El fiscal Bertossa estrecha el cerco sobre la cuenta del rey emérito en Suiza

Miguel A. Alfonso MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Juan Carlos I, en una imagen de febrero del 2020
Juan Carlos I, en una imagen de febrero del 2020 JOSÉ OLIVA / EUROPA PRESS

Después de tres años de investigación, imputa al presidente del banco que transfirió 64,8 millones de la Fundación Lucum a Corinna Larsen

04 ago 2021 . Actualizado a las 15:54 h.

«Ponen la propiedad dentro de la estructura, hacen como un contrato de venta y entonces parece todo perfecto. Claro, no pueden decir que el beneficiario es el otro (en referencia a Juan Carlos I). Entonces, sin decírmelo, me lo ponen y después dicen: 'Esta no quiere devolverle la cosa'. Pero si lo hago, es money laundering. Es blanqueo. Me está poniendo una presión bárbara para que le devuelva esas cosas, pero si lo hago vulnero la ley y puedo ir a la cárcel». Corinna Larsen se confesó en estos términos ante el comisario Villarejo en el 2015. También habló de cuentas opacas y de los 64,8 millones de euros, procedentes de presuntas comisiones del AVE a La Meca, que el rey emérito le habría transferido en junio del 2012. Dinero que, por otro lado, había recalado el 8 de agosto del 2008 en una cuenta del banco Mirabaud vinculada a la Fundación Lucum, cuyo primer beneficiario hasta la disolución de la misma el 30 de julio del 2012 era Juan Carlos I. El montante procedía del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.

No sabía que estaba siendo grabada. Y poco podía imaginar la amiga del emérito que tres años después, en julio del 2018, sus declaraciones iban a hacerse públicas. Ni mucho menos que el fiscal jefe del Cantón de Ginebra, Yves Bertossa, cuya principal misión es verificar el comportamiento de entidades financieras y desterrar la idea de que Suiza es un paraíso fiscal, iba a repasarlas una y otra vez hasta tratar de armar una posible causa. No le llevó mucho tiempo. El 6 de agosto de hace tres años la Fiscalía suiza abrió una investigación por blanqueo de capitales y soborno de funcionarios públicos extranjeros «a raíz de la información publicada según la cual el anterior rey de España, Juan Carlos I, habría ocultado en Suiza comisiones percibidas ilícitamente bajo la identidad de testaferros». Corinna Larssen, el abogado Dante Canónica y el gestor de cuentas Arturo Fasana, además del banco Mirabaud como persona jurídica fueron imputados. A finales del 2018, Yves Bertossa les tomó declaración. Esta vez, Corinna guardó silencio.

Durante este tiempo, la investigación ha dado varios palos de ciego. Pero también avances significativos que han llevado a este fiscal de 47 años a no arrojar la toalla. Remiso al principio a compartir su trabajo con la Fiscalía del Tribunal Supremo, al entender que la apertura de una causa en España -hay tres investigaciones abiertas al anterior jefe del Estado- podría entorpecer la suya, de un tiempo a esta parte se ha mostrado más abierto, hasta el punto de que este mes de julio mantuvo una reunión, a petición propia, para intercambiar información con Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del alto tribunal que dirige las diligencias del rey emérito, y Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

El presunto pago de comisiones en las obras del AVE a La Meca es el único nexo común de los hechos que se investigan en Suiza y en España. Aquí la Fiscalía se inclina, como llegaron a reconocer fuentes del Ministerio Público a finales del año pasado, por archivar las diligencias. No por falta de indicios de delito en la investigación, sino por el blindaje de la inviolabilidad constitucional de don Juan Carlos mientras fue jefe de Estado ?abdicó en junio de 2014?, y la prescripción del delito fiscal que hubiera podido cometer.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera el delito fiscal (defraudación de la cuota tributaria) como antecedente necesario para el blanqueo. Este ilícito penal se demuestra si en las cuentas de las que fue titular el anterior monarca (como el depósito 505523 en el banco suizo Mirabaud, donde se encontraba la Fundación Lucum) hubiera salido dinero hacia otras cuentas con las que se hubiera cubiertos gastos personales.

La Fiscalía suiza sostiene que los 64,8 millones de euros que Juan Carlos I transfirió en junio del 2012 desde Lucum hasta la sociedad Solare, depositada en el banco suizo Gonet&Cie en Bahamas, estaba a nombre de Corinna Larsen. Y que la empresaria germano-danesa pudo haber usado este dinero bajo sospecha por su presunto origen ilícito (corrupción en los negocios internacionales por las presuntas comisiones del contrato del AVE saudí) para seguir realizando inversiones cuando dispuso del dinero.

Organismo antiblanqueo

Toda la investigación de Bertossa se centra sobre la cuenta de Juan Carlos I, aunque cabe recordar que en ningún momento ha sido llamado a declarar ni está siendo investigado. Ahora, el fiscal suizo ha dado otro paso al frente y ha imputado a Yves Mirabaud, el presidente de la entidad bancaria ya objeto de investigación, por incumplir el deber de informar de la operación sospechosa de traspaso de 64,8 millones de euros al organismo administrativo suizo que vela por combatir el blanqueo de capitales, el Money Laundaring Reporting Office Switzerland. Mirabaud, hasta la fecha, ya había declarado como testigo; de hecho, ya dio a entender en su momento que no informó al organismo antiblanqueo para mantener a Juan Carlos I en el anonimato.

Una vez que Yves Bertossa tome declaración al presidente del banco suizo se conocerán los siguientes pasos a dar en un caso que tiene como objeto principal el comportamiento de la entidad financiera Mirabaud en la transacción de dinero de dudosa procedencia.