El partido se queja de la conservación y filtración de grabaciones legales desechadas después por el juez
02 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Cuando parecía que el PP quería aparcar la polémica de las escuchas ilegales para centrar la atención en su campaña de supuesta «persecución gubernamental», la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, volvió a la carga ayer e insistió en que sus conversaciones privadas han sido espiadas. Y el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, aportaba nuevas interpretaciones a la denuncia por interceptación ilegal de comunicaciones.
Pero De Cospedal no se desdice ni matiza y, en declaraciones a Telemadrid, reiteró sus sospechas de espionaje, explicó que identificó la publicación de sus conversaciones personales en un programa de televisión y señaló que los pinchazos telefónicos forman parte de la denuncia presentada por su partido el pasado 24 de julio. «Eso es algo que está ahora mismo en sede judicial», afirmó. Se negó de nuevo a facilitar nombres de otras personas espiadas, pero dijo que se trata de «altos dirigentes» de su partido y apuntó que «existen pruebas por todas partes» de que el PP está siendo víctima de escuchas ilegales que después se filtran a los medios de comunicación.
Las denuncias de González Pons sobre las escuchas son distintas y están llenas de matices. En rueda de prensa posterior al comité de dirección celebrado ayer, el portavoz del PP sustituyó a la secretaria general y explicó que puede considerarse delito de escuchas ilegales la filtración de conversaciones telefónicas grabadas legalmente pero que fueron excluidas del sumario y, por lo tanto, deberían haber sido destruidas. Según González Pons, hay indicios suficientes de que «ha habido utilización en distintos grados y formas de conversaciones telefónicas», dentro de la persecución que atribuyó al Gobierno y que pretende que «el PP se sienta perseguido y no se sienta libre».
Puso como ejemplo el diálogo entre el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y Álvaro Pérez, empresario de la trama corrupta y propietario de Orange Market, en la que el político le confiesa al acusado que es investigado por los tribunales. A la vista de su contenido, el juez excluyó la grabación del sumario del caso Gürtel, pero la transcripción fue filtrada y publicada. Algo similar ocurrió con la llamada telefónica interceptada a Pérez en la que comunicaba a uno de sus empleados que estaba comprando un bolso para regalarle a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En lugar de pinchazos telefónicos, González Pons prefiere hablar de grabaciones legales que fueron «ilegalmente conservadas y filtradas a los medios de comunicación para perjudicar al PP».
El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, se inclina por la misma interpretación y pregunta por los responsables de la custodia de las grabaciones filtradas, a los que ha querido perseguir en los tribunales de Justicia. Costa anunció que ha denunciado «la persecución política» de la que ha sido objeto y que atribuyó a «las más altas instituciones del Estado», con motivo del caso Gürtel. Costa desveló que la denuncia la han presentado ante el Juzgado Decano de Madrid a finales del pasado mes de julio y aún no ha sido admitida a trámite.
Costa insistió en que se siente víctima de una «persecución silenciosa y propagandística, en donde se instrumentalizan los mecanismos del Estado y los medios de comunicación». En este sentido, recordó que se han hecho públicas partes del sumario que le afectaban a él, «con premeditación, alevosía, marcando los tiempos» con el objetivo de «perjudicar» su imagen y la del partido.
Y anunció que su grupo va a solicitar la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Fernández de la Vega, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en las Cortes valencianas.