Dos expresidentes de la CEG exigirán hoy la dimisión de Arias por defender un referendo

M. Beramendi / M. Sío Dopeso SANTIAGO / LA VOZ

ESPAÑA

XOAN A. SOLER

El líder actual de la Confederación de Empresarios dijo que el conflicto catalán es político y no se resolverá con medidas legales

20 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La llamada efectuada por el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) para que se celebre un referendo legal y pactado como salida política al conflicto abierto en Cataluña ha desencadenado un terremoto interno en la patronal gallega. Tanto es así que sus dos predecesores inmediatos en el cargo, el vigués José Manuel Fernández Alvariño y el ourensano Antonio Dieter Moure, comparecerán esta mañana en Vigo para exigir públicamente la dimisión de Arias.

A ninguno de los dos les han servido las matizaciones hechas por Arias, en las que aseguraba que era una opinión personal planteada siempre desde el marco constitucional vigente. «Nunca puede hablar a título particular desde el momento en que representa a los empresarios de Galicia», subrayaba Fernández Alvariño, quien anuncia que se pedirá su «cese fulminante». Una propuesta avalada por el propio Moure, quien aseguró ayer a este diario que el presidente de todos los empresarios gallegos no puede actuar con esa frivolidad en un asunto tan serio. Tanto Alvariño como Moure desvinculan la petición de dimisión con cualquier proceso de oposición interna de una patronal profundamente dividida.

«Eso no va a suponer que queramos elecciones inmediatas. Lo que pedimos es que, en adelante, la junta de vicepresidentes se haga cargo del gobierno de la CEG. Y luego, en ocho meses, o ya se verá cuándo, entonces convocar elecciones», explicaba ayer Fernández Alvariño.

Fernández Alvariño anuncia que plantearán un «cese fulminante» del actual presidente La polémica se desencadenó la semana pasada, a raíz de una entrevista radiofónica concedida por Antón Arias en la que argumentó que «una parte de la población» de Cataluña tiene un «sentimiento determinado» y eso «no se resuelve con medidas de carácter legal». Este posicionamiento desató una oleada de críticas por parte de confederaciones empresariales provinciales y representantes sectoriales, quienes reprobaron al presidente y recordaron que, semanas atrás, la CEG había pactado un documento en el que los empresarios gallegos defendían la vuelta a la legalidad, la certidumbre y la seguridad jurídica.

Al ver cómo arreciaban las críticas, Arias se vio obligado a salir al paso y hacer algunas consideraciones. Pero su apuesta por un referendo legal, pactado y con garantías desencadenó un fuego interno que no fue capaz de apagar. El presidente de los empresarios insistió en que, durante la entrevista radiofónica, se había referido a su postura como una argumentación «personal» «A veces no escucharnos tiene riesgos de mala interpretación», dijo al día siguiente de desatarse la polémica. «En esa declaración dije que la república catalana era inviable, era ilegal. Dije simplemente que me parecía que el tema estaba tan polarizado que si no se abría el diálogo y no se buscaba una salida se podría enquistar», sostuvo Arias