La purga de Puigdemont en su Gobierno no cierra la crisis de los secesionistas

El PDeCAT se siente ninguneado y recela de un presidente que ve más cercano a ERC

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Madrid / Colpisa

La crisis promovida por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras blindó al Gobierno catalán para alcanzar el objetivo de celebrar el referendo del 1 de octubre, pero descosió las costuras de la alianza de Junts pel Sí. Las diferencias entre el PDeCAT y Esquerra se han ahondado y los independentistas se enfrentan a la tesitura de llegar a la consulta desfondados y divididos. El partido heredero de Convergència se siente relegado y contempla a un Puigdemont cada día más próximo a Esquerra que a su propias filas.

Las diferencias vienen de lejos, desde el mismo día que la CUP forzó el descabezamiento de Artur Mas, del que Esquerra fue testigo impasible. Se ahondó con los procesamientos y las condenas al expresidente y tres de sus exconsejeros, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. Y se convirtió en una sima con el relevo de cuatro consejeros y el secretario del Ejecutivo, todos del PDeCAT. El destituido consejero Jordi Baiget dio una clave de la crisis al confesar que el Gobierno de la Generalitat estaba al margen de las decisiones importantes del proceso.

Entre las bambalinas del Ejecutivo se mueven una serie de personajes sin responsabilidades políticas que se reúnen con Puigdemont y Junqueras para marcar los ritmos y tomar las decisiones. Entre ellos están David Madí, hombre de la máxima confianza de Mas; Xavier Vendrell, exconsejero de Esquerra; Jordi Sánchez, presidente de la ANC; Jordi Cuixart, presidente de Òmnium; además del propio Artur Mas. En paralelo funciona otro comité decisorio más oficialista, pero también sin consejeros, con el presidente, el vicepresidente y los secretarios de sus departamentos, Víctor Cullell y Josep María Jové. A unos y otros les une un empeño, la celebración de la consulta, cueste lo que cueste.

La estrategia, según han relevado fuentes independentistas, es forzar la máquina con la aprobación de la ley del referendo, acelerar los preparativos -el primero mañana con la compra de 8.200 urnas- y no acatar las suspensiones que ordene el Tribunal Constitucional para forzar al Gobierno de Rajoy a tomar medidas coercitivas que trasladarían el conflicto a las calles.

Llevar el conflicto a la calle

Esa dinámica estaría acompañada de relevos en los segundos escalones del Gobierno de Puigdemont. El primero puede ser el director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, de origen político socialista y comprometido en la defensa de la legalidad. «La policía debe hacer eso. No puede hacer otra cosa», dijo el pasado 17 de febrero cuando se le preguntó por la actitud de los Mossos si se convoca la consulta. Su superior y principal valedor, el consejero de Interior, Jordi Jané, salió del Gobierno el pasado viernes. El nuevo titular de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, tampoco descartó los nuevos relevos. «Hay que ir a por todas», dijo ayer en una entrevista en la que también denunció que la estrategia del Gobierno central pasa por fomentar la división del mundo independentista. Pero «pierde el tiempo», aseguró, porque «la gente ya no tiene miedo». Mientras Esquerra asiste a las turbulencias con unidad monolítica en torno a Junqueras y sin una salida de tono, el PDeCAT es un sinvivir.

El remozado Gobierno debatirá mañana la adquisición de las 8.200 urnas de metacrilato para celebrar la consulta. Una decisión que con toda seguridad será recurrida por el Gobierno ante el Constitucional por considerarla un preparativo del referendo que, según la doctrina de la corte, es un acto ilegal. La orden de compra ya no llevará la única firma de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, como ocurrió en abril con el anterior intento de comprarlas y que le valió una querella de la Fiscalía. El documento estará rubricado por el vicepresidente, Oriol Junqueras, como responsable de la organización del referendo pero también por todos los consejeros, de acuerdo al compromiso alcanzado tras la crisis gubernamental.

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