El Tribunal de Derechos Humanos rechaza la demanda de Forcadell contra su prisión preventiva
ESPAÑA
Estrasburgo rechazó hace dos semanas la demanda de la expresidenta del parlamento catalán y otros 75 diputados catalanes por la anulación del pleno donde se declaró la independencia
12 jun 2019 . Actualizado a las 12:33 h.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la demanda de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell contra su prisión preventiva, según informaron este miércoles a Efe fuentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según las citadas fuentes, «la demanda ya no está pendiente», al «haber sido declarada inadmisible» por un juez único el pasado marzo.
Al haber sido una decisión adoptada por un juez único, solo se informó a las partes y no hubo comunicado de prensa ni aparece en la base de datos del TEDH, como sí ocurre con las decisiones que adopta un comité de tres jueces o una sala de siete.
La inadmisión de una demanda por un juez único solo dos meses después de haber sido presentada -como sucedió en este caso- suele deberse a tres razones: estar manifiestamente infundada, presentada fuera de plazo o no haber agotado las instancias judiciales internas.
Todo indica que la demanda de Forcadell fue rechazada por el último de los motivos, ya que cuando presentó la demanda el 18 de enero del 2019 lo hizo sin que el Tribunal Constitucional hubiera resuelto todavía sobre el recurso contra su ingreso en la cárcel.
La demanda de Forcadell alegó cuatro artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativos a los derechos a libertad y a la seguridad, libertad de expresión y de reunión y asociación, así como el derecho a elecciones libres.
Estrasburgo rechazó hace dos semanas la demanda de Forcadell y otros 75 parlamentarios catalanes, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, por la anulación del pleno de octubre del 2017 que podía declarar la independencia.
Una sala de siete jueces señaló que la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional era «necesaria en una sociedad democrática» para «el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de otros».
