Ence a sus inversores: «Nuestra primera opción es Pontevedra hasta el 2073»

Marcos Gago Otero
Marcos Gago PONTEVEDRA / LA VOZ

ECONOMÍA

MONICA IRAGO

El consejero delegado de la pastera prioriza la continuidad de Lourizán

21 jul 2021 . Actualizado a las 09:02 h.

El consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, mantuvo un encuentro telemático con sus inversores este martes, ante quienes argumentó los pasos que la compañía dará para mantener activa la factoría de Pontevedra. Colmenares insistió: «Nuestra primera opción es defender nuestra concesión de Pontevedra hasta el 2073». Esta es la duración de la prórroga dada en el 2016 por el Gobierno de Rajoy y después no apoyada por el de Sánchez, que en el 2019 se allanó en los recursos contra ella que interpusieron el Concello de Pontevedra, la APDR y Greenpeace. Los asistentes a la reunión se interesaron por conocer las vías jurídicas que Ence tiene ante sí, una vez que la Audiencia Nacional anuló la prórroga de la concesión de Costas en Pontevedra.

Colmenares explicó que Ence presentará un recurso ante el Supremo contra el fallo de la Audiencia y que espera que en otoño el alto tribunal estatal acepte tramitarlo. Esto supondría que el fallo podría estar en un plazo no inferior a un año y, aún en el caso de que fuese contrario a los intereses de la compañía, entonces todavía quedará una instancia superior, que es la Justicia de la Unión Europea.

El cronograma que el consejero delegado de Ence detalló a los inversores, precisa que, en el peor de los casos, está prevista una gran inversión en Navia, donde Ence tiene su planta de celulosas, que absorbería parte de la producción que hoy se hace en Pontevedra. Sin embargo, para la compañía, la prioridad es continuar en Pontevedra, si el horizonte judicial sobre la prórroga de la concesión de Costas se despejase a su favor.

En caso de que las instancias judiciales superiores fallasen en contra de Pontevedra, los inversores se interesaron por las consecuencias económicas para la empresa. En este sentido, Colmenares recalcó que desde que se concedió la prórroga, la compañía ha realizado una inversión en Lourizán de 130 millones de euros y que, si la sentencia de la Audiencia Nacional fuese ratificada en el Supremo y Europa, la compañía demandará su devolución al Estado, ya que se trató de una inversión realizada «de buena fe» en base a una concesión estatal. «Si perdemos en este proceso judicial, reclamaremos al ministerio que reintegre la inversión realizada», precisó.

Además, la pastera tiene también hecho un cálculo del coste del hipotético cierre de Lourizán. El desmantelamiento, los despidos de la plantilla y la cancelación de los contratos con proveedores de largo plazo supondrían un total de 71 millones de euros.

Reubicación imposible

En la conferencia telemática, varios inversores se interesaron por la posibilidad de una reubicación de la fábrica en otra localización de Galicia, alternativa que Colmenares desechó como completamente inviable. Precisó que la construcción de una nueva fábrica como la existente en Pontevedra implicaría un coste de 700 millones de euros. En ese caso, una ampliación voluminosa de la factoría de Navia sería una vía mucho más viable porque sería mucho más barata.

Sin embargo, Colmenares recalcó que si la cuestión económica es un obstáculo, hallar unos terrenos adecuados en Galicia también lo es. «No hemos encontrado un solo lugar para mudarnos en Pontevedra, ni tampoco en Galicia», señaló.

Entre las preguntas de los inversores, surgió también la cuestión de una deslocalización de la fábrica fuera de Galicia, a lo que Colmenares se manifestó reacio. Se mostró dispuesto a estudiar el norte de Portugal, en caso de que hubiese terreno adecuado, pero no expresó mucho entusiasmo por esa posibilidad. El representante de Ence incidió, una y otra vez, que la «primera opción» sigue siendo Pontevedra y la defensa de la prórroga de la concesión otorgada en su momento por el Gobierno central. Y si esta opción sale derrotada en los tribunales, entonces, todo indica que la balanza se inclina a favor de una gran ampliación de la planta asturiana. «Nuestra primera opción es defender la concesión hasta el 2073 y si no, la expansión de Navia», concluyó.

