La izquierda apuesta por diluir las medidas de Rajoy durante la crisis, y la derecha, por una cartera de servicios común
23 abr 2019 . Actualizado a las 07:31 h.A menudo los partidos políticos ejercen el autopsicoanálisis en sus programas, siempre en positivo, claro. «La ciudadanía nos identifica mayoritariamente con los logros de la educación y la sanidad públicas», proclaman los socialistas aireando lo que consideran su patrimonio político, que ahora llaman a «consolidar». El PP, en cambio, incide en el aspecto de la igualdad, y en la idea de superar los diecisiete sistemas de salud por una estructura superior que garantice los mismos servicios, también en casos de movilidad de los pacientes. Ciudadanos y Vox también circulan por ese camino de uniformar los logros y evitar las fronteras burocráticas, algo que si se desideologiza convenientemente no tiene nada que ver con las ansias recentralizadoras que tienen algunos, sino como una forma de asegurarse que no haya distintas velocidades en el sistema nacional de salud.
Con los dos ámbitos -el educativo y el sanitario- hay que tener tacto, pues son en realidad servicios del Estado del bienestar que gestionan las comunidades autónomas, aunque el Gobierno central mantiene cierto margen de maniobra y capacidad de coordinación a través de las leyes generales que salen de las Cortes. Podría establecer los techos y los suelos, pero la habitabilidad de la casa la decidirán siempre los Ejecutivos autónomos. Habrá que escucharles, por tanto, y evitar la tentación de hacerles sus propias políticas. Dicho de otra manera, lo que se haga no debe empeorar el que probablemente es el mejor sistema sanitario público del mundo.
La izquierda -tanto el PSOE, como Podemos o En Marea y el BNG- creen que eso es lo que hizo el PP durante los años más duros de la crisis, cuando restringió el principio de universalidad en la asistencia, aplicó copagos o, en las comunidades donde gobierna, afrontó la privatización -o externalización- de ciertos servicios. Para el PSOE este es el inicio de un «modelo dualizado de servicios». Y lanza un dato escalofriante sin mencionar la fuente del supuesto estudio: en las 300.000 personas excluidas del sistema -principalmente inmigrantes- habría aumentado la mortalidad un 22 %.
Pero va a ser muy difícil encontrar políticos en el lado de la derecha que se atrevan a cuestionar las bases de la joya de la corona: el sistema o los sistemas de salud españoles. Los logros del bienestar son ya de todos, por mucho que el PSOE exhiba la prueba de paternidad de Felipe González. Así, el PP asegura que fomentará la medicina preventiva, incluso premiando con más financiación a aquellos centros que promocionen actividades en esa dirección. Y dicen que se prepararán para la gestión de las plantillas ante la creciente jubilación de profesionales. También garantizarán que la única lengua cuyo conocimiento será indispensable para acceder a un trabajo sanitario será el castellano. Como Ciudadanos, plantean una tarjeta sanitaria única estatal, a la que los de Albert Rivera añaden una cartera común de servicios para todo el país. Mientras, el PSOE anuncia que «revisará» -no habla de eliminar- los copagos «injustos» establecidos durante la crisis, mientras que Ciudadanos los suprimirá en casos de dependientes severos y grandes dependientes. También quieren «despolitizar» la gestión sanitaria. Los socialistas suprimirán inicialmente los copagos para los pensionistas con menor poder adquisitivo y avanzan un plan para solucionar el problema del déficit de profesionales en atención primaria.
Contra la «mercantilización»
Unidas Podemos, naturalmente, se opondrá a la «mercantilización» de la sanidad, algo lógico en un partido en el que todo lo que suena a mercado les parece inquietante. Ellos sí hablan claramente de eliminar todos los copagos y garantizar por ley que no se puedan establecer más. Aspiran a que la sanidad se lleve el 7,5 % del PIB frente al 6 % actual.
En Marea cree que es necesario reforzar la atención primaria y reducir por ley las posibilidades de privatización. El BNG quiere que la sanidad deje de ser considerada una potencial área de negocio para agentes privados.