La resistencia de Puigdemont amenaza con fracturar ahora a su propio grupo

El independentismo está ante uno de sus momentos más delicados desde que el desafío soberanista arrancó en el 2012. JxCat, Esquerra y la CUP obtuvieron la mayoría absoluta en las pasadas elecciones del 21D, pero casi tres meses después siguen sin poder investir a un presidente de la Generalitat. La Cámara catalana debía haber celebrado ayer el pleno para la elección de Jordi Sànchez, pero entre la prohibición del Supremo y el veto de la CUP difícilmente será investido. Y el inmovilismo de Puigdemont amenaza ahora con provocar la ruptura de su propio grupo, ya que los parlamentarios independientes de Junts per Catalunya, de estricta obediencia Puigdemont, preparan la creación de un movimiento político, al margen de los partidos, para desmarcarse del PDECat, la formación a la que aún sigue perteneciendo el expresidente.

Mientras eso ocurre, el PDECat y ERC piensan ya en un candidato alternativo a Sànchez -que podría ser Jordi Turull, Josep Rull, Marc Solsona o incluso Quim Torra- para intentar desbloquear la legislatura. Ambas formaciones reclamaron ayer a Junts per Catalunya celeridad para desencallar la investidura y evitar elecciones. «Esquerra sigue tratando de conseguir un acuerdo de forma inmediata, puesto que este país no puede esperar más, necesita un Gobierno urgentemente», afirmaron los republicanos. «Todo el mundo debe ser tan generoso como el PDECat y poner el bien colectivo por delante» para «desbloquear de una vez por todas» la situación y que haya «lo antes posible» un Gobierno, afirmaron los neoconvergentes.

De momento, el candidato sigue siendo Sánchez, a la espera del Supremo y de la reunión que celebrará mañana en Bruselas con Puigdemont el grupo de JxCat. ERC no lo pone en duda, si bien tampoco se compromete a esperar si los recursos judiciales se prolongan demasiado. Marta Pascal, coordinadora del PDECat, reconoció ayer que «no hay ningún otro nombre sobre la mesa» como presidenciable, pero también recordó a Puigdemont que, si se plantea otro aspirante, lo tendrá que «consensuar».

Cada uno a lo suyo

Aunque el reloj de la legislatura sigue parado (Ciudadanos y PSC presionaron ayer infructuosamente a Torrent para que lo active) y los independentistas, en función de lo que diga el Constitucional, podrían permanecer sine die buscando un candidato de consenso, las prisas empiezan a apretar. El problema con el que han topado los secesionistas es que son cuatro actores y cada uno tiene estrategias distintas. La situación de bloqueo pesa en las ejecutivas y el fantasma de la repetición electoral cobra fuerza. La cuestión es que la llave del desbloqueo la tienen en estos momentos el expresidente de la Generalitat y la CUP, y ambos ya han afirmado públicamente que no tendrían problema en ir a nuevas elecciones.

Ante el veto de los anticapitalistas a investir a candidatos neoconvergentes (Turull y Rull lo son), JxCat y Esquerra podrían hallar una salida si Puigdemont y Comín, ambos en Bruselas, renunciaran a sus escaños. En ese caso, las dos fuerzas secesionistas podrían lograr una investidura en segunda ronda sin los votos de la CUP.

Desde el PDECat señalaron ayer que esta posibilidad ya se ha puesto sobre la mesa durante las negociaciones, pero que el expresidente de la Generalitat y el exconsejero de Salud se niegan en rotundo. «Esa vía es casi imposible», aseguraron fuentes nacionalistas.

Más difícil aún sería convencer a la CUP para que apoye a un candidato propuesto por JxCat, salvo que el programa de gobierno propuesto sea muy radical, lo que, de rebote, perjudicaría la defensa de los dirigentes encarcelados.

En consecuencia, fuentes del PDECat reconocieron por primera vez que la amenaza de elecciones es «real», con el agravante de que el independentismo podría perder la mayoría absoluta en una repetición de los comicios.

