El 28 de julio la propuesta será sometida a la aprobación de la Comisión de Igualdad
20 jul 2017 . Actualizado a las 18:20 h.Los grupos de la subcomisión del Congreso para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género han acordado doscientas medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros. Todavía no se ha cerrado el documento final pero se prevee que será el próximo fin de semana cuando se terminará la parte introductoria del texto, el resumen de las comparecencias de expertos que acudieron a la subcomisión y la reglamentación.
El lunes 24 de julio tendrá lugar la lectura y aprobación del documento en una reunión de la subcomisión, después de revisar la redacción del concepto de violencia de género, el artículo uno de la ley integral. Será el viernes 28 de julio el día en que la Comisión de Igualdad decidirá si aprueba o no el texto.
Aunque han reclamado un compromiso económico a más largo plazo, los grupos de oposición han considerado «aceptable» la dotación presupuestaria del pacto, ya que ésta supone una «mejora sustancial» con respecto a los seis millones de la propuesta que en un inicio hizo el Partido Popular. Los partidos han conseguido establecer el acuerdo a partir de un documento base redactado por el PP, responsable de esta labor por ser el grupo mayoritario en la Cámara baja.
Entre las propuestas, las cuales han sido revisadas una a una, modificadas y reordenadas, destaca la reestructuración del sistema social que se encarga de atender a aquellas mujeres que no denuncian la violencia de género. Esto supondrá la modificación de la ley de régimen local para que los ayuntamientos puedan recuperar las competencias en promoción de igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género. ERC, PNV, PDeCAT y Compromís han logrado que se incluyera en el texto una referencia a las competencias de las comunidades autónomas en materia de violencia de género.
Asimismo, serán modificados los criterios de acreditación de la condición de víctima a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.
Los grupos también han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar que se encuentre desprotegida en estas situaciones. Además, han acordado la creación de una comisión no legislativa en el Congreso para el seguimiento del pacto de Estado, que entre otras competencias podrá hacer un seguimiento del presupuesto y controlar la puesta en marcha de las medidas.