El Tribunal Supremo rechaza la entrega de Puigdemont solo por malversación

Llarena retira la euroorden contra el expresidente y carga contra los jueces alemanes

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madrid / colpisa

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha dictado un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania), es decir, para ser juzgado solo por un delito de malversación de caudales públicos, pero no por rebelión o sedición.

Llarena destaca en su resolución «la falta de compromiso» del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español, y estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea (OEDE), ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

El juez de la Sala Segunda (de lo Penal) retira además las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra los exconsejeros huidos en Bélgica, Escocia y Suiza: Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira. Sin embargo, contra todos ellos y Puigdemont se mantienen las órdenes nacionales de detención, si pisan suelo español, para ser juzgados por rebelión o sedición y malversación. En el primer caso, la prescripción del delito sería de 20 años si la pena máxima de prisión son 15 o más años.

Asimismo, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha presentado un escrito ante la Sala en el que solicita que se desestime la solicitud de modificación de las medidas cautelares acordadas y se mantenga la situación de prisión provisional sin fianza para los procesados. El ministerio público considera que las circunstancias que concurrieron para la adopción de esta medida cautelar no han variado.

Críticas al tribunal alemán

En su auto, el juez Llarena critica que el Tribunal de Schleswig-Holstein llega a valorar en algunos extremos, a efectos de fondo, la declaración exculpatoria de Puigdemont. Y esa ponderación de su relato entraña, para el magistrado, «conferir un valor probatorio definitivo a su versión, pese a que la declaración no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas en una extensa instrucción que el tribunal de ejecución desconoce, y sin que puedan someterse esas manifestaciones a contradicción con unas acusaciones que están privadas de las posibilidad de intervenir en el expediente de entrega».

Llarena resalta que el tribunal alemán denuncia que no se aprecian en los hechos algunas de las exigencias típicas identificadas por su propia jurisprudencia, «pero silencia que no ha reclamado a este instructor que le ilustre sobre aquellos extremos de la investigación que pudieran reflejar que sí concurren esos elementos, y ello pese a que este tribunal (en escrito de 26 de abril del 2018), comunicó al órgano judicial de Schleswig-Holstein que el relato [del auto de procesamiento en el que se asienta la euroorden] solo contiene los hechos que resultan de interés para el enjuiciamiento en España».

El magistrado español señala que todas esas circunstancias «no solo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento».

Cuestión prejudicial

Asimismo, Llarena sostiene que el tribunal alemán debió haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que, cuando existen dudas de interpretación de una norma de la UE, en este caso la aplicación de la euroorden, en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de posterior recurso judicial debido a su derecho interno, dicho órgano está obligado a formular la cuestión prejudicial al TJUE.

El juez también hace referencia a la denegación de entrega acordada en Bélgica respecto a otros tres procesados en la misma causa: Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. Recuerda que las autoridades belgas no aceptaron que el auto de procesamiento contra los tres tuviese la naturaleza ejecutiva que el ordenamiento jurídico español le atribuye, entendiendo así que no había una orden de detención nacional subyacente a la orden de detención europea.

Así, la valoración sobre el alcance del auto de procesamiento «discrepa abiertamente de la indicación de suficiencia que trasladamos al tribunal de ejecución, despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico, además de desconfiar de sus aclaraciones. Se muestran así inasumibles las objeciones formales expresadas en la resolución belga», reitera Llarena, que en su auto retira también las órdenes de detención europeas e internacionales contra Comín, Puig y Serret, reclamados a Bélgica, así como las de Clara Ponsatí, que está en Escocia, y Marta Rovira, en Suiza.

Claves del nuevo escenario

La decisión del Tribunal Supremo de rechazar la entrega a España del expresidente Puigdemont por un delito de malversación y de retirar la euroorden de arresto contra él abre un nuevo escenario. Estas son cinco claves sobre la resolución:

¿Por qué renuncia Llarena a la entrega de Puigdemont?

Si la hubiera aceptado, el Tribunal Supremo solo hubiera podido juzgarlo por un delito de malversación, penado como máximo con 12 años de cárcel, pero no hubiera podido sentarlo en el banquillo de los acusados por rebelión, delito más grave que puede suponer hasta 30 años de prisión.

¿Qué supone la retirada de la euroorden de detención?

La retirada de la orden europea de detención da oxígeno al expresidente catalán, quien en principio podrá moverse libremente por todo el mundo menos por España, donde es investigado por rebelión y malversación. Solo podrá regresar a este país sin riesgo de ser detenido cuando estos delitos prescriban, es decir, dentro de 20 años.

¿Cuáles son los siguientes pasos legales en Alemania?

Cuando la orden europea de detención se retire oficialmente se cerrará el procedimiento en Alemania. Puigdemont estaba en libertad bajo fianza y pasaría a ser legalmente libre.

¿Qué implica para los demás independentistas huidos? 

Llarena también dejó sin efecto las peticiones de entrega de otros cinco políticos independentistas que huyeron de España para evitar ser detenidos: Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira.

¿Habrá un efecto dominó?

Desde el entorno independentista reclaman que la decisión del tribunal alemán sobre Puigdemont tenga un «efecto dominó» sobre los otros separatistas procesados, pero cada caso sigue su curso.

El Gobierno catalán desdeña al Consejo de Política Fiscal y no acude por segundo año consecutivo

mercedes lodeiro

El consejero Pere Aragonès argumenta que prefieren citas bilaterales

El Gobierno catalán volvió ayer a dar plantón por segundo año consecutivo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunió para establecer la senda de déficit de cada región del 2019 al 2021 y para tratar cuestiones relacionadas con la reforma del sistema de financiación autonómica. La última reunión de ese ente creado en 1980 a la que asistió un consejero de Economía de la Generalitat fue la celebrada el 1 de diciembre del 2016 y en ella participó Oriol Junqueras. Pero desde entonces la deriva independentista de los gobernantes catalanes les ha llevado a evitar en lo posible los organismos derivados del Gobierno español e incluso del Estado. Su estrategia pasa por buscar un trato diferenciado al resto de comunidades autónomas para situarse en un marco superior. En esa línea priman los encuentros bilaterales Generalitat-Gobierno español frente a los que aglutinan a todas las comunidades.

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