La rebaja fiscal no evita que la luz cueste casi tres veces más que en junio
ECONOMÍA
El precio del mercado mayorista de electricidad se multiplicó por cuatro en el último medio año
22 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Consejo de Ministros autorizó este martes a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a mantener las rebajas fiscales a la factura de la luz de todos los consumidores domésticos, autónomos y pequeñas empresas (que tengan una potencia contratada inferior a diez kilovatios). Así, el IVA se mantendrá en el 10 % (en lugar del 21 % original) y el impuesto especial de electricidad, en el 0,5 % (en vez del 5,11 % habitual) hasta el 30 de abril. También se prorroga hasta entonces el incremento de los descuentos en el recibo de los perceptores del bono social eléctrico: del 60 % para los consumidores vulnerables (era del 25 %) y del 70 % para los vulnerables severos (era del 40 %).
Además, queda suspendido hasta el 31 de marzo el tributo del 7 % que pagan las empresas generadoras de energía.
Según el ministerio, todas estas reducciones fiscales permitirán ahorros de unos 2.000 millones a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas, puesto que el 72,5 % de los suministros de empresas y negocios también se benefician de la rebaja del IVA.
Teresa Ribera resaltó que mantener esas prórrogas fiscales era fundamental porque «las perspectivas de precios no son nada halagüeñas». La locura del mercado mayorista de electricidad es de tal calibre (este miércoles alcanza un nuevo máximo diario con 360 euros el megavatio hora) que ha engullido los posibles efectos beneficiosos de esas medidas fiscales de alivio. Esa es la referencia que se utiliza para calcular directamente el coste de la luz para los consumidores con contrato en el mercado regulado (más de diez millones de hogares) e indirectamente para los que lo están con tarifas liberalizadas (16 millones). El megavatio hora cuesta cuatro veces más ahora que el 1 de junio, según se puede comprobar en el portal del operador del mercado, OMIE. Además, el coste del término de energía de la factura de un consumidor en mercado regulado —o sea, el precio de la electricidad consumida con sus correspondientes costes— era entonces de 0,1649 euros por kilovatio hora de media diaria; el pasado lunes se cotizaba a 0,4347. Es decir, casi tres veces más caro. Todo esto, impuestos y término de potencia aparte.
El coste final de la electricidad consumida para los clientes de mercado libre es pactado con la compañía. Los contratos se firman por un período de uno o dos años, normalmente a un precio fijo, que se revisará al alza, en función de las cotizaciones mayoristas, cuando toque renovación.
El Gobierno devolverá 1.900 millones a las eléctricas por el canon hidráulico
El Ministerio de Hacienda ha dispuesto un crédito de 1.900 millones con cargo al fondo de contingencia para hacer frente a una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el canon hidráulico que aprobó el anterior Gobierno del PP, obligando al Ejecutivo a restituir a las eléctricas todo lo cobrado por ese concepto. Así lo avanzó Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
A principios de año, el Tribunal Supremo anuló la retroactividad del canon hidráulico del 2013 y el 2014, que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a las eléctricas en el 2015 por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.
El Supremo falló sobre varios recursos contencioso-administrativos presentados por Acciona o Endesa, estimando en parte las demandas.
La devolución de los 1.900 millones no afectará a la factura eléctrica de los consumidores, ya que corresponderá al Tesoro Público, por lo que sí afectará a las cuentas públicas y al déficit.
Más tiempo para tramitar el aluvión de proyectos renovables
Lo habían pedido en masa las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica ha aceptado: les dará más tiempo para tramitar la avalancha de proyectos renovables que llenan los cajones y evitar así que los promotores pierdan sus permisos de acceso y conexión a la red.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó, tras el Consejo de Ministros que autorizó la prórroga, que la bolsa de proyectos renovables suma 150 gigavatios en toda España, cuando la previsión del Gobierno es que en el 2025 se sumen 35 de ellos y 60 más en el 2030, lo que da idea de la avalancha de instalaciones en trámite, que han colapsado los servicios urbanísticos y de medio ambiente de las comunidades autónomas, que deben darles curso.
