El abogado de la UE ignora a la Comisión y falla que se puede amnistiar la malversación
ESPAÑA
Spielmann refuta las tesis del Ejecutivo comunitario, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional
13 nov 2025 . Actualizado a las 22:10 h.La Justicia europea se inclina por avalar la amnistía a los líderes del procés. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, dio su aval a la ley del perdón pactada en el 2023 por socialistas e independentistas catalanes para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un controvertido informe de un centenar de páginas, el letrado mayor de la UE considera que la norma no colisiona con el derecho comunitario ni afecta a los intereses financieros de la Unión. Aunque la opinión de Spielmann no es vinculante para el TJUE, su criterio suele guiar la mayoría de las resoluciones. Si la corte de Luxemburgo, que deberá pronunciarse en un plazo máximo de tres meses, se alinea con las tesis del abogado general, los líderes del 1-O tendrán más cerca la amnistía.
Los argumentos del letrado luxemburgués chocan con las alegaciones del abogado del Ejecutivo comunitario, el español Carlos Urraca, que en la vista celebrada en julio pasado cuestionó que la norma responda al interés general, calificándola de «autoamnistía», por formar parte de un «acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España». Para Spielmann, en cambio, «nada permite calificar la ley de amnistía de autoamnistía en el presente caso», ya que esta se acordó «en un contexto real de reconciliación política y social», y fue «fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista».
El luxemburgués no solo enmienda al abogado de la Comisión, sino que también niega los planteamientos del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional en las cuestiones prejudiciales elevadas al TJUE. En el primer caso, subraya que «la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la ley orgánica de amnistía por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión, puesto que no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión». También rechaza las tesis de Sociedad Civil Catalana, una de las partes personadas, que acusa a 35 ex altos cargos de la Generalitat (incluidos los expresidentes Puigdemont y Mas) de malversar fondos públicos, unos cinco millones de euros, para organizar el referendo ilegal y la propaganda exterior del proceso a través del Diplocat.
Respecto a la causa por terrorismo que se sigue en la Audiencia Nacional contra una docena de activistas (los llamados CDR), el informe del abogado general sostiene que la amnistía no contraviene la directiva europea antiterrorista: «Dicha ley no priva a esta Directiva de su plena eficacia, puesto que meramente conlleva una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza».
Solo críticas menores
Pese al aval general a la ley, Spielmann critica algunos aspectos, como el plazo de dos meses que da a jueces y tribunales para aplicarla, algo que podría afectar al derecho a la tutela judicial efectiva. En su opinión, «no es conforme con el Derecho de la Unión obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses». Al mismo tiempo, cuestiona que se obligue «a dar audiencia, exclusivamente, a las entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo de los caudales o efectos públicos relacionado con los hechos amnistiados y al Ministerio Fiscal antes de dictar una resolución que absuelva de responsabilidad a las personas demandadas, sin mencionar a las partes que hayan ejercitado la acción pública».
El alegato de Spielmann da aire a Puigdemont
Tras los últimos reveses judiciales sufridos por los independentistas en Europa, el alegato en favor de la amnistía del abogado general de la UE despeja, aunque solo en parte, el viacrucis judicial de Carles Puigdemont y el resto de promotores del procés. El expresidente catalán se atrevió a afirmar hace año y medio, en plena campaña de las elecciones regionales, que acudiría en persona a la sesión de investidura en el Parlamento autonómico, con la amnistía bajo el brazo. El optimismo desbordado del principal instigador del golpe a la legalidad del 2017 se fue diluyendo con el transcurrir de los meses.
Primero fue el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien en su auto del 1 de julio del 2024 le negó el perdón por la malversación de caudales públicos, una de las excepciones contempladas en la norma. El juez instructor de la causa mantuvo la orden de detención contra Puigdemont y sus ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, que sigue vigente y que les impide regresar a España sin riesgo de ser apresados. La decisión fue confirmada en abril por la sala segunda, que desestimó todos los recursos presentados por las defensas. Este jueves, después de conocer las conclusiones de Spielmann, el abogado del prófugo de Waterloo, Gonzalo Boye, se mostró exultante, dando por hecho que el TJUE resolverá en el mismo sentido: «Podemos estar muy contentos, se ha demostrado que la ley de amnistía no es contraria al derecho de la Unión Europea en nada: ni en malversación ni en terrorismo ni en desórdenes públicos». Boye llegó incluso a poner fecha al posible retorno de su cliente, que situó sobre el mes de febrero. «Si el TJUE confirma la tesis del abogado general, entiendo que el presidente podrá volver», dijo en RAC1, antes de preguntarse en tono jocoso «qué hará el Supremo para continuar sin aplicar la ley, ¿ir al Vaticano?».
