Once detenidos por explotar a centenares de extranjeros en fincas agrícolas
ECONOMÍA
Las víctimas llegaron a contraer deudas de hasta 11.000 euros con la banda criminal, que los obligaba a trabajar hasta doce horas
04 dic 2025 . Actualizado a las 15:21 h.Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Albacete, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), han logrado desarticular una organización criminal que se dedicaba a captar a gente procedente de Nepal y Pakistán para explotarlos laboralmente en fincas agrícolas de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza.
El Ministerio de Trabajo cifra en 322 las víctimas afectadas (294 de ellas se encontraban en situación irregular) y todas ellas han sido liberadas en el marco de la operación Franciskan-Everest.
Según explican las autoridades, los trabajadores explotados fueron reclutados en sus países de origen. Viajaban con visados de turista hasta países del territorio Schengen (con libre circulación). Una vez que llegaban a suelo europeo, los trasladaban a Barcelona. Desde la ciudad condal se trasladaban a las víctimas hacia otras partes de España para ser explotados en el campo. «Estos ciudadanos extranjeros llegaban a pagar o generar una deuda con la organización de hasta 11.000 euros para obtener los visados, quedando en situación irregular una vez caducados los permisos de estancia temporal como turistas», explica el ministerio en un comunicado.
Y no solo eso. La banda criminal amenazaba y coaccionaba a las víctimas para que cumplieran con jornadas de trabajo extenuantes de hasta 12 horas y empleaban la violencia cuando alguno reclamaba el pago por sus servicios: «En muchos casos, las víctimas trabajaban durante meses sin percibir ningún tipo de prestación económica, únicamente retribuyendo su trabajo con una alimentación muy básica».
Fruto de esta operación han sido detenidas once personas. La operativa de la banda consistía en alojar a los extranjeros en la localidad albaceteña de Villalgordo del Júcar, donde disponían de viviendas y naves de gran capacidad donde hacinaban a las personas reclutadas, quienes dormían en colchones a ras de suelo, sin ventilación y en condiciones «indignas e inhumanas, absolutamente carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad».
Desde ese pueblo, los trabajadores eran desplazados a diario hasta diferentes puntos de trabajo. El traslado se hacía en furgonetas, sin condiciones de seguridad adecuadas. A consecuencia de ello, una persona de nacionalidad nepalí perdió la vida en uno de los múltiples accidentes de tráfico en los que se vieron involucrados.
«Esta potente organización criminal utilizaba gran cantidad de testaferros para crear empresas de servicios agrícolas, generando a través de ellas una apariencia de legalidad que lograban utilizando documentaciones fraudulentas y otros complejos métodos de engaño, mediante los que finalmente conseguían emplear a la enorme cantidad de trabajadores ilegales que gestionaban en diferentes partes del territorio nacional obteniendo grandes beneficios por ello», señala el ministerio en un comunicado.