El desafío de Puigdemont lleva a una situación límite al empresariado y a la sociedad civil
ESPAÑA
Las patronales avisan de deslocalizaciones, y los intelectuales rechazan la «estafa democrática»
18 sep 2017 . Actualizado a las 14:12 h.Los grandes empresarios de Cataluña empiezan a perder la paciencia. Preocupados por la pugna en torno al referendo del 1 de octubre, emprendedores de distintos sectores están discretamente frenando proyectos e incluso preparando planes B, pese a estimar improbable la independencia. «La situación actual provoca muchos nervios, claramente, y preocupación», declaraba esta semana en un foro el número dos del Banco Sabadell. «Todo el que ve que su actividad puede tener algún tipo de riesgo» esta preparando planes de contingencia, explica Salvador Guillermo, director económico de la patronal catalana Foment del Treball, a la agencia AFP.
Los mecanismos para desplazar la sede administrativa, a Madrid por ejemplo, son muy fáciles y rápidos, precisan fuentes financieras. También están estudiando alternativas otras empresas como las agroalimentarias exportadoras, ya que en su caso tendrían que pagar derechos de aduana en caso de salida de la UE, apunta Salvador Guillermo.
La CEOE ha sido clara. La gran patronal española aprobó la semana pasada un documento en el que apoya la legalidad y la Constitución, «que son las mejores garantías de la seguridad jurídica imprescindible para la competitividad de nuestras empresas». Más pronunciamientos: el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaume Malet, aseguró que muchas multinacionales tienen planes de contingencia para cambiar la sede social, al tiempo que ve riesgo de ahuyentar inversiones empresariales, algo que «está pasando, aunque aún de forma minoritaria».
Y mientras el mundo económico se planta, empieza también a hacerlo la sociedad civil. Cerca de un millar de artistas e intelectuales que en su mayoría se definen como «de izquierdas» han suscrito el manifiesto 1-O Estafa antidemocrática, en el que llaman a no participar en el referendo: «Es una estafa antidemocrática». Entre los nombres figuran Isabel Coixet, Javier Marías, Rosa María Sardá o Javier Cercas. Definen la convocatoria como una «trampa» aprobada por vía exprés por quien «no representa más que el 36 % del censo electoral» y no llega al 50 % de los votos. Además, afirman que «no hay un censo oficial, lo que puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedades».
La Guardia Civil requisa más de 1,3 millones de carteles del 1-O
Agentes de la Guardia Civil se incautaron de más de 1,3 millones de carteles, dípticos y folletos de diverso tamaño durante la inspección de una empresa de distribución de propaganda en la localidad de Moncada y Reixach (Barcelona). Según informaciones del Ministerio del Interior, las actuaciones se realizaron este domingo tras las investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Cataluña para la localización de materiales que promocionen el referendo ilegal del 1 de octubre. En concreto, en la empresa se localizaron unos 700.000 folletos informativos para su reparto promoviendo el sí, otros 130.000 carteles de menor tamaño también en apoyo de esa consulta, y unos 370.000 dípticos con el logotipo de la Generalitat de Cataluña que se corresponderían con la campaña institucional.
Además, se han intervenido en el mismo local otros 138.000 carteles con el texto: «Si, per fer-los fora», unido a las imágenes del rey Felipe VI, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente Jordi Pujol y el expresidente de la Fundación Palau de la Música de Barcelona Jordi Millet. Estos últimos carteles incorporan los logos propios e identificativos de la CUP.
La mayor intervención
Al igual que en actuaciones anteriores, se intervinieron materiales de la Generalitat promocionando el referendo, junto a efectos llamando directamente al voto del sí, lo que revela, según indica el Ministerio del Interior, la convergencia de esfuerzos y unidad de acción entre ambas dinámicas. A esta concurrencia habitual se añade, en esta nueva intervención, carteles de la CUP. Los materiales estaban empaquetados en palés, listos para su distribución. Se trata de la mayor intervención de este material ilegal realizado hasta el momento, transcurridos tres días desde el inicio de los actos de campaña a favor de ese proceso ilegal. Hasta entonces se habían intervenido casi un millón y medio de objetos de propaganda.
