Rajoy justifica la aplicación del artículo 155 por la «desobediencia rebelde y consciente» de Generalitat
ESPAÑA
El Gobierno afirma que las actuaciones del Ejecutivo que preside Puigdemont «atentan gravemente» al interés general de España
21 oct 2017 . Actualizado a las 11:46 h.El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por la «desobediencia rebelde, sistemática y consciente» de la Generalitat a las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones «atenten gravemente» al interés general de España.
Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.
El texto de esa exposición de motivos subraya que el artículo 155 del texto constitucional configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación. El primero de ellos es que la comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y el segundo que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España.
«Ambos concurren en el presente caso», asegura el Gobierno, que recuerda que el 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto.
Subraya el Ejecutivo el «incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado» de las obligaciones constitucionales de los dirigentes de la Generalitat. Algo que considera que ha ocurrido con la puesta en marcha de un proceso de secesión «con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España».
Una Cataluña independiente se empobrecería un 30 %
Además, el Gobierno alerta en dicho documento de que una hipotética Cataluña independiente sufriría un empobrecimiento de entre el 25 y el 30 % con una «coyuntura económica insostenible» y un aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales, situación que el Estado debe evitar por el interés general.
«Esta situación no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger», asegura el documento. A juicio del Gobierno, la pretendida independencia, generaría una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes «gravísimas» no solo para los intereses de Cataluña sino para el interés general de España e implicaría aislar una economía catalana que hoy está «plenamente integrada» en España y en la UE.
Desde el punto de vista comercial, supondría el abandono de la Unión Europea pasando a ser un país tercero al que se le aplicarían aranceles, además de controles aduaneros en frontera con la consecuente pérdida de competitividad de la economía catalana. También acarrearía la salida inmediata de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria, de su amparo y de sus beneficios y, en concreto, del acceso al crédito del Banco Central Europeo.
Este hecho llevaría a que, como ya está sucediendo en la actualidad, muchas empresas se trasladaran fuera de Cataluña. «La salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña, resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que impediría la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña», avisa.
Incluso la creación de una moneda y un banco central propios resultaría «inviable», asegura, por el elevado nivel de déficit público lo que harían irremediable una «inflación desproporcionada» y una contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión.
La pretendida independencia también tendría efectos negativos para la financiación pública con «tensiones presupuestarias» evidentes. Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria sería muy limitada por la «erosión» de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas y empresas, y la falta de transferencias de España y de la Unión Europea.
Sin embargo los gastos se verían incrementados, al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado español, lo que obligaría a emitir deuda pública en los mercados, «hecho que sería cada vez más gravoso en un contexto de recesión en el que, además del sector público, el sector financiero estaría simultáneamente demandando financiación».
Más allá de lo que sucedería con una hipotética independencia de Cataluña, el Ejecutivo constata que las pretensiones secesionistas ya «están motivando un serio deterioro del bienestar social y económico» en Cataluña. Y recuerda que además de la progresiva fractura de la convivencia se han «puesto en riesgo» las condiciones para el crecimiento económico.
Subraya así que en las últimas semanas cientos de empresas han trasladado sus domicilios sociales fuera de Cataluña, entre ellas, seis de las siete del Ibex35 y un gran número de empresas relevantes por su tamaño, tradición y arraigo social en Cataluña. Recuerda asimismo la caída de las reservas turísticas, la disminución de pedidos de automóviles o la bajada de las ventas en las grandes superficies.
Desde el Gobierno se destaca asimismo que dos de las principales agencias de calificación crediticia han alertado sobre la posible bajada de la calificación de la Generalitat y los efectos negativos que puede haber en Cataluña, con una nueva recesión.