La Fiscalía acusa al expresidente del Parlamento catalán y a su Mesa de actuar como «una casta»
ESPAÑA
Reclama 20 meses de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional durante el «procés»
23 nov 2022 . Actualizado a las 10:47 h.El fiscal cree que el expresidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y su Mesa se creyeron «impunes» y actuaron como una «casta» situada por encima de los tribunales para tramitar resoluciones que no eran «lúdicas» ni «intrascendentes», como tampoco lo fue «la proclamación de la república que duró un minuto».
Así lo ha sostenido el fiscal, José Joaquín Pérez de Gregorio, en la última sesión del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Torrent -actual consejero de Empresa- y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlamento catalán en la pasada legislatura -Josep Costa, Adriana Delgado y Eusebi Campdepadrós-, para quienes ha mantenido su petición inicial de hasta 20 meses de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional.
En su informe, en apenas quince minutos, el fiscal ha recriminado a los acusados que cuando invocan su inviolabilidad parlamentaria «lo que en realidad» están propugnando es un «principio de impunidad», ya que pretenden estar «por encima» del cumplimiento del ordenamiento constitucional y de los requerimientos de los tribunales, «como si fueran una especie de casta».
El fiscal también ha rebatido la tesis exculpatoria de las defensas en el sentido de que las mociones que tramitaron eran meras expresiones de posicionamiento político sin voluntad ejecutiva y ha criticado que hayan intentado hacer ver que eran mociones «sin ninguna trascendencia» y de «carácter lúdico».
«Era una manera como cualquier otra de entretenerse en el Parlamento», ha afirmado el fiscal, ironizando sobre los argumentos de las defensas de que las resoluciones no tenían poder ejecutivo, ante lo que ha agregado: «como sin duda alguna también tenían carácter lúdico e intrascendente las leyes de desconexión o la proclamación de la república que duró un minuto».
El fiscal ha apuntado además que los acusados no han negado en ningún momento los hechos y que lo único que han intentado hacer en este procedimiento es buscar «argumentos exculpatorios», como el de la inviolabilidad, que ya fueron rechazados por el propio TSJC en el anterior juicio por desobediencia a los miembros soberanistas de la Mesa el Parlament en la etapa de Carme Forcadell.
En este sentido, ha agradecido la «sinceridad» el «acusado ausente», en alusión al exvicepresidente primero del Parlamento Josep Costa (de JxCat), que es abogado y se representaba a sí mismo y que ayer decidió abandonar el juicio, porque «sin ningún tipo de excusa» ha reconocido que veían al TC como un «tribunal ilegítimo» que no tenía que ser obedecido.
Por su parte, Andreu Van den Eynde, abogado de Roger Torrent, ha rechazado las críticas del fiscal a los acusados por creerse una «casta» por encima de la ley, al recordar que son representantes de los ciudadanos que han sido «votados» y ejercen su derecho a la libertad de expresión y participación política
En una intervención trufada de referencias a la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE), el abogado ha recordado a la sala que los derechos «siempre se tienen que expandir» y que es una obligación de los Estados «proteger positivamente los derechos fundamentales».
«Ustedes son Estado, aquí también estamos decidiendo si protegemos la libertad de expresión», ha sostenido el letrado mientras apelaba al tribunal a «integrar el mandato de Estrasburgo» en lo referente a la inviolabilidad parlamentaria y el derecho a libertad de expresión.
Van den Eynde se ha referido al también acusado Josep Costa, exdiputado de JxCat que ayer abandonó el juicio al no reconocer la autoridad del tribunal, y ha reconocido que «a veces, pobre, es un poco pesado, es un Pepito Grillo, pero lo que dice es verdad». «No deja de recordar cosas que ya defendíamos en 2016, que es la inviolabilidad parlamentaria», ha agregado el letrado, que ha reprochado a la Fiscalía que busque la «muerte política» de los procesados y «anular» una opción que, además, cuenta con el «apoyo mayoritario».
Jordi Pina, abogado de Campdepadrós, ha enmarcado el juicio en la serie de «procedimientos políticos» que se han instaurado en Cataluña desde el año 2017, con los que, en su opinión, el Estado pretende infundir «miedo». «Quieren meterles miedo, no podéis hablar de esto, porque si no os inhabilitaré o iréis a la prisión», ha agregado Pina, que cree que con ese tipo de ofensiva penal se pretende ganar en los tribunales lo que no se puede «ganar en las urnas».