La ministra Maroto asegura que las medidas dan seguridad sobre el precio eléctrico. Corren peligro 661 puestos de trabajo
20 mar 2019 . Actualizado a las 17:05 h.Lejos de apagar el incendio, las nuevas medidas propuestas por el Gobierno para compensar a la gran industria de los elevados gastos eléctricos y, por tanto, de producción, han avivado las llamas. No son suficientes, al parecer, para igualar los costes con los de los competidores europeos. Alcoa ha alertado ya de que la única fábrica de aluminio primario que le queda activa en España, la de San Cibrao, con 661 trabajadores, está en peligro. O sea, que puede correr una suerte similar a la de sus hermanas de A Coruña y de Avilés, con 369 y 317 operarios, respectivamente. En estas plantas solo operan las fundiciones, pues en febrero se paró temporalmente la producción de aluminio, que será algo definitivo a partir de julio si no aparece un inversor dispuesto a comprarlas.
Como ajena a toda esta polvareda, la ministra de Industria, Reyes Maroto, manifestó que no tiene «certeza todavía» de que la multinacional haya tomado una decisión sobre San Cibrao. En todo caso, entiende que no hay motivos para tal alarma de posible cierre porque el estatuto del consumidor electrointensivo, que contiene esas medidas compensatorias, «da una seguridad a Alcoa sobre el precio de la energía».
Es más, subrayó que el documento -que está a exposición pública para su aprobación a finales de abril, justo antes de las elecciones- le hace albergar más esperanzas de que junio llegará con «una garantía de un inversor» para A Coruña y Avilés.
Maroto abundó en que con el estatuto hay una «garantía mayor» para las 153 empresas electrointensivas del país que generan 150.000 empleos.
La patronal de la industria gran consumidora de energía (la asociación AEGE) no se ha pronunciado todavía ni sobre el anuncio alarmante de uno de sus principales asociados, ni sobre las medidas de apoyo que propone el Gobierno para aliviar al sector. Tampoco lo ha hecho todavía la Consellería de Industria.
Pero tanto AEGE como el conselleiro Francisco Conde se han mostrado temerosos en diversas ocasiones de que el efecto Alcoa fuese contagioso y que el problema de los elevados costes eléctricos en España arrastrase a la crisis a otras industrias. Ya lo ha hecho, en parte, porque Ferroatlántica está aplicando un expediente de regulación de empleo temporal para unos 400 operarios en sus fábricas gallegas (Cee-Dumbría y Sabón), que durará dos años.
Fuentes de la multinacional del aluminio informaron ayer de que presentarán alegaciones al estatuto, con la esperanza de que el texto final se modifique e incluya las medidas que necesita la industria. ¿Cuáles son? Aquellas que garanticen «unos costes en energía en la línea de nuestros competidores europeos».
La Consellería de Industria, junto a las principales compañías del sector en la comunidad (como Ferroatlántica y Megasa), envió una propuesta al Gobierno central para rebajar la factura de la luz de estas empresas, que recoge en parte el estatuto, pero no todas ellas.
El comité de empresa de la fábrica de A Coruña también anunció alegaciones porque, manifestó su presidente, Juan Carlos López Corbacho, el texto es decepcionante y no incluye todo lo que les avanzó el Gobierno.
Seis mil familias de A Mariña viven del complejo metalúrgico
El comité de empresa de San Cibrao ha convocado a los alcaldes de la comarca de A Mariña para este viernes. Los llamó para recabar su apoyo en la defensa del empleo antes incluso de que Alcoa hiciese oficial algo que ya se olían: que la fábrica de aluminio podía seguir el camino de las otras dos. La primera señal de alarma: que el año pasado, por primera vez, lo cerró con pérdidas de casi 54 millones. Y en este 2019, nueve millones al mes.
Aunque la otra fábrica que integra el complejo industrial de San Cibrao, la de alúmina, ganó 150 millones en el 2018, según algunas fuentes sindicales.
El presidente del comité, Xosé Paleo, avanzó que la compañía no les ha comunicado nada todavía de forma oficial.
Empresa y comité de San Cibrao acaban de alcanzar un acuerdo para aplicar un plan de prejubilaciones al que pueden acogerse trabajadores mayores de 57 años. En total, podrían apuntarse entre 100 y 106 operarios. Los puestos se cubrirían con trabajadores eventuales que pasarían a indefinidos y con recolocaciones de empleados de las plantas de A Coruña y Avilés si finalmente nadie compra esas dos fábricas.
Reacciones de alcaldes
La multinacional emplea en A Mariña a unos 1.200 trabajadores de manera directa (sumando las fábricas de aluminio y de alúmina) e indirectamente se estima que la economía de unas 6.000 familias depende de este complejo. La advertencia de posible cierre ha conmocionado la comarca. La alcaldesa de Viveiro, la socialista María Loureiro, confía en que el aviso «solo sea una medida de presión, ahora que todavía se puede alegar y mejorar el borrador del estatuto para las empresas electrointensivas». «Desde las distintas Administraciones tenemos que luchar para que Alcoa siga en A Mariña. Es la primera empresa de la provincia de Lugo; solo Alcoa aporta el 33 % del PIB de la provincia», alertó.
El regidor de Foz, Javier Castiñeira, instó también a presionar para evitar el cierre.
Y Alfonso Villares, alcalde de Cervo, donde se asienta en parte la multinacional, concuerda en que la alerta es «preocupante, porque agora o escenario é moi distinto ao doutras ocasións; agora pechan as plantas da Coruña e de Avilés; as cousas non son como eran, aquí houbo un cambio. E as medidas do Goberno non van camiño de garantir, polo que se ve, a viabilidade de Alcoa en San Cibrao».
