El expresidente de Cataluña puso su casa como fianza por los costes de la consulta soberanista del año 2014
12 dic 2017 . Actualizado a las 22:54 h.El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de la vivienda que el expresidente de la Generalitat Artur Mas puso para cubrir la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9N del 2014. Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el pasado 23 de noviembre varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza de 5,2 millones.
La instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado ahora a los Registros de la Propiedad competentes que procedan a ejecutar el embargo provisional de estos inmuebles, según detalla en una providencia a la que ha tenido acceso Efe. En su resolución, que se puede recurrir en un plazo máximo de cinco días ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, la instructora detalla que ha ordenado el embargo de las viviendas aportadas como fianza por Mas -en Barcelona-, Homs -en Taradell (Barcelona)-, Ortega -en Barcelona-, Vilajoana -en Barcelona- y Rigau -en Ribes de Freser (Gerona).
Tras depositar Mas y sus exconsellers estos bienes como fianza, junto con las tasaciones periciales que acreditan su actual valor de mercado, la instructora procedió a solicitar la certificación de todas las cargas y gravámenes que pesaban sobre los mismos, «con el fin de comprobar si el valor neto de los bienes alcanzaba la cuantía suficiente» para entender asegurada la cantidad restante del supuesto alcance a los fondos públicos. Una vez acreditado que los bienes inmuebles aportados sí cubren el valor suficiente para cubrir la fianza, la instructora ha acordado en su resolución, fechada el pasado 4 de diciembre, embargar los bienes «en cantidad suficiente para asegurar el derecho de la Hacienda Pública a reintegrarse de los posibles perjuicios» económicos derivados en el gasto público del 9N.
Por este motivo, la instructora ordena a los Registros de la Propiedad competentes que procedan a la práctica de los embargos preventivos de las fincas ofrecidas por Mas, Homs, Ortega, Rigau y Vilajoana. Según la resolución, la plataforma soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue la que aportó los 2.944.588 euros en efectivo en beneficio de todos los implicados en este proceso, que tuvieron que ofrecer sus bienes inmuebles para asegurar los 2,3 millones de euros pendientes para cubrir los 5,2 millones de fianza. La voluntad de Mas, Ortega, Rigau, Homs y Vilajoana al aportar sus viviendas como fianza ha sido preservar el patrimonio de los cargos técnicos y de confianza sobre los que también pesaba el requerimiento, según han informado a Efe fuentes de su entorno.
No obstante, Mas y los exconsellers sostienen que no cometieron ningún tipo de «infracción contable», por lo que están «absolutamente disconformes» con la liquidación acordada por la instructora, según las fuentes.
Como ejemplo, sostienen que se les reclaman 3,1 millones de euros por la compra de unos ordenadores -que sirvieron para la votación- y que actualmente están en poder del departamento de Enseñanza, a efectos de su servicio público. Por tanto, Mas y sus exconsellers confían en que, cuando finalice el proceso, se les dará la razón, ya que todos los contratos y facturas sobre los pagos por la consulta del 9N son anteriores a la providencia del 4 de noviembre del 2014 en que el Tribunal Constitución les ordenaba detener la votación.
Mas: «Nos quieren echar de casa si pueden»
El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha criticado que el Tribunal de Cuentas haya ordenado el embargo cautelar de su domicilio en la calle Tuset de Barcelona: «Nos quieren echar de casa si pueden». Lo ha dicho en un acto electoral en Olot (Gerona), según ha recogido Europa Press. «A todos los del 9N ya se nos juzgó por la vía penal, se nos ha inhabilitado y nos han multado. Y ahora hacen salir otros organismos que nos quieren echar de casa si pueden», y ha dicho que se quiere poner a los que no están en primera línea política dentro del proceso penal del 1-O.