El escándalo de corrupción en la CEG será por fin juzgado casi 20 años después

El escándalo de corrupción que salpicó a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en febrero del  2000 será por fin juzgado casi 20 años después: la apertura de juicio oral ha quedado fijada, al fin, para septiembre de este mismo año, tal y como consta en los escritos remitidos ya a las defensas de los acusados. Un caso en el que se destaparon graves irregularidades en los cursos de formación y un agujero de 6,3 millones de euros, y que entonces desencadenó la salida del que entonces era el todopoderoso rostro de la patronal, Antonio Ramilo, hoy ya fallecido. De hecho, el que fuera su mano derecha y ex secretario, Rafael Sánchez Sostre, es hoy el principal acusado, y al que la fiscalía le pide una pena de cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros. Ha pasado tanto tiempo, que en gran parte de la sociedad gallega ha quedado olvidado este caso, en el que aún no se han determinado las responsabilidades, y que puso el foco de la corrupción en Galicia en el recién estrenado cambio de milenio. Eran los tiempos de vacas gordas, en los que las ayudas públicas a la formación engordaban los aparatos de las organizaciones patronales y sindicales. Escándalos como este aparecieron después a lo largo y ancho de la península.

Hay tres factores que arrojan algo de luz para entender  por qué se ha tardado tanto tiempo. El primero es la multitud de personas implicadas (desde la propia patronal a las empresas de formación); el segundo, la complejidad que ha supuesto desgranar todo el entramado de facturas de programas financiados con fondos comunitarios; y por último, el ya conocido y endémico atasco de la justicia. El Juzgado de Instrucción número uno de Santiago es el que ha llevado las grandes causas, entre ellas, por ejemplo, la del caso del Banco Pastor, en el que el director de una sucursal generó un desfalco.

El resultado de todo esto es que, a día de hoy, el principal argumento que manejan las defensas de los acusados, además de apelar a la inocencia de sus clientes, es el de la prescripción de los delitos. El letrado del principal acusado, Rafael Sánchez Sostre, pone además el foco en otro asunto. En el escrito de acusación del fiscal, que data de diciembre del 2012 y que fue enviado a las defensas en la primavera del 2013, se acusa a Sostre de un delito diferente al del 2001: el fraude en subvenciones. Además de al ex secretario de la CEG, que controlaba la parcela de formación, el fiscal, en su escrito, pide multas y penas de prisión para otras seis personas, todas ellas representantes legales de empresas: José Luis Gómez Ferreño  (2 años y multa de 500.000 euros); María Belén Carmona Scholling (2 años y 500.000 euros); Antonio Manuel Ramos Pedreira (2 años y 500.000 euros); Carlos Sáez de Santamarina (2 años y 300.000 euros), José Manuel Lorenzo López (2 años y 400.000 euros) y José María Agasallo Dapena (2 años y 50.000 euros). Ninguna de estas personas formaba parte de la patronal y, presuntamente, actuaban en connivencia con Sánchez Sostre. Las empresas son Acro Consultoría Formación, Cares Márketing y Comunicación, Técnicas de Formación, DEO, Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y  Euroges 97.

El ministerio público, en todo este entramado, constata prácticas irregulares como cursos no celebrados que recibieron la correspondiente ayuda pública; costes excesivos en material didáctico, profesorado y aulas; excesos contables que, según el fiscal, permitieron a los imputados engordar su patrimonio con cargo a ayudas públicas. Solo entre los años 1996 y 2000, la patronal gallega recibió casi 20 millones de euros en fondos para la formación a través de la Xunta y del Forcem. Casi nadie reparaba en gastos en aquellos tiempos. Organizaciones que manejaban ingentes cantidades de dinero público, inimigables en la actualidad. Sánchez Sostre actuaba por aquel entonces con plenos poderes en aquella parcela sin apenas control por parte de Antonio Ramilo. En febrero del 2000 se destaparon graves irregularidades contables. Y cuando empezó a abrirse el cajón, empezó a salir a la luz un gigantesco escándalo. Ramilo optó por cesar a Sánchez Sostre, pero terminaría cayendo después, en noviembre de ese año, empujado por los cuatro vicepresidentes provinciales, entre los que estaba Antonio Fontenla, y que sería el presidente los doce años siguientes.  El nuevo equipo liderado por Fontenla encargó dos auditorías, una externa y otra interna, y de ellas no solo salieron a la luz gravísimas irregularidades, sino la desparición de documentos clave y un agujero de 6,3 millones de euros. 

Finalmente, el juicio arrancará el 17 de septiembre con las cuestiones previas: el 18 será el turno para que declaren los acusados, y el 19 los testigos. Para entonces, habrán transcurrido casi dos décadas.

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