La Guardia Civil mantiene que Leire Díez rendía cuentas a Santos Cerdán y que el PSOE pagó gastos a la trama
ESPAÑA
La UCO revela que la directora la Benemérita conocía desde mayo del 2025 la existencia de la operación de desprestigio
15 jun 2026 . Actualizado a las 12:47 h.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un nuevo informe remitido al juez Santiago Pedraz que la directora general del cuerpo, Mercedes González, conocía desde mayo del 2025 la existencia de la operación de descrédito dirigida contra la propia UCO por el entorno de Leire Díez. Los agentes afirman literalmente que «la directora general, al menos desde el día 8 de mayo del 2025, fuera conocedora de la actividad supuestamente desarrollada por Leire», en referencia a una «campaña de descrédito» contra la unidad que investigaba causas de corrupción que afectaban al entorno socialista.
La afirmación figura en el informe 98/2026 de la UCO, fechado el 11 de junio, ampliatorio del atestado 89/2026. Los investigadores reconstruyen en ese documento cómo circuló por la