La decisión de la jueza Lamela es dura; muy dura. Quizá tenga aspectos discutibles, como dar por hecho el delito de malversación, cuando no hay datos de las cantidades malversadas ni información sobre de dónde han salido. También es discutible el delito de rebelión, que en opinión de notables juristas es difícil de sostener. Desde luego, no se lo aceptarán los jueces belgas para Puigdemont, porque en Bélgica no existe ese delito. A pesar de todo, es la decisión de la Justicia y, dura o discutible, hay que aceptarla. No será este escribidor quien se la ponga en duda. Y es seguro que muchos millones de españoles, e incluso de catalanes, habrán aplaudido, porque están hartos de que los consejeros que esta noche durmieron en prisión se sigan presentando como gobernantes legítimos de Cataluña después de haber violado y desobedecido todas las leyes del Estado.
Yo me sumo a esa mayoría imaginaria. Y me pongo a temblar ante el camino que abrió el Ayuntamiento de Barcelona, que sigue en la equidistancia que distingue a la alcaldesa Colau: por una parte rechaza que Cataluña sea una república independiente, pero por otra acepta la moción de ERC y reconoce como legítimo al Gobierno cesado en función de una interpretación laxa del artículo 155. No hay que ser profeta para adivinar que cientos de corporaciones catalanas, quizá las 700 que acuden con su vara a las concentraciones, hagan lo mismo y nos encontremos con que todas proclaman la legitimidad del Gobierno destituido. El Gobierno español quedaría como un Gobierno usurpador. Quizá aquí empezaría la resistencia que hasta ahora no dio señales de vida.
Pero hay una perspectiva peor todavía: todos esos señores que ingresaron en la cárcel siguen siendo elegibles. Por muchas medidas cautelares que les impongan, a ellos y al escapado Puigdemont no hay ninguna medida cautelar que los pueda inhabilitar. La inhabilitación solo se puede decidir por condena. Y aunque estén en la cárcel pueden ser candidatos. Y salir elegidos, como ya le ocurrió hace años a un preso de ETA. Nuestro Código Penal de 1995, que Juan Alberto Belloch calificó como «el Código Penal de la democracia», no tuvo esa previsión.
Los independentistas lo saben. Los demócratas que firmaron el pacto del 155 parece que no. Y, si las encuestas se confirman, podemos ver a los encarcelados no solo sentados en sus escaños, sino ocupando despachos de la Generalitat. Puede ser el cachondeo del siglo. Tenemos unas leyes que parecen hechas para el enemigo. Por esas leyes y la imprevisión que las acompaña, quizá asistamos al espectáculo de volver a cesar a un Gobierno autónomo, y ahora por sentencia judicial. Magnífico panorama.