El riesgo de elecciones es tan fuerte que el PDECat y Puigdemont han iniciado una pugna por la marca JxCat. El expresidente movió ficha el sábado pasado, al afirmar que las siglas con las que se presentó a las pasadas elecciones deben convertirse en un «movimiento político» estable. El partido heredero de Convergència se defendió y replicó que reeditar JxCat es una decisión que corresponde al PDECat. Hasta en cuatro ocasiones, Pascal reivindicó el papel de su formación como eje central de JxCat. «No es planteable que se pida que renunciemos a este activo político, nadie puede cuestionar el bagaje que representamos», remató.

La Justicia obliga a Ada Colau a volver a colocar la imagen del rey en el salón de plenos

«La imagen del rey Felipe VI debe presidir el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona». Lo afirma la sentencia judicial que obliga al consistorio a colgar el cuadro con la foto del monarca en el «lugar preferente y de honor» del edificio municipal de la capital catalana. El fallo da la razón a la Delegación del Gobierno en Cataluña, que denunció al actual equipo de gobierno de Ada Colau, que al poco de tomar posesión decidió retirar el busto del rey Juan Carlos porque hacía un año que ya no era jefe del Estado. La Delegación requirió al Ayuntamiento que en su lugar colocara una imagen de Felipe VI, pero el consistorio respondió que no había recibido las fotografías por parte de la Administración central. Y no colgó ninguna. En paralelo, aprobó un cambio normativo que facultaba al plenario a decidir la representación de elementos simbólicos e institucionales en el salón de sesiones.

La sentencia apunta ahora que los reglamentos locales se encuentran subordinados a las normas básicas de la legislación estatal, si bien no detalla los términos para colocar la imagen real. El fallo no es firme y de hecho el equipo de Colau señaló que lo recurrirá ante el Tribunal Superior de Cataluña. Desde PP, Ciudadanos y PSC, en cualquier caso, reclamaron a la alcaldesa que cumpla la sentencia. La CUP, en cambio, advirtió que, si se coloca la foto, la volverá a quitar.

ERC se resiste a tomar medidas por el comentario machista de Salvadó

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, dijo ayer que el partido de momento no tomará medidas contra su diputado Lluís Salvadó tras publicarse una conversación telefónica en que, sobre la búsqueda de una consejera de Enseñanza, planteó elegir «a la que tenga las tetas más gordas». «Hemos tocado el tema y lo seguiremos haciendo en las próximas horas. En el momento que tengamos una respuesta definitiva, lo comunicaremos», argumentó. Sabrià criticó las palabras de Salvadó por considerarlas desafortunadas e inaceptables, pero atribuyó la filtración a una «guerra sucia» del Estado contra ERC. Además, anunció que denunciarán al programa de televisión Espejo público, que difundió la grabación.

Sànchez acusa a Llarena de saltarse la separación de poderes

La defensa del preso preventivo Jordi Sànchez, candidato independentista a presidir la Generalitat, remitió ayer un escrito de apelación ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo en contra de la negativa del juez Pablo Llarena a que se asista a la sesión de investidura en el Parlamento catalán. En un escrito de ocho páginas, el abogado del candidato centra su apelación en el rechazo del permiso especial para asistir al pleno. Una presencia obligatoria para poder ser investido presidente, según marcó el Tribunal Constitucional de forma cautelar en el caso del expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica. Por este motivo, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, reclama a la sala «celeridad» para resolver este recurso.

El abogado denuncia lo que considera vulneración de los derechos fundamentales de Sànchez y de sus votantes, del ordenamiento constitucional, del pluralismo político, de la autonomía de Cataluña y de la división de poderes que supone la denegación del permiso solicitado.

La defensa se queja de que la privación de Sànchez para defender su candidatura comporta «la evidente imposición de un castigo anticipado, pues se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable de ningún delito». La crítica del abogado también se extiende a las menciones «de oportunidad política» que hizo el juez Llarena en su auto del viernes, «totalmente impropias de un sistema en el que rige la división de poderes». En concreto, cuando dice que la candidatura de Junts per Catalunya «presenta otros integrantes» en la lista que no están investigados.

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