El juicio confirma el cisma en el secesionismo

Mientras que Junqueras argumentó estar preso «por sus ideas» para responder solo a su abogado y lanzar soflamas políticas, Forn contestó a las acusaciones con una defensa técnica


madrid / la voz

Con corbata por primera vez, sin un solo papel y de buen humor. Así se sentó a declarar ante el tribunal este jueves el exvicepresidente catalán y presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien convirtió sus dos horas de interrogatorio en un alegato político en defensa, no solo del derecho a la independencia, sino de que todo lo que los líderes secesionistas hicieron en otoño del 2017 -y por lo que están sentados en el banquillo del Supremo- ni fue delito ni incitó a la violencia. Al contrario. Se presentó como un pacifista al que se le juzga «por sus ideas». Se considera un «preso político» y por ello solo accedió a responder a su defensa, en una estrategia contrapuesta a la de su antiguo compañero de Gobierno, el exconsejero de Interior, Joaquim Forn. Este, que sí se avino a responder a las acusaciones, con la única excepción de la popular, ejercida por Vox. Forn optó por una defensa técnica, lo que evidencia grietas en el bloque del banquillo.

Junqueras, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre del 2017, se enfrenta a una pena de hasta 25 años de cárcel -la Fiscalía le acusa de un delito de rebelión, agravado por malversación- como principal impulsor del proceso separatista que culminó con el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI). Aunque aceptó declarar en castellano, destacando incluso la oportunidad que ello le daba de llegar a toda la sociedad española -«amo a España», llegó a decir-, se presentó ante el tribunal como un pacifista convencido de que la solución para Cataluña no pasa por la vía judicial sino por el diálogo, al que apeló repetidamente.

«Esto no se resuelve poniendo a gente en la cárcel», sostuvo, afeando a los Gobiernos del PP y del PSOE que, como respuesta a sus intentos de diálogo, «dejaran la silla de enfrente siempre vacía», a diferencia de lo que en su momento hicieron otros países, como Canadá o el Reino Unido, con Quebec, Irlanda o Escocia.

«Nunca, nunca, nunca»

Pese a que la Fiscalía le acusa de ser el líder de la rebelión, haciendo un llamamiento a la movilización ciudadana pese a conocer el riesgo de que acabara estallando la violencia, Junqueras usó el trampolín que resultaron ser las preguntas de su abogado para negar, una y otra vez, la mayor. «No somos enemigos de nadie», «somos buenas personas», declaró, asegurando que «nunca, nunca, nunca» habían usado la violencia para conseguir sus objetivos políticos. Con otras palabras: que el fin no justifica los medios y que lo importante es «preservar los valores».

«No hemos cometido delitos»

Aseguró que las acusaciones «retuercen» las cosas, ya que «nada de lo que hemos hecho es delito. Y de los que nos quieren atribuir, no hemos cometido ni uno». Insistió en que las movilizaciones ciudadanas del 20 de septiembre -durante los registros del departamento de Economía, que obligaron a desalojar por los tejados a la comisión judicial- fueron «pacíficas, cívicas, educadas» y que incluso se repartieron «claveles y se entonaron cánticos religiosos.

Defendió con igual vehemencia la celebración del referendo ilegal del 1-O, en contra del mandato del Constitucional, alegando que «votar no es delito, impedirlo por la fuerza sí lo es». «¿Dónde está prohibido que trabajar de forma pacífica para la independencia sea un delito?», se preguntó. El líder de ERC, que sostuvo que la única violencia fue la de las fuerzas policiales, fue subiendo el tono de su intervención y pidió disculpas por tanta «pasión». «Entiéndanlo. Llevo año y medio que no me dejan hablar. Y a mí me gusta hablar».

El exconsejero de Interior defiende que nunca ordenó a los Mossos facilitar el 1-O

 El exconsejero de Interior, Joaquim Forn, fue la antítesis de Junqueras. Se sentó ante el tribunal desplegando sobre la mesa montones de papeles y bastante tenso. Tanto, que prácticamente respondía a las preguntas del fiscal Fidel Cadena antes de que las concluyera.

Porque Forn, que también aceptó declarar en castellano en lugar de en catalán, sí se sometió a los interrogatorios de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, optando por defenderse de sus imputaciones: haber puesto a los Mossos d’Esquadra al servicio de la consulta secesionista, haciendo oídos sordos a la exigencia del Constitucional para impedirla. El ministerio público pide para él 16 años de cárcel.

El exconsejero se defendió asegurando que siempre había separado su «compromiso político» en defensa de la independencia -y, en consecuencia, de la celebración de la consulta del 1 de octubre- de su cometido como máximo responsable de los Mossos, que le obligaba a acatar los mandatos judiciales y a frenar el referendo.

Insistió, ante las reiteradas preguntas del fiscal, en que había hecho compatible ambas cosas (apoyar el 1-O y ejercer como consejero), asegurando que «nunca» había ordenado a los Mossos que facilitaran las votaciones. «Ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución», dijo, añadiendo que había «dado cumplimiento a todos los requerimientos de la Fiscalía».

La abogada del Estado, Rosa María Seoane, volvió sobre la extraña dualidad de Forn, preguntando con ironía «¿qué órdenes cumplían los Mossos? ¿Las de Forn como jefe del cuerpo o las de Forn como consejero?». El acusado, sin embargo, no se movió de sus posiciones.

También declaró que, pese a defender la independencia, nunca había utilizado recursos de su departamento para facilitarla o financiarla (algo que ya sostuvo Junqueras para desmontar la acusación de malversación) y recalcó que la DUI fue «simbólica», que no se votó, y que «hasta el último minuto» se buscó «una salida» con el Gobierno de Rajoy. Pero no llegó.

Marchena permite las declaraciones en catalán, pero no la traducción simultánea

Los acusados podrán declarar en catalán, si así lo desean, pero no dispondrán de traducción simultánea, sino a través de intérpretes en la sala. Ese fue el sentido en el que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, resolvió una de las demandas planteadas por las defensas en las cuestiones previas.

El magistrado argumentó que pretendía preservar el principio de «publicidad» del proceso, retransmitido en directo, que quedaría cercenado al no tener auriculares todos aquellos que lo siguieran desde fuera de la sala de vistas. Sin embargo, dio la posibilidad de responder en catalán a los acusados que quieran hacerlo por razones «de carácter emocional». Eso sí, con intérpretes.

También admitió, como pidió la defensa de Forn, que se cite a declarar como testigo al exministro de Interior en el momento de los hechos que se juzgan, Juan Ignacio Zoido.

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Concluye el interrogatorio al exconseller Joaquim Forn y se interrumpe el juicio hasta el martes a las 10 de la mañana, día en el que declarará el exconsejero de Presidencia Jordi Turull.

Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo
Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo
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Forn dice que intentó hablar con el delegado del Gobierno, Enric Millo y le envió imágenes de varias cargas policiales. Dijo que le preguntó si este era el mandato policial. Afirma que tuvieron una  «discusión muy elevada de tono por la violencia extrema de la Policía».

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Forn afirma que hubo una reunión con Interior el día antes del referendo y la coordinación se finalizó el mismo 1-O a las 10 horas. Solo había un millar mossos especializados en orden público de los ocho mil desplegados, confirmó Forn.

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