Conde, sobre Ence: «Seremos proactivos, y pedimos al Gobierno que se implique»

El conselleiro de Industria, Francisco Conde, manifestó este martes su disposición a llegar a consensos con las partes implicadas en el conflicto creado tras la anulación de la prórroga de la concesión de Ence en Pontevedra. Entiende el responsable autonómico que el papel del Ejecutivo central, a quien responsabiliza de la situación creada en el sector forestal gallego y en Pontevedra, tiene que tomar cartas en la búsqueda de una solución, que no afecte ni a la actividad ni al empleo que el complejo fabril de Lourizán genera en Galicia. «Nosotros vamos a ser proactivos, queremos el diálogo con todas las partes, porque creemos que la forma de solucionar esto es con el diálogo. Entendemos que el Gobierno tiene que implicarse porque es la única forma de dar una solución a unos trabajadores que tienen una incertidumbre enorme sobre su futuro y dar confianza a todos los afectados», recalcó Conde.

Desde la Xunta, el conselleiro admite que la anulación de la prórroga de la concesión de Costas no se la esperaban. «Nosotros no teníamos contemplado ningún otro escenario que no fuese que Ence siguiera en Lourizán», recalcó. No obstante, una vez que esta continuidad ha quedado seriamente comprometida con la sentencia de la Audiencia Nacional, Conde indicó: «En el contexto actual, lógicamente, nosotros lo que estamos buscando es en la medida que se pueda mantener Lourizán bien, pero si no es así, la clave es que se garantice la actividad industrial y el empleo actuales».

El responsable de Industria admitió desconocer el contenido del segundo informe de la ingeniería Idom, esgrimido por Ence para asegurar que no existe reubicación posible en Galicia para una fábrica como la de Pontevedra. El conselleiro precisó que esa es la posición que ha defendido persistentemente la compañía, aunque matizó que tras la sentencia de la Audiencia Nacional, el «contexto» ha cambiado.

Acceso a los fondos europeos

En este sentido, recalcó que le corresponde también al Gobierno contribuir a zanjar la polémica, propiciando el acceso a fondos europeos para poder afrontar las dificultades derivadas de una reubicación «Nosotros, como comunidad autónoma, no tenemos ninguna disponibilidad de fondos europeos para acometer un proyecto de estas características». Por lo tanto, añadió Conde: «Entendemos que una vez que el Gobierno tenía la decisión tomada de cerrar la empresa, parece razonable que también hubiese planificado fondos europeos para acompañar cualquier alternativa a este escenario». El dirigente gallego subrayó que aunque la Xunta está dispuesta a colaborar en un «liderazgo conjunto», sin embargo, es Madrid quien decide la asignación de los fondos europeos, «al 100 %».

A la hora de definir una posible reubicación, Conde señaló que todo dependerá de dos cuestiones: la viabilidad técnica, sobre todo relacionada con el acceso al agua por parte de la factoría; y por el otro, la viabilidad económico financiera, razón por lo que insiste en la necesidad de respaldo del Ejecutivo de Sánchez.

Asimismo, la Xunta es rotunda en rechazar el cierre de Ence o su reubicación fuera de Galicia. «Nosotros no contemplamos ese escenario. Con los trabajos que tenemos de planificación desde el punto de vista forestal, entendemos que Galicia tiene capacidad para acoger dos plantas de estas características». Es decir, la Xunta, lejos de ver bien que se cerrase una factoría como la de Lourizán, considera que se podría incluso «promover un proyecto adicional». Además, «no tendría ningún sentido que en Galicia no transformáramos el recurso forestal y nos dedicáramos a exportar la madera en bruto. Lejos de renunciar a Ence lo que tenemos es que mantener la actividad que genera actualmente e intentar promover otra más».

Por último, Conde enfatizó que el allanamiento del Gobierno en la defensa de la prórroga que Madrid concedió en su día ha quebrado la confianza de los inversores en España y eso se tiene que subsanar.