Las reclamaciones en Galicia por el pago de impuestos se disparan y baten otro récord

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

JOSE PARDO

El contribuyente gana en casi la mitad de los pulsos que le echa a la administración tributaria

10 dic 2018 . Actualizado a las 15:25 h.

Las reclamaciones administrativas por el pago de impuestos no paran de crecer en Galicia. Los últimos datos actualizados por Hacienda, del 2017, elevan los recursos presentados a cerca de 20.000 (18.898 en concreto), la cifra más alta desde que hay registros (en el año 1999), y una cantidad que casi triplica a la del año 2007, justo antes de que se contrajera bruscamente la economía.

Y es que la crisis hizo que los contribuyentes reclamasen más, pero con la recuperación económica el número de casos sigue al alza. Esto tiene que ver con las mayores actuaciones contra el fraude impulsadas por las distintas administraciones, que elevaron el número de controles. Pero hay un factor de mayor peso: las reclamaciones económico-administrativas son gratuitas y mucho menos complejas que las judiciales. Y, además, el contribuyente gana en una parte importante de los casos. Concretamente, en Galicia, en el 47,2 % de los presentados. Esto destierra la imagen del fisco como un muro invencible.

«La elevada proporción de casos estimados, es decir, en los que el ciudadano tiene la razón, lleva a muchos asesores a animar a sus clientes a que recurran», explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. En Galicia, los contribuyentes que reclaman por el IRPF ganan el pulso a la Administración tributaria en el 39 % de los casos; en sociedades, el porcentaje se eleva hasta el 49,2 %, y en el IVA, hasta el 50 %. En los impuestos gestionados por la Xunta, las cifras son aún más favorables para los ciudadanos. En el de patrimonio, el 83 % de las reclamaciones tienen un desenlace favorable al contribuyente; y en sucesiones y donaciones, el tributo que grava las herencias, son el 82 %. En transmisiones patrimoniales, el contribuyente gana en el 75 % de los casos. De las 18.898 reclamaciones, el 30 %, tienen que ver con los tributos de Facenda.

«A tendencia dos últimos anos é a da estabilización no número de reclamacións, a medida que teñen pleno efecto nas estatísticas as baixadas fiscais do 1 de xaneiro de 2016, especialmente no eido do imposto de sucesións, e tamén no cambio de sistema de valoración dos bens urbanos que se aplica dende o verán do 2015», explican fuentes internas de la Administración.

Aunque el peso de las reclamaciones en los impuestos de la Xunta sobre el conjunto ha ido decreciendo, el incremento de las quejas ha sido, sobre todo, en los tributos estatales. En el caso del IRPF, el número de gallegos que ha reclamado se triplicó en la última década: de 1.433 casos en el 2007 a 4.940 en el 2017. Pero ha sido en el IVA donde más han aumentado las alegaciones, hasta un 347 %, de 644 a 2.884.

A lo largo de los últimos años, el personal de Hacienda ha ido reclamando la provisión de mayores medios humanos en los tribunales económico-administrativos -tanto el central como los regionales, que dependen del ministerio- para que se fueran agilizando las resoluciones y evitar, así, una situación de atasco. Hay casos que estaban tardando hasta cuatro años en resolverse. La situación de colapso que vivían los tribunales ha ido deteriorando el único mecanismo gratuito del que disponen los ciudadanos para impugnar los actos tributarios que les resultaban lesivos. Esto perjudicaba al servicio público, porque el retraso en la resolución de casos que finalmente son desestimados -pierde el contribuyente- hace que las deudas suspendidas permanezcan años así, sin que la Administración tributaria pudiera ingresar nada.

«Es cierto que había un gran atasco, pero ahora están entrando más casos que se solucionan porque desde la AEAT se ha ido cediendo personal para los tribunales», aclara José María Mollinedo. Los técnicos de Hacienda apuntan a otro problema: muchas reclamaciones se están resolviendo por cuestiones de forma, sin entrar en el fondo, lo que contribuye a que un mismo asunto, que podría estar aclarado, termine generando más recursos.

Roberto Pereira, economista y asesor fiscal, hace otras críticas al modelo: «El atasco hace que haya contribuyentes que opten por no recurrir, para evitar la espera; y sería deseable una mayor independencia de los tribunales, evitando los vasos comunicantes que muchas veces se producen cuando los miembros del Tribunal intercambian posiciones pasando a la AEAT, y viceversa».

Las revisiones extraordinarias del Catastro y su efecto en el IBI, fuente de malestar para los gallegos

Hacienda inició en el 2013 un proceso extraordinario de inspección y regularización de bienes, una estrategia para luchar contra la economía sumergida, y que ha destapado en Galicia 356.000 construcciones sin declarar. Esto ha tenido un efecto directo en el IBI.

En el caso gallego, los datos de la última década que ofrecen las memorias de Hacienda muestran que, coincidiendo con el inicio del plan, hay un incremento considerable del número de reclamaciones relacionadas con este tributo. En el 2013, por ejemplo, solo fuero 480, pero la cifra se disparó al año siguiente hasta las 1.251, es decir, más del doble. En el 2017 también se contabilizaron casi un millar de recursos.

Desde que se inició este programa contra el fraude, 40.000 gallegos han mostrado su disconformidad con el Catastro, bien a través de reclamaciones en vía administrativa, bien presentando -como ha hecho la mayoría- una alegación a la propuesta de regularización notificada, trámite que deben llevar a cabo antes de que pasen 15 días tras recibir el aviso.

El contribuyente que tiene propiedades sin actualizar tiene que pagar una tasa de 60 euros y exponerse a los cargos que le puedan venir del ayuntamiento, administración responsable de recaudar los impuestos vinculados. Para desempeñar esta tarea de hacer aflorar bienes ocultos municipio a municipio, el Catastro cuenta con un cuerpo formado por más de 2.300 trabajadores que han desarrollado su labor con fotos aéreas (con drones, satélite y Google Maps) y con visitas al terreno. La información se contrasta luego con la que tiene el ayuntamiento.

En casos como instalaciones hinchables, pérgolas o barbacoas, las imágenes aéreas tomadas por Hacienda pueden haberse equivocado al considerar estos elementos como una construcción fija e irregular a efectos fiscales (que no urbanísticos). Desde que arrancó el plan de regularización en el 2013, los gallegos han pagado 173 millones de euros más en concepto de IBI.

Facenda tiene bloqueados 176 millones en ingresos

En la actualidad, la Administración tributaria gallega tiene pendientes de ingresar 176,3 millones de euros a consecuencia de las reclamaciones de los contribuyentes, según el último dato actualizado a 31 de diciembre del 2017. Es un 2,6 % menos que un año antes y la primera vez que este importe se reduce desde la crisis. El cobro de impuestos autonómicos aportó a la Xunta el pasado año 571,1 millones, un 5 % más, subida que obedece al plan especial de lucha contra el fraude.