La prórroga forzosa de alquileres decaerá en menos de un mes si el Congreso veta el decreto

No estaba en el guion, pero el Gobierno ha decidido finalmente aprovechar el plan de respuesta a la guerra en Oriente Medio para desplegar un nuevo escudo social alrededor de los inquilinos, en un momento de especial tensión en el mercado por el vencimiento de contratos de alquiler que se firmaron en plena pandemia o en los primeros meses de la desescalada, cuando los precios de la vivienda estaban en niveles muy inferiores a los actuales (entre otros motivos, por el trasvase que entonces se hizo de muchos pisos de alquiler turístico que volvieron al arrendamiento de larga estancia).

Aunque la medida no estaba prevista, la presión de los ministros de Sumar, que se sustanció con un plante de varias horas que retrasó el inicio del Consejo de Ministros, forzó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a negociar con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la inclusión de una prórroga extraordinaria y automática, durante un máximo de dos años, de todos los contratos de alquiler que venzan entre mañana, 21 de marzo, y el 31 de diciembre del 2027. Según los cálculos de la ministra de Trabajo, la medida beneficiará a un millón de contratos de arrendamiento de vivienda, y a unos 2,7 millones de personas que residen en dichos inmuebles, que se enfrentaban «a subidas de hasta 500 euros al mes» de golpe. «Desde mañana podéis pedir la prórroga del alquiler en idénticas condiciones a las que tenéis en el día de hoy», apeló Díaz a los afectados.

Claro que la medida, saludada por los sindicatos de inquilinos, podría ser efímera. Porque, conscientes del rechazo de parte de los socios de investidura —el PNV y, especialmente, Junts— a las restricciones a la actualización de los alquileres, los socios pactaron que las medidas de vivienda irían desgajadas en un decreto aparte, que tiene pocos visos de ser convalido en el Congreso. «Somos conscientes desde el poder Ejecutivo de que no existe aún una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para poder convalidar [el decreto]», asumió el propio Sánchez en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gabinete, en la que justificó también el cambio de postura de los socialistas, que hasta ahora habían rechazado limitar las actualizaciones de la renta de los alquileres firmados en pandemia: «Efectivamente hemos considerado en el ala socialista que no había razones que justificaran la prórroga de estas medidas excepcionales, pero nos ha sobrevenido una nueva crisis, una nueva guerra».

Aplicación limitada

Conscientes de esa falta de apoyo parlamentario, el Gobierno tratará de dilatar los plazos de convalidación del decreto en el Congreso, pero la votación tiene que producirse en los 30 días siguientes a la publicación en el BOE (la fecha tope sería el lunes 20 de abril), por lo que, a priori, la medida solo beneficiará a los inquilinos cuyos contratos finalicen en las próximas cuatro semanas, que podrán exigir la prórroga durante dos años en las mismas condiciones que tienen ahora. Incluidos aquellos a los que sus caseros ya les hubiesen comunicado la intención de no renovar el alquiler o de actualizar las condiciones económicas del mismo. Si la norma no logra el aval mayoritario en las Cortes, decaería y los arrendamientos que venzan a partir de entonces ya podrían finiquitarse. Eso sí, la ley exige un preaviso mínimo de entre uno y cuatro meses por parte del arrendador para que no se produzca una prórroga tácita, por lo que el casero debería haber cumplido ese requisito antes de la fecha de finalización del contrato.

Además de la oposición de la derecha política, la patronal CEOE mostró también su «firme rechazo a las medidas que introducen nuevas limitaciones al mercado del alquiler, ya que suponen una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y generan una preocupante inseguridad jurídica». Y advierten que «desincentivan la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos».

---

---

---