Las asociaciones de mujeres reclaman sanciones para los jueces que dañen a las víctimas de la violencia machista
13 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«Llegué al juzgado destrozada y suplicando ayuda y salí imputada, con una orden de alejamiento mutuo, y con un amplio régimen de visitas para él de mi bebé de 18 meses». Es el doloroso resumen que ayer hizo Isabel López de la Torre, una madrileña de 45 años, quien, apoyada por media docena de las principales asociaciones de mujeres, denunció ante el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) a la jueza del juzgado de violencia de género número 1 de Arganda del Rey que en abril del 2014 instruyó su caso de maltrato, porque entiende que debido a sus prejuicios y falta de independencia le ha destrozado la vida durante tres años y «me ha hecho sentir como una delincuente».
Tres años después, en octubre del 2017, la Audiencia Provincial de Madrid condenó en firme a su expareja a dos años y nueve meses de cárcel por dos delitos de maltrato y la exoneró a ella de cualquier delito, pues dijo que ni siquiera tenía nada que ver los arañazos que el agresor presentó como prueba de la pelea. «Lo terrible es que la jueza atendiese su denuncia falsa, sin siquiera investigarlo. Es lo peor que le puede pasar a una víctima», indicó.
Campaña de denuncias
La Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que son alguna de las organizaciones que apoyan la denuncia, advierten al CGPJ de que lo ocurrido a Isabel «no son hechos aislados sino que representan hechos cotidianos y excesivamente frecuentes» en los juzgados contra la violencia de género. Denuncian la existencia de jueces, fiscales y abogados sin la formación específica, que no escuchan a las víctimas como deben y con evidente inacción si no hay partes de daños. Por estos motivos, anunciaron que van a recopilar los perjuicios, maltratos, desatenciones o daños que le causen a estas víctimas los diferentes operadores jurídicos y los denunciarán, «uno a uno», para que sean sancionados ante el CGPJ y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.