Los enganches ilegales a la luz le cuestan a los gallegos 93 millones de euros al año

La distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, UFD, ha decidido intensificar las actuaciones contra las conexiones ilegales en Galicia, centrando el foco, sobre todo, en la provincia de A Coruña. Bajo la lupa de la eléctrica, los municipios de A Coruña, Oleiros, Arteixo y Carballo. Aseguran desde la compañía que, además del riesgo para la seguridad de los ciudadanos que entraña este tipo de prácticas —tanto para el que las comete, como para sus vecinos— el fraude eléctrico en Galicia supone un coste de más de 93 millones de euros anuales, cifra que, «según la regulación vigente», puntualizan desde la energética, asumen los demás clientes en su factura.

 De ahí la puesta en marcha de un plan para detectar y desconectar las conexiones fraudulentas y las manipulaciones de contadores en todo el territorio gallego.

Desde enero del 2021, UFD ha realizado en la provincia de A Coruña más de 9.100 actuaciones, un 40 % de ellas a lo largo de este mismo año.

La empresa subraya que el fraude «representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que el coste de la energía defraudada recae en el conjunto de los usuarios». Según sus cálculos, solo en Galicia, cada año les cuesta una media de 55 euros a cada uno de los clientes que sí pagan la energía que consumen.

Según Naturgy, las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28 % entre los años 2008 y 2013, al calor de la crisis económica. Además, desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, constata que esta práctica ha aumentado a un ritmo superior, que cifra en un 7,5%.

Peligroso, además de un delito

Además del peligro y el perjuicio económico, la compañía recalca que esta práctica «incide negativamente en la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente» y advierte que la manipulación irregular de las instalaciones eléctricas «constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal». Añade también que la legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las incidencias de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.

Porque, además de suponer un delito, el enganche irregular es peligroso, ya que eleva el riesgo de incendio y cortocircuito en la instalación.

Pero, ¿cómo detectar este tipo de prácticas? Desde la compañía Selectra recomiendan estar atentos a los incrementos repentinos de la factura, que puede ser un indicador claro. Si ello ocurre, aconseja revisar la sala de contadores y asegurarse de que no hay trucajes en nuestro dispositivo. Otra comprobación pasa por bajar los plomos para dejar sin electricidad la vivienda y, pasado un tiempo, comprobar si ha habido consumo. En caso de ser víctima de un fraude eléctrico, la recomendación es ponerse en contacto con la compañía distribuidora que corresponda,

La sanción por este tipo de delitos va de 3 a 12 meses de prisión siempre que se cometa una defraudación por valor superior a 400 euros. La multa oscila entre los 1.000 y los 2.000 euros.

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