Lo cierto es que, haga lo que haga la corte de Luxemburgo, el regreso de Puigdemont seguirá dependiendo de lo que dictamine en última instancia el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional soberano que culmina la organización del poder judicial del Estado. Solo el Constitucional podría enmendarle la plana si acepta los recursos de amparo solicitados por Puigdemont, Junqueras, Turull y el resto de encausados. Llegado el caso, podría forzar al TS a levantar las medidas cautelares impuestas contra ellos, las órdenes de detención, si entiende que atentan contra derechos fundamentales amparados por la carta magna. No sería el primer choque de trenes entre ambos tribunales. Agotada la vía europea en el TJUE, el Supremo perdería uno de los resortes empleados para oponerse a la aplicación de la norma. Pero está por ver que sea el último.
El Gobierno habla de «victoria rotunda» mientras los secesionistas urgen a aplicar la medida de gracia
REDACCIÓN / LA VOZ
Satisfacción en la Moncloa, en la Generalitat de Cataluña y entre los partidos independentistas. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, defendió que «se tiene que garantizar el cumplimiento de la ley» de amnistía y esta también tiene que cubrir a los «dirigentes» del procés, como Carles Puigdemont. En una entrevista en RTVE, la socialista señaló que la resolución del abogado general de la UE demuestra «lo que defendía el Gobierno, que es una ley constitucional y acorde al derecho europeo», y que está consiguiendo los objetivos por los que se puso en marcha, es decir, la normalización de Cataluña, e insistió en que «tiene que seguir aplicándose». La también ministra de Educación agregó que, aunque «ya ha llegado a un número importante de personas, tiene que cubrir por supuesto a todas, incluidos, como no podía ser de otra manera, también los dirigentes».
«Magnífico», según la Moncloa
El titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, coincidió en celebrar el dictamen, que tildó de «victoria rotunda», en una breve comparecencia ante los medios en los pasillos del Congreso. Fuentes gubernamentales añadieron que consideran «magnífico» el contenido de la resolución; y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, apuntó, durante una visita a Lérida, que el perdón «se va a ejecutar con máxima normalidad y tranquilidad».
Illa: «Es un paso significativo»
El presidente de Cataluña, Salvador Illa, aplaudió el aval del abogado general porque es «un paso significativo» antes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE. «Puedo decir que estoy contento», reconoció el socialista en un acto en el Liceo, donde reclamó que «la ley de amnistía se aplique con agilidad y sin subterfugios» pues «es una ley buena para Cataluña y para España».
Junts reclama «contundencia»
El líder de los posconvergentes, Carles Puigdemont, advirtió en redes sociales de que la resolución «es muy explícita y muy bien fundamentada, pero no olvidemos que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria». El fugado a Waterloo aseguró que el abogado general evidenció «la indecente estrategia de dilación y manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad». Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, describió el dictamen como una «muy buena noticia», mientras el secretario general, Jordi Turull, urgió al Tribunal Constitucional a que «tome nota» y resuelva «con contundencia» los recursos que tiene pendientes para su aplicación. «Hoy es un pequeño paso procesal, pero es un gran paso para el retorno de nuestros exiliados», sostuvo en una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona.
«Se allana el camino» para ERC
El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras —que sigue a la espera de la aplicación del perdón para dejar de estar inhabilitado—, dio la bienvenida a la decisión del abogado general y confió en que el TJUE adopte la misma posición y se «allane el camino» para que la corte de garantías aplique la medida de gracia. «Lo celebramos y expresamos nuestra alegría y satisfacción por ver cómo nuestras tesis son avaladas», agregó. El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès escribió en X que «cada vez quedan menos excusas a quienes quieren dinamitar una ley lógica y necesaria», mientras el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, aplaudió el «sentido común» del informe.
La CUP insta a «desencallar»
La líder de la CUP en el parlamento catalán, Pilar Castillejo, señaló que la conclusión sobre el perdón les « acerca a desencallar definitivamente la situación de personas que hace unos cuantos años que viven con angustia».
El PP asegura que el informe es «un nuevo varapalo» para el Ejecutivo de Pedro Sánchez
REDACCIÓN / LA VOZ
El secretario general del PP, Miguel Tellado, consideró que el informe del abogado general del TJUE sobre la ley de amnistía constituye un «nuevo varapalo» para el Gobierno de coalición porque esa norma «choca con el derecho europeo». En su opinión, «todo el sanchismo se desmorona».
Casi toda la cúpula del partido salió en tromba a señalar que la norma «choca con los principios del Derecho de la Unión». Su vicesecretaria de regeneración institucional, Cuca Gamarra, apuntó que «es claro y contundente el abogado general cuando habla y advierte de la vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley. Y esto es de máxima gravedad». La riojana llegó incluso a afirmar que la medida de gracia es «una autoamnistía» que se elaboró para comprar la investidura de Pedro Sánchez, pese a que el abogado general concluye que «nada permite calificar la ley de amnistía de autoamnistía».