Los líos judiciales de los grandes bancos

El cerco legal ha ensombrecido en tan solo una semana el arranque del 2019 de las entidades


Madrid / Colpisa

El mercado anticipa que los resultados anuales de las dos grandes entidades españolas volverán a mejorar por sexto año consecutivo. Hasta septiembre del 2018, el beneficio del Santander creció un 13 % y el de BBVA, un 25 %. Los analistas valoran muy positivamente su diversificación geográfica. Han reducido el ladrillo tóxico. La morosidad de sus clientes baja... Pero esos logros han quedado ocultos bajo la sombra de los conflictos judiciales que o están por llegar o ya les han afectado.

Ni el BBVA ni el Santander podían imaginar la tormenta que se les ha venido encima en cinco días, en un inicio de ejercicio más que convulso, por razones muy diferentes. En apenas dos semanas, sus presidentes tendrán que lidiar públicamente con esta realidad cuando presenten sus cuentas anuales. Apenas siete días después de que se formalizara su salida como presidente del BBVA, Francisco González ha visto cómo se ha situado en la diana por una supuesta relación con el excomisario José Manuel Villarejo.

La filtración de informaciones le vincula con una supuesta trama para evitar que otros empresarios, apoyados en políticos de la época -el exministro socialista Miguel Sebastián-, se hicieran con el poder de la entidad hace 15 años. Pudo haberlo hecho contratando los servicios de la empresa de seguridad Cenyt (relacionada con Villarejo) para espiarlos igual que a hombres de negocios, políticos y periodistas.

La sucesión de acontecimientos ha llegado a tal punto, que el presidente del BBVA, Carlos Torres, enviaba esta semana una carta a la plantilla en la que confirmaba que el banco había contratado al Cenyt, aunque descartaba el espionaje. El banco, donde Francisco González sigue siendo el presidente de honor, se enfrenta a un reguero de demandas.

Tampoco el Santander se ha librado de verse implicado en una causa judicial, esta vez relacionada con la compra del Popular, en junio del 2017. El banco ha visto cómo la Audiencia Nacional lo ha imputado en las actuaciones llevadas a cabo por las últimas cúpulas directivas que tuvo el Popular antes de ser rescatado a mediados del 2017. El magistrado entiende que el Santander debe asumir esta herencia, porque ya es la persona jurídica responsable en la causa por la que se investiga la ampliación de capital de Popular en el 2016. El auto deja todo el peso de la responsabilidad penal que pueda derivarse de ese proceso judicial en las espaldas del Santander, porque por haber asumido «en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales» del Popular «no se extingue la responsabilidad penal».

Pero en la entidad mantienen la calma. Contaban con esa imputación automática desde que registralmente desapareció el Popular en el mes de diciembre. Recurrirá la decisión basándose en casos como el de la imputación de la cúpula del Banco de Valencia, adquirido por CaixaBank, un proceso en el que no se derivó responsabilidad penal para la absorbente.

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