Convalida el decreto con la abstención de PP y C's y el no de dos diputados populares
14 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Una larga ovación de los diputados puso el colofón a la aprobación en el Congreso del decreto ley que autoriza la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero no todos aplaudieron, solo lo hicieron los 172 del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PNV, PDECat, EH-Bildu y Coalición Canaria que votaron a favor; los 164 del PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, que se abstuvieron, no secundaron el gesto. Ahora solo falta saber dónde se trasladan los restos del dictador. Sus siete nietos, de momento, no han informado de sus intenciones.
El Gobierno y el PSOE quisieron dar la máxima solemnidad al trámite parlamentario. La vicepresidenta, Carmen Calvo, defendió el texto y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, expuso la postura de su grupo. El presidente del Gobierno no intervino porque no es diputado, pero escribió un inflamado mensaje en Twitter: «Justicia. Memoria. Dignidad. Hoy nuestra democracia es mejor». Era una forma de alejar el foco del revuelo creado en torno a su tesis doctoral. El decreto se tramitará como un proyecto de ley para que los grupos hagan sus aportaciones a la reforma de la ley de memoria histórica y ahí saltarán chispas porque las pretensiones de algunos tienen difícil encaje legal. La anulación de las sentencias impuestas por los tribunales franquistas, por ejemplo, es desaconsejada por numerosos juristas y en el Gobierno hay muchas dudas sobre su incorporación a la ley. Calvo, sin embargo, se comprometió con Esquerra Republicana a que el PSOE apoyará las enmiendas en ese sentido para incorporarlas a la norma.
Otra manzana de la discordia será el destino del Valle de los Caídos. Aunque los socialistas abogaban por crear un museo de la memoria y la reconciliación, Sánchez rechazó la idea porque ese proyecto tiene que estar fuera de un conjunto monumental franquista. El presidente pretende que sea un cementerio civil, pero Podemos y otras fuerzas insisten en el centro de la memoria. La constitución de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la represión en la dictadura, la financiación pública de las exhumaciones de más de 120.000 personas enterradas en fosas comunes y la voladura de la gigantesca cruz serán otros puntos calientes. Todo ello se dilucidará en la tramitación del proyecto.
En el debate de ayer nadie se opuso al traslado, salvo dos diputados populares que votaron en contra, dijeron que por error. También un grupo de seis incondicionales de Movimiento por España se concentró frente al Congreso para mostrar su rechazo con pancartas con lemas como: «El Valle no se toca y Franco tampoco» o «Sánchez ¡Desokupa! Deja a Franco en paz». PP y Ciudadanos no se opusieron, pero evitaron entrar en el fondo del asunto y atacaron las formas, un decreto ley, un instrumento legal para casos de urgencia. Ninguno de ellos vio urgencia para desenterrar a alguien que lleva 43 años bajo una losa de tonelada y media en la cripta de la basílica. «Una cortina de humo», dijo el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
«Lucha fratricida»
Su abstención fue criticada con aspereza por el resto de los grupos, porque consideraban que la ocasión merecía la unanimidad del Congreso. El PSOE puso especial énfasis en resaltar el cambio de postura de Ciudadanos, que hace un año votó a favor de la exhumación. Un giro que la portavoz socialista atribuyó a la «lucha fratricida» que libra con el PP para captar votos. Pero no solo populares y liberales se llevaron las críticas, porque buena parte de los grupos reprocharon al Gobierno socialista que haya sido poco ambicioso en la reforma de la ley de memoria histórica. El decreto ley convalidado ayer consta de un solo artículo que justifica que el dictador no pueda estar en el Valle de los Caídos, porque no es una víctima de la Guerra Civil.
Entretanto, se mantiene la incógnita sobre el destino de los restos. El Gobierno ya ha comunicado a los siete nietos de Franco que tienen quince días para informar de si se hacen cargo de ellos y a qué lugar quieren trasladar «la momia», como dijo Francis Franco. El Arzobispado de Madrid actúa de mediador para llegar a un acuerdo en medio de un clima tenso entre las partes, porque la familia insiste en que se querellará contra el Gobierno si mueve el ataúd.
