Una compleja red corrupta que afecta a varios dirigentes del PP

ESPAÑA

El caso tuvo su origen en unas grabaciones realizadas por un ex edil popular y ahora está dividido en tres sumarios

07 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

El caso Gürtel tiene su origen en la investigación abierta el pasado 6 de febrero por el juez Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción. El caso afecta a una organización vinculada a distintos cargos del PP en varias comunidades y que habrían obtenido contratos y adjudicaciones a cambio de sumas de dinero en unos casos y de regalos en otros. El principal responsable es Francisco Correa, un empresario que, principalmente a través de la firma Special Events, había organizado durante años actos para el PP. Correa tenía buenas relaciones con la dirección popular en época de Aznar, hasta el punto de que asistió como invitado a la boda de su hija Ana.

El origen está en la denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Peña, que tras enemistarse con Correa grabó nueve cintas en las que este y otros acusados se jactaban de haber sobornado a distintos cargos del PP. Además, el juez cuenta con las declaraciones de Isabel Jordán, ex administradora de Easy Concept, una de las empresas de la trama, que entre otras cosas admitió haber pagado facturas de trajes a nombre de Francisco Camps.

En la Comunidad de Madrid están imputados, entre otros, el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo; el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, y los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Todos ellos habrían recibido dinero o regalos de la trama corrupta a cambio de adjudicaciones municipales o contratos para la celebración de eventos.

Las sospechas sobre estas irregularidades eran conocidas desde hace tiempo en el PP, hasta el punto de que Mariano Rajoy ordenó en el 2004 que no se hicieran más contratos con las empresas de Francisco Correa. Sin embargo, la trama siguió operando en Valencia obteniendo contratos de la Generalitat valenciana a través de la empresa Orange Market y otras filiales dirigidas por Álvaro Pérez El Bigotes, socio de Correa.

Según ha declarado el sastre José Tomás, tanto el presidente Valenciano Francisco Camps como el portavoz parlamentario del PP de Valencia, Ricardo Costa, y otros dirigentes del PP recibieron trajes que él mismo confeccionó en las tiendas Milano y Forever Young. Esos trajes, según el sastre, no fueron abonados por los dirigentes populares sino por Pablo Crespo, administrador de Special Events.

El juez Garzón consideraba que esos trajes y otros regalos que podrían haber recibido los acusados estaban relacionados con las adjudicaciones de contratos que las empresas de la trama habían recibido en Valencia durante cinco años.

Entre los documentos que obran en manos de la Justicia se encuentran también anotaciones hechas por el contable de la trama corrupta en las que figuran diferentes pagos en metálico a las personas supuestamente sobornadas. Entre ellas hay varias con las iniciales L.B. y otras con la anotación «el cabrón» que el juez cree que corresponden a Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP, ya que los colaboradores de Correa se referían a él con ese calificativo. Apuntes similares figuran a nombre de Jesús Merino, diputado nacional del PP.

Tras inhibirse Garzón debido a la presencia de aforados, el caso quedó dividido en tres sumarios. Uno en el que el Tribunal Supremo investiga a Bárcenas y Merino; otro en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que investiga a Francisco Camps y al resto de implicados de esa comunidad, y otro en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a los demás implicados en la trama corrupta.