barcelona / colpisa

Quim Torra y Pere Aragonès, presidente y vicepresidente de la Generalitat, respectivamente, pactaron el pasado mes de octubre salvaguardar la unidad del Gobierno catalán hasta que se hagan públicas las sentencias del 1-O, en torno a finales de julio. Ayer volvieron a reunirse para escenificar una imagen de cohesión, pero el independentismo ya hace tiempo que está partido. La división se hizo ayer más patente, tras la decisión de Carles Puigdemont de presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra Roger Torrent y la Mesa de la Cámara catalana. La demanda tiene que ver con la decisión adoptada por la Mesa el 9 de octubre del año pasado, con los votos de ERC y el PSC, de retirar la delegación de voto al expresidente de la Generalitat, quien se resiste a asumir su suspensión como diputado decretada por el Supremo.

Según el recurso, del 9 de enero, la Mesa no tiene competencias para la retirada de la delegación de voto. El expresidente considera además que el órgano parlamentario vulneró sus derechos como diputado. El recurso al Constitucional, el tribunal que el independentismo no admitía como legítimo, supone todo un ataque contra el presidente de la Cámara catalana (de ERC) y causó malestar en la formación republicana. Aunque Esquerra en esta ocasión no quiso «entrar al juego» de sus socios y evitó amplificar la crisis, al menos públicamente. La percepción en la formación republicana es que el recurso del expresidente, huido en Waterloo, es una puñalada contra el presidente del Parlamento catalán para poner en duda, ante la opinión pública secesionista, su compromiso con la república. Y para dejar claro que es él quien se opone a restituir al expresidente, lo que se entiende como una traición al mandato del 21D.

La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, de JxCat y fiel a Puigdemont, negó que sea un ataque entre socios y aseguró que el recurso no debería ser motivo de conflicto entre ambas formaciones, mientras ERC optó por morderse la lengua. Los republicanos creen que en estos momentos no interesa airear las vergüenzas internas. Pero la unidad brilla por su ausencia cuando apenas quedan dos semanas para el inicio del juicio del 1-O.

Esquerra no quiso caer en las provocaciones de sus socios, aunque sí marcó distancias respecto a JxCat y veladamente los acusó de no decir la verdad. Desde el sector neoconvergente, afirmaron que se trata de un recurso meramente «técnico» e imprescindible si Puigdemont quiere llevar la cuestión de su suspensión como diputado al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Desde JxCat aseguraron además que Roger Torrent ya conocía que el expresidente pretendía defenderse en el Constitucional con un recurso. ERC, en cambio, negó los dos argumentos. Negó que Torrent o el partido estuviera al tanto del recurso y puso en duda que la demanda al Constitucional sea una condición sine qua non para llegar a Estrasburgo. En Esquerra también criticaron que en el independentismo se judicialicen las diferencias políticas.

En el fondo subyace la guerra que libran las dos principales formaciones del independentismo y que Torra y Aragonès trataron de disimular con su reunión.

La Eurocámara pasa la lupa la televisión pública catalana

cristina porteiro
Progración informativa de TV3
Progración informativa de TV3

Los eurodiputados analizan las denuncias de manipulación, politización y adoctrinamiento en TV3

Adoctrinamiento, manipulación informativa e incitación a la violencia. Son algunos de la larga lista de cargos que le imputó el martes Sergio Santamaría, exdiputado del PP en Gerona, a la televisión pública catalana (TV3) en la sede del Parlamento Europeo. Lo hizo a título personal, ante la Comisión de Peticiones, tradicional ring político donde los españoles acostumbran a resolver sus problemas. Hasta allí elevó sus denuncias.

 El catalán hizo repaso de los atropellos más graves que la cadena habría cometido contra la libertad de expresión y los derechos fundamentales, desde sugerir que «habrá muertos» y que la república se construirá «con sangre y fuego» a coaccionar a jueces como Pablo Llarena, del que llegaron a publicar datos personales. «Eso se concretó en acciones violentas contra su domicilio», subrayó ante la mirada perpleja de los eurodiputados no españoles, a quienes recordó que varios altos cargos de la corporación están llamados a declarar ante un juez de Barcelona por fomentar la participación en el referendo ilegal del 2017.

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ERC se siente traicionada por el recurso de Puigdemont ante el Constitucional