desarrollar a partir del 2019 un modelo de retribución de ayudas para los propietarios afectados
20 may 2019 . Actualizado a las 16:06 h.El sector forestal vio cumplida la semana pasada una de sus reivindicaciones históricas: la separación de la estrategia pública de prevención y extinción de incendios de aquella destinada a planificar el monte. Y pronto verá satisfecha otra demanda dirigida a frenar el abandono y hacer más sostenible el rural: que aquellos dueños de terrenos forestales objeto de limitaciones legales puedan ser compensados económicamente. Una medida que podría afectar a los propietarios que no puedan plantar determinadas especies, como el eucalipto, o cuyas parcelas puedan estar en zonas protegidas y que, por esas razones, sufran una pérdida de rendimiento.
Esta es una de las cuestiones que se incluirá como principio general en el Plan Forestal, un documento que la Xunta aprobará en el arranque del 2019, pero que Medio Rural quiere llevar antes al Parlamento gallego. De momento, se desconoce cómo se articularán esas ayudas, ni sus potenciales beneficiarios, algo que tendrá que definir la Administración gallega a partir del 2019 y que anticipa un arduo e intenso trabajo entre la Xunta y el sector. Se trata de compensar los montes económicamente menos rentables, bien a través de fondos de desarrollo rural o de la PAC, y frenar así su abandono. Aproximadamente, el 70 % del monte está sujeto a limitaciones legales.
Esta es una de las novedades que ha avanzado esta misma mañana el sector forestal, que ha reunido a los portavoces de toda la cadena de valor para hacer un balance del año que ahora concluye. «La limitación es una expropiación a un uso a un particular, y eso tiene que compensarse económicamente», ha explicado Jacobo Feijoo, secretario general de la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga). Una idea sobre la que también ha insistido Manuel Iglesias, presidente del Clúster da Madeira e do Deseño de Galicia. «Coidar o monte costa cartos, e iso é algo que ten que saber a sociedade», ha subrayado Iglesias, que ha hecho un llamamiento a insistir en la necesidad de desterrar la imagen de las empresas forestales como negocios que consumen un recurso solo por sus beneficios, en lugar de iniciativas que hacen sostenible la vida en el medio rural.
Galicia es una comunidad singular, donde uno de cada cuatro habitantes es propietario forestal. Es decir, que la mayoría del monte es privado, bien por estar en manos individuales o de vecinos, algo que constituye un hecho diferencial en relación a otras autonomías (como Asturias o Cantabria) y al resto de Europa. Para la cadena de valor, el Plan Forestal constituye una oportunidad para diseñar una estrategia que permita atender esa peculiaridad, tal y como ha insistido Francisco Dans, ingeniero forestal y portavoz de la Asociación Forestal de Galicia (AFG).
Esa estructura minifundista de la propiedad, esa fragmentación, explica la falta de rentabilidad y el abandono. La comunidad gallega, pese a ser una potencial forestal y la primera productora y exportadora de madera del Estado, es también uno de los territorios del mundo que tiene una mayor parte de su superficie forestal infrautilizada. Concretamente, en el entorno del 30 %, una proporción muy superior a la que sufren países de gran tradición maderera, como Austria, Suecia, Canadá o Estados Unidos.
El sector forestal gallego logró en el 2017 superar por vez primera los niveles de facturación previos a la crisis. Y las previsiones del conjunto de la cadena de valor para el 2018 son cerrar el ejercicio con un crecimiento entre el 5 % y el 8 %, lo que supone, según las empresas, mantener los niveles de sostenibilidad. Sin embargo, se aprecia una ralentización en el segundo semestre, sobre todo en la segunda transformación, y que afecta, fundamentalmente, al sector del contract (mueble). José Carballo, de Monte Industria, considera que el año a punto de concluir se cierra con avances relevantes: el acuerdo parlamentario para el dictamen sobre una estrategia que permita revalorizar el medio rural (aprobado con los votos del PP y del PSOE), la puesta en marcha de la Axencia de la Industria Forestal, la creación en la Xunta de una dirección propia de planificación forestal y, por último, el acuerdo de la cadena de valor para impulsar la madera de coníferas. Según el portavoz de las industrias, el 2019 arranca con dos retos para la Administración autonómica: mejorar el sistema de información económica de la Galicia forestal (un inventario que permita conocer el estado del recurso) e impulsar la movilización de tierras en el medio rural.
El futuro del pino
La disminución de la superficie forestal dedicada al pino es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta ahora el sector gallego. Desde hace ya años, las masas de pino de las provincias de A Coruña y Lugo (Pinus radiata) han sido progresivamente sustituidas por el eucalipto (nitens), y el pino del país (Pinus pinaster) de Ourense y Pontevedra ha sufrido un progresivo retroceso como consecuencia de los incendios. Esta realidad traza un escenario poco alentador: un fuerte descenso de las existencias de madera, una reducción de las posibilidades de tala y de producción de setas silvestres y, sobre todo, un horizonte más inquietante para industrias y empresas.
El conjunto de la cadena de valor, desde propietarios hasta empresas transformadoras, ha consensuado esta estrategia para reconducir esta situación. Este plan cuenta con varios ejes estratégicos: la diferenciación del precio de la madera destinada a usos industriales de alto valor añadido, el impulso a la mejora genética de coníferas con I+D aplicado, la implantación de modelos de silvicultura técnicamente contrastados y la promoción del consumo de madera de coníferas. Los promotores insisten en que este plan no está pensado contra ninguna especie ni para limitar el eucalipto, sino para atender el problema existente con el pino. Los que pusieron las primeras piedras de esta estrategia fueron la Asociación Forestal de Galicia (AFG) y Finsa, la principal maderera gallega.