El ministerio estableció hitos de obligado cumplimiento para los promotores para avanzar en sus proyectos y que estos no se quedasen sin permisos de acceso y conexión a la red. El primero se cumplía este próximo viernes; el siguiente, el 24 de abril. Para estas fechas, las instalaciones tenían que tener la declaración de impacto ambiental, documento que deben expedir las comunidades. Pero en muchos casos no llegarían a tiempo y cientos de promotores perderían sus permisos.
En Galicia, según el presidente de la patronal eólica, Manuel Pazo, este 24 de diciembre se agotaba el plazo para 400 megavatios; el 24 de abril sería la gran escabechina, con otros 4.000 más. La Xunta tiene admitidos a trámite algo más de 7.000 megavatios eólicos. A partir del 1 de enero, y durante año y medio, decretará una moratoria, según la cual, no aceptará más peticiones de parques.
Ribera avanzó que los plazos quedan ampliados en nueve meses. También detalló que los promotores que quieran renunciar a sus proyectos y a sus puntos de conexión podrán hacerlo durante un período de un mes y recuperarán sus avales. Todos los permisos de acceso a la red que queden liberados serán sacados a subasta por Red Eléctrica de España.
El recibo subirá en enero porque lo harán los costes regulados
Una parte nada desdeñable de la factura eléctrica —sea tanto de mercado regulado como del libre— está conformada por los llamados costes regulados. Suponen en torno a un 40 % de todo lo que se paga y se dedican a sufragar costes varios del sistema eléctrico. Al mismo tiempo que reducía la presión fiscal sobre el recibo, Transición Ecológica dejaba casi a cero (los rebajó en un 96 %) una parte de esos costes, los denominados cargos, con los que se obtienen recursos para financiar las primas a las renovables, amortizar la deuda eléctrica y subvencionar los sistemas extrapeninsulares. Pero, a partir de enero, el recorte de los cargos se quedará en el 30 % en aras de la estabilidad de las cuentas eléctricas. Así que la factura subirá también por esa parte.
Sin embargo, los socios de Gobierno de Ribera, Unidas Podemos, le reclamaron este martes en el Congreso que mantenga la rebaja del 96 %. El portavoz de la formación, Pablo Echenique, señaló que su grupo está «intentando negociar para que se mantenga también esa reducción». Sin embargo, la orden ministerial con los nuevos cargos irá mañana a la comisión delegada de Asuntos Económicos, tras contar con el aval de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Transición Ecológica tenía previsto cubrir esa rebaja del 96 % de los cargos con 2.600 millones de euros recaudados entre las compañías de electricidad. Pretendía descontarles beneficios extraordinarios por la venta de energía en el mercado mayorista, pero finalmente suavizó tanto el recorte que no habrá dinero adicional para tapar ese agujero.
Luz verde a la hoja de ruta para impulsar el despliegue masivo del autoconsumo
El Consejo de Ministros autorizó la hoja de ruta del autoconsumo para impulsar el despliegue masivo de los paneles fotovoltaicos en los tejados. La ministra Teresa Ribera avanzó que el objetivo es llegar al 2030 con 9.000 megavatios de potencia instalados, es decir, tres veces más que en la actualidad.
El plan recoge 37 medidas de sensibilización, formación y de impulso al autoconsumo colectivo en comunidades de vecinos, y cambios normativos para mejorar la agilidad en la tramitación de instalaciones.
El Gobierno aprobó en junio ayudas del plan de recuperación de 660 millones, ampliables a 1.320 millones, para este tipo de instalaciones, que, en el caso del sector residencial, pueden llegar hasta el 50 % de la inversión.
Además, el Consejo de Ministros dio luz verde a un despliegue de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos con el objetivo de disponer de 100.000 puntos en el 2023. Los habrá en las gasolineras de las carreteras del Estado y en aparcamientos.