El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno retrasa la reforma
ECONOMÍA
La propuesta de Óscar López reduce a dos años el límite para estos contratos, algo que puede dejar sin trabajo de inmediato a más de 150.000 trabajadores
08 oct 2025 . Actualizado a las 19:01 h.Un millón de empleados públicos españoles viven pendientes de Luxemburgo. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará este jueves sobre si España vulnera la normativa europea al impedir que los interinos se conviertan en fijos, mientras el Gobierno sigue sin dar con la solución para reducir una disparatada tasa de temporalidad, a la cabeza de Europa, y se enfrenta a sanciones millonarias.
Su dictamen puede cambiar la carrera de cientos de miles de trabajadores y forzar al Ejecutivo a modificar de nuevo el Estatuto del Empleado Público. Es más, se la pueden jugar al todo o nada; es decir, pueden pasar a convertirse en funcionarios de inmediato, si Europa así lo avala; o todo lo contrario, quedarse en la calle de la noche a la mañana si el Ejecutivo lleva adelante una reforma que pretende limitar a dos años el tiempo máximo de sus contratos, puesto que más de 150.000 interinos sobrepasan ya esta duración.
El Tribunal Supremo elevó en mayo del 2024 dos cuestiones prejudiciales al organismo comunitario para determinar si la jurisprudencia del alto tribunal español, que rechaza hacer fijos a los interinos y trabajadores públicos, vulnera la normativa europea sobre trabajo temporal. Mientras tanto, la situación de estos trabajadores —«muchos de ellos en fraude de ley», recuerdan los sindicatos— sigue sin regularizarse desde junio del 2021.
Con mucho retraso y con una temporalidad que se mantiene en el 30 %, a mediados del pasado septiembre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública presentó a las comunidades autónomas un documento en la Conferencia Sectorial de Administración Pública que busca atajar este problema y que los sindicatos califican de «parche».
Los planes de López se basan en limitar los contratos a dos años por puesto, impedir su encadenamiento, reconocer la antigüedad de los interinos y fijar sanciones más duras.