La OCDE pide ayudas directas a los vulnerables y acabar con las rebajas fiscales generalizadas
ECONOMÍA
La presión fiscal sube casi dos puntos en España en solo un año y alcanza ya el 38,4 % del PIB
01 dic 2022 . Actualizado a las 09:16 h.Nuevo aviso de la OCDE a solo un mes de que el Gobierno decida si finalmente amplía, modifica o incluso elimina algunas medidas del plan anticrisis con las que se ha intentado mitigar el impacto de la inflación. En un informe publicado ayer, la organización concluye que las rebajas fiscales generalizadas acaban favoreciendo más a las familias de mayor poder adquisitivo que a las vulnerables. Por eso, abogan por limitar al máximo medidas como las rebajas del IVA en ciertos productos, como los energéticos, apostando por otras medidas «que estén directamente dirigidas a aumentar los ingresos reales de los hogares más pobres y a mejorar los servicios públicos para esas familias».
La institución reconoce, no obstante, que la aplicación de esos cheques directos es «a menudo difícil, si no imposible» en la práctica, «en particular cuando el sistema de prestaciones y transferencias sociales puede no ser lo suficientemente eficaz para garantizar que los hogares más pobres reciban una compensación adecuada».
Respecto a las medidas de apoyo concretas para limitar el impacto del alza de los precios de la energía, la OCDE certifica que han sido comunes en la mayoría de los países. Considera que son, además, las más «visibles, rápidas y fáciles de implementar». Pero alerta de que tienen una serie de desventajas a medio y largo plazo. «De hecho, tienen un fuerte impacto negativo en los ingresos, tienden a no ser focalizadas y sus beneficios pueden acumularse desproporcionadamente en los grandes consumidores de energía, que a menudo son los que tienen mayores ingresos», advierten. Del mismo modo, considera que limitan los incentivos al ahorro energético, así como el abandono de los combustibles fósiles.
Bonificación al carburante
La OCDE se suma así a otros organismos nacionales e internacionales que llevan meses advirtiendo del impacto de mantener algunas de las medidas de protección frente a la crisis de forma generalizada. En el caso español, una de las más debatidas es la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, que es previsible que, de cara al 2023, se modifique para limitarla a ciertos profesionales (transportistas) y a las familias de rentas más bajas. El Ejecutivo también debe decidir si mantiene la rebaja generalizada del IVA del gas natural y la electricidad, que ha bajado del 21 al 5 %, además de otras medidas como la reducción al 0,5% del tipo del impuesto sobre la electricidad y la suspensión del impuesto al 7 % a la generación, con una incidencia económica que supera los 10.000 millones según los cálculos del Gobierno.
De hacerlo, se estarían incumpliendo las recomendaciones de la OCDE, que su informe también critica la aplicación del IVA reducido o cero en otro tipo de bienes y servicios de primera necesidad. Consideran que esta medida, que los gobiernos aplican por lo general con la excusa de conseguir una mayor equidad, acaba por tener el efecto contrario, al beneficiar en mayor medida a los hogares con mayores rentas. La explicación es sencilla. La OCDE indica que, por ejemplo, el IVA reducido sobre suministros o alimentos básicos —que copan buena parte del presupuesto de los hogares con menor renta— «resulta una herramienta distributiva ineficiente», pues los hogares más acomodados tienden a beneficiarse más de la misma en términos absolutos, pues tienden a consumir más.
Más presión fiscal
La OCDE también publicó ayer su informe anual sobre presión fiscal, que vuelve a situar a España en el grupo de cabeza de las grandes economías por esta ratio que mide el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el producto interior bruto (PIB). En concreto, la presión fiscal se incrementó en 1,7 puntos porcentuales en el 2021, hasta el 38,4 %. Se trata del sexto mayor incremento de los países analizados y es tres veces superior al registrado por el conjunto de la OCDE, donde la carga impositiva subió de media medio punto, hasta el 34,1 %.
Tomando como referencia el 2020, la OCDE estima que España grava con más fuerza el empleo (un 37,4 % de las contribuciones a la Seguridad Social, casi once puntos por encima de la media de la OCDE) y menos los beneficios empresariales, ya que los ingresos por sociedades suponen un 5,3 % del PIB, frente al 9 % de media de la OCDE.
La recaudación se dispara y reduce el déficit un 63 % hasta septiembre
La buena marcha de la recaudación tributaria permitió reducir en un 63,5 % el déficit de las Administraciones públicas en los nueve primeros meses del año, situando el desfase entre ingresos y gastos en 20.946 millones de euros, un 1,6 % del PIB, según los datos de ejecución presupuestaria publicados ayer por el Ministerio de Hacienda.
Esta corrección del déficit del conjunto del sector público —salvo las corporaciones locales— fue posible gracias a la fuerte subida de los ingresos, del 12,4 % (en particular de los tributarios, que se incrementaron un 16,4 %), mientras que los gastos repuntaron un 1,8 %.
