El PP pone sobre la mesa vías exclusivas para ciclistas para conectar las ciudades. Nadie plantea pagar por las autovías
23 abr 2019 . Actualizado a las 20:29 h.Es curioso el efecto que finalmente tiene la sociedad civil en los partidos, incluso en aquellas formaciones aparentemente menos permeables a la impregnación. La bicicleta y su reflejo en las infraestructuras o en las políticas de movilidad empezó teniendo cierto predicamento en algunas ciudades y con algunos gobiernos, no necesariamente todos de la izquierda rupturista. Pero ahora casi todos se apuntan a esta demanda de una movilidad limpia, alentada por las preocupaciones ecológicas de la clase media -cada vez más explícitas- y sus nuevas formas de ocio, donde el deporte juega un papel fundamental. Hasta el PP, un partido que desde algunos círculos se relacionaba con el hormigón puro y duro, lleva en su programa la creación de una red pública de vías exclusivas de uso para ciclistas (VEUC) que conecten las principales ciudades españolas «y que sirvan también para el fomento del turismo rural y el conocimiento de la riqueza cultural de nuestro país». Y lo dicen en paralelo a su idea de cerrar la red de alta velocidad, mencionando por supuesto el AVE a Galicia, que inaugurará el presidente que salga elegido tras estas elecciones. En este sentido, es preciso recordar la experiencia gallega -en muchos sentidos pionera- de unir circuitos ciclistas interurbanos y construir sendas peatonales seguras.
Al cierre -relativo- de la segunda red de alta velocidad del mundo después de China también se apunta el PSOE, pero recuerda, como en buena lógica hacen otros partidos, que la etapa expansiva de las infraestructuras en España ha terminado -solo en la alta velocidad se han gastado más de 51.000 millones- y ahora hay que atender otras demandas, más de escala humana. La inversión era necesaria porque España se retrasó mucho más que el resto de los países en la modernización de su red ferroviaria, aunque como recuerdan tanto los socialistas como los de Podemos es preciso acordarse del tren convencional. Estos últimos quieren hacer de este medio la gran malla para vertebrar el país y luchar contra la despoblación, atendiendo la demanda de transporte ferroviario «de todos los municipios de más de 20.000 habitantes en el 2030». Respecto a la polémica del taxi, se alinean con el sector, al querer declararlo servicio público de interés general y establecer un requisito de dos horas de precontratación para las VTC, mientras que los populares quieren derogar el decreto del ministro Ábalos, algo en lo que coinciden con Ciudadanos.
Unidas Podemos también quieren frenar la prórroga de las concesiones de las autopistas a las grandes corporaciones, algo a lo que también se apuntan los de Albert Rivera. El PSOE no entra demasiado en este asunto, como tampoco menciona sus tanteos hacia el pago por el uso de las autovías para sufragar su cada vez más oneroso mantenimiento. Probablemente querrán mutualizar ese alto coste político en un pacto por las infraestructuras que también preconiza Ciudadanos, pero con la idea de que se impulsen proyectos «por criterios de rentabilidad socioeconómica y no electoralistas». Todos insisten en la relevancia de los corredores ferroviarios logísticos -tanto el atlántico como el mediterráneo-, pero los socialistas ven necesario aumentar en un 30% el número de pasajeros del ferrocarril para el 2025, para ser consecuentes con los objetivos de la transición ecológica. En este sentido destaca la propuesta del PP de implementar un único título de transporte urbano, de carácter digital, para que se puedan utilizar los medios públicos en cualquier ciudad española.
Propuestas desde Galicia
En el ámbito de las infraestructuras hay partidos como el BNG con una amplia experiencia parlamentaria en estos asuntos. Tanto los nacionalistas como En Marea, y también el partido estatal En Común Unidas Podemos, llevan en su programa la transferencia de la AP-9. Pero además se atreven con propuestas de planificación ferroviaria, como unir Santiago y Lugo directamente por tren o, en el caso de En Marea, desarrollar una conexión ferroviaria entre Chaves y Verín. Todos ellos reclaman una investigación rigurosa del accidente de Angrois, que no pudo completarse en la anterior legislatura.