Esquerra acude al rescate del Gobierno y le permite salvar el primer trámite de la ley mordaza

La reforma de la ley mordaza salvó este miércoles por los pelos su primer trámite parlamentario. Superó el paso de ponencia a comisión a trompicones y, por ahora, sin un acuerdo de la mayoría para ser aprobada ni en comisión ni, mucho menos, en pleno. Solo el voto in extremis a favor de ERC, apenas unas horas después de llegar a un acuerdo con el PSC para los presupuestos en Cataluña, evitó la muerte prematura del proyecto de reforma, que al menos llegará con un hilo de vida a la comisión.

Eso sí, quedó claro que las posiciones siguen muy distantes, por ahora, para alumbrar una nueva ley. La ponencia que lleva meses trabajando para sacar adelante las modificaciones de la ley de seguridad aprobada por el PP en el 2015 dio el visto bueno a un primer texto, pero evidenció el cisma que todavía separa al Gobierno y a sus socios parlamentarios en cuatro puntos esenciales y en los que están bloqueados desde hace meses: el uso de las pelotas de goma (artículo 23); las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes (artículo 36.6); y la disposición adicional que legalizó las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla.

A pesar de las más de 40 reuniones en los últimos 13 meses de los seis grupos favorables a la reforma —PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Bildu y Junts—, siguen siendo incapaces de consensuar un texto en los artículos que están detrás del 70 % de las sanciones que se imponen por la ley mordaza.

Este miércoles, de hecho, ERC —a pesar de su apoyo para que la reforma siguiera viva— unió sus votos a los de Bildu para rechazar de plano las enmiendas de última hora que PSOE, UP y PNV habían presentado para intentar pactar en tres de los cuatro artículos en disputa (pelotas de goma, desobediencia y resistencia a la autoridad).

Pelotas de goma

En el tema de las bolas de caucho, en el que republicanos y aberzales insistieron en que solo aceptarán su total abolición, los partidos del Gobierno y el PNV ofrecieron como alternativa que el Ministerio del Interior elabore un «estudio sobre el empleo del material antidisturbios» y que a partir de su elaboración «las autoridades competentes desarrollen protocolos específicos» sobre «la gestión policial de manifestaciones y reuniones». Unas instrucciones que, en cualquier caso, según la propuesta, deberían facilitar la «identificación de los agentes asignados en las unidades que utilicen este tipo de material», «especificar las técnicas de aislamiento selectivo de grupos violentos» y garantizar que habrá un «sistema de rendición de cuentas» para que siempre se usen «los medios menos lesivos para las personas». 

«Oposición corporal»

ERC y Bildu también votaron en contra de la propuesta de los partidos del Gobierno y el PNV de que se entienda como «desobediencia» a la autoridad cuando esta sea «manifiesta», cuando haya una «negativa a cumplir una orden legal», cuando se use la «oposición corporal o exista una «negativa manifiesta a identificarse». Los independentistas vascos y catalanes sostienen que con esa redacción tan vaga los agentes seguirán teniendo un margen demasiado amplio para imponer sanciones graves.

Tampoco hubo acuerdo entre los socios de investidura para dar el visto bueno a la propuesta de socialistas, UP y PNV de considerar falta de respeto a la autoridad «las expresiones o actos humillantes, despectivos u ofensivos que desacrediten objetivamente el ejercicio de la función que representan los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad» y siempre que estos sean «expresiones o actos relevantes, sin que pueda considerase sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el respetuoso ejercicio de la libertad de expresión». De nuevo, Bildu y ERC consideraron demasiado interpretable esta redacción a favor de los agentes.

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