Los puntos clave de unos presupuestos que buscan disparar el gasto público con más impuestos

El acuerdo prevé aumentar la inversión después de que la Administración redujese el gasto un 5,6 % en los últimos cinco años. La subida del SMI es la mayor en 40 años


La aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2019 está más cerca tras el pacto entre Gobierno y Podemos alcanzado esta mañana en Moncloa. El documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias prevé un fuerte aumento del gasto público para «blindar el Estado de Bienestar» e importantes avances en materia laboral. Los principales puntos del acuerdo supondrán un gasto a mayores que supera los 5.000 millones de euros y que el Gobierno plantea sufragar elevando la presión fiscal. La novedad más destacada es el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). Según recoge el documento, pasará de 736 euros mensuales a 900 en el 2019.

La subida sería la mayor de la década, un incremento del 22,3 % respecto al año pasado que tiene como único precedente el alza del 25,5 % de 1981 a 1983, con Felipe González cumpliendo el segundo año de su primera legislatura al frente del Gobierno. En el balance interanual, se trata de la mayor evolución en la historia de la democracia.

Podemos trató de elevar el SMI hasta los mil euros, una barrera que el propio Pedro Sánchez se comprometió a alcanzar en una entrevista concedida al digital eldiario.es en el mes de julio. Por el momento, el alza se queda en 900 euros, unos 163 euros más que el actual. El aumento más alto en los últimos veinte años tuvo lugar en enero del 2017, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, con minoría en la cámara tras las elecciones del año anterior, aprobó una subida del 8 %.

El expresidente había pactado con los sindicatos una subida progresiva del SMI que alcanzaría los 850 euros mensuales en el 2020. Las alzas irían aplicándose anualmente: un 4 % en el 2018, otro 5 % el siguiente curso y, finalmente, un 10 % para el último año del período.

La aprobación del salario mínimo interprofesional para el ejercicio siguiente no precisa de acuerdo parlamentario, al adoptarse en el Consejo de Ministros mediante la firma de real decreto. PSOE y Podemos no tendrán que negociar así con el resto del Congreso para llevar a cabo la medida.

Otro de los puntos que prevé mejorar las condiciones laborales de los trabajadores es la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, que estarán remunerados por ley. Esto supondrá que los hombres puedan gozar de 16 semanas de baja. El cambio irá por tramos: en el 2019, el permiso se ampliará a ocho semanas, lo que supondrá un coste de 300 millones de euros. Las 16 semanas estarán disponibles en el 2021.

Revertir el declive del gasto público

Este tipo de medidas se enmarcan en el aumento del gasto público pactado entre las dos partes. El documento reconoce que «las estadísticas evidencian que España no tiene un problema de gasto público». Argumenta que la tendencia del anterior Ejecutivo era «reducir aún más su peso hasta llegar al 38% del PIB» y situarlo así al nivel de ingresos. Gobierno y Podemos entienden que ese nivel de ingresos «anómalo» es «incompatible con el mantenimiento de un Estado de Bienestar sólido» capaz de «restaurar el daño causado por la crisis económica».

Un informe publicado en junio por la Fundación BBVA apunta que el gasto español en los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y protección social) tiene un peso en el PIB cinco puntos inferior a la media de la eurozona.

El peso del gasto público respecto al PIB ha ido reduciéndose durante los últimos cinco años. La evolución en el periodo 2012-2016, según los datos del Ministerio de Hacienda, muestra un pico en el primer año. Las ayudas a las instituciones financieras realizadas en 2012 fueron las más elevadas del periodo analizado, con 39.584 millones, cifra que absorbió 3,81 puntos del PIB y que llevó al gasto público hasta el volumen de 500.177 millones de euros.

El gasto total no financiero de las Administraciones Públicas ha descendido un 5,6% en los últimos cinco años. El documento aprobado por Gobierno y Podemos no prevé un porcentaje de gasto público sobre el PIB, aunque se espera que la tendencia se revierta en los próximos cursos.

La proyección incluirá una mayor presión fiscal, con la creación de un impuesto de sociedades con un tipo mínimo del 15 %, un incremento del IRPF para las rentas superiores a 130.000 y 300.000 euros o una tasa sobre las transacciones financieras. 

Pensiones y vivienda

El acuerdo busca garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas en 2019 con un incremento de las prestaciones del 1,6% que se compensará al final de año si hay desviación frente a la inflación. Las pensiones mínimas y las no contributivas también aumentarán en un 3%. Ajustar el alza al IPC supondrá un impacto presupuestario de 704 millones de euros, mientras que las mínimas y no contributivas repercutirán en 384 millones. En total, el aumento de las pensiones supondrá un gasto de 1.088 millones de euros.

Otro de los puntos en los que se centra el documento es la vivienda, prestando especial atención a la burbuja del alquiler. El plan pretende regular el precio del alquiler en zonas tensionadas. «El incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turísticos de los alojamientos», señala el texto.

Habrá además un programa a cuatro años para aumentar en 20.000 el número de viviendas con alquiler asequible. En las cuentas se incluye un aumento del 38% del presupuesto para vivienda.

Lo que necesitan para aprobarlo

El trámite parlamentario para sacar adelante las cuentas públicas exige 20 votos más. La suma de PSOE y Podemos, más sus marcas, deja 151 diputados. El Gobierno volverá a necesitar el apoyo de los partidos nacionalistas para alcanzar el grueso de la mitad más un en la cámara. Incluso la abstención de hasta 13 congresistas y el voto a favor de otros veinte permitiría aprobar la ley. En definitiva, que los «síes» superen a los votos en contra.

El PNV fue el primero en reaccionar al documento presentado por ambas partes y, de momento, ha enfriado las expectativas: «Tranquilidad y pasito a pasito». También ambiguos fueron los diputados catalanes, con los que el Gobierno ya ha iniciado los primeros contactos tras aprobar el acuerdo junto a Unidos Podemos. Quien sí parece alegrarse de la fotografía de Sánchez e Iglesias estrechando la mano es Gabriel Rufián. «Esto es una buena noticia se tenga la bandera que se tenga en el balcón», manifestó el diputado de ERC en su cuenta de Twitter.

Se espera que tanto Partido Popular como Ciudadanos traten de tumbar en el Congreso la propuesta del Gobierno para los Presupuestos. La portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, ha considerado hoy que el acuerdo presupuestario es «la semilla de la próxima crisis económica» porque vuelve a poner en marcha las políticas que llevaron a la anterior recesión. La formación naranja se ha limitado a calificar de «papel mojado» el documento presentado esta mañana.

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