Arias contradice el discurso empresarial e insiste en un diálogo Estado-Generalitat

Manoli Sío Dopeso
M. Sío Dopeso VIGO / LA VOZ

ESPAÑA

M.MORALEJO

El jefe de la patronal gallega se ratifica en su «opinión personal» sobre Cataluña y agrava la tensión en la organización

21 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La división interna que existe en el seno de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) está tan encallada que se evidencia a la más mínima oportunidad, aunque el asunto trascienda el ámbito económico, como está ocurriendo con el conflicto abierto en Cataluña. Lejos de poner calma y prudencia, ambas partes ahondaron más en el enfrentamiento. Primero fueron los expresidentes de la CEG José Manuel Fernández Alvariño y Antonio Diéter Moure quienes comparecieron para recriminar al actual presidente, Antón Arias, unas declaraciones realizadas hace unos días en las que advertía que el conflicto catalán no se resolvería con medidas legales, y apelaba a la negociación entre el Gobierno de España y el catalán, contradiciendo así la postura oficial de la CEOE y también la manifestada por la propia patronal en un comunicado pactado hace unas semanas.

«Es inconcebible que el presidente de la CEG proponga un pacto entre Cataluña y España al mismo nivel», manifestaron, al tiempo que pedían la dimisión de Arias.

Ayer, tras conocer la petición de dimisión planteada por Alvariño y Dieter Moure, lejos de rectificar, el presidente de los empresarios gallegos se ratificó en sus palabras. «Es lo que pienso, y así lo manifesté, y no es ninguna ilegalidad ni ningún sacrilegio. Yo considero que existe un marco legal que hay que respetar, pero el conflicto catalán es una cuestión emocional, de sentimiento, y es necesario abrir un diálogo. Es imprescindible hablar para arreglar el problema», manifestó Arias.

Referendo pactado

El presidente de la CEG se mostró molesto con quienes critican que se manifieste a título personal: «La imposición del pensamiento único me parece una gran tristeza, y un empobrecimiento de la sociedad».

Para sus opositores, la actitud el presidente de la patronal gallega «es claramente contraria a la Constitución española. El presidente de la CEG representa a los empresarios gallegos las 24 horas del día, por lo que estas declaraciones, contrarias al espíritu empresarial, fueron emitidas desde el cargo y, por tanto, son muy graves», aseguró Fernández Alvariño. «Es inconcebible que el representante de los empresarios gallegos propugne un pacto Cataluña-España de igual a igual y al margen de la Constitución», insistió. «Con estas declaraciones, Arias ha incurrido en una grave responsabilidad, por su cuenta y riesgo», añadió Diéter Moure.

No es este el único motivo por el que ambos expresidentes escenificaron en Vigo su frente común contra la gestión del presidente de la patronal gallega y solicitaron su dimisión. «No lo reconocemos como presidente», afirmaron en la sede de la CEP (Confederación de Empresarios de Pontevedra), cuyo presidente, Jorge Cebreiros, es el más crítico con Arias. «No representan a nadie, solo a sí mismos, a mí me legitima la asamblea», les respondió este.

Pero para ambos denunciantes sobran los motivos para pedir la dimisión de Arias, como el hecho de que no se hayan aprobado las cuentas del 2016, o que no se reúna a los órganos de gobierno de la patronal gallega. A esto también respondió Arias: «Aprobaremos las cuentas y aprobaremos el cambio de estatutos antes de que termine octubre».

«Cataluña no tiene estructura para recaudar impuestos»

El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba, aseguró ayer que Cataluña «no tiene la estructura suficiente» para recaudar sus propios impuestos, ya que la Agencia Tributaria estatal en la comunidad tiene unos 4.000 efectivos y la comunidad «no tiene ni 800», por lo que es «imposible» que ingrese los tributos estatales en Cataluña. El directivo señaló que «en el ámbito público puede forzar los ingresos en las arcas de la Generalitat, pero en el privado dudo que una empresa pague a la Agencia Tributaria catalana cuando sabe que su obligación es con la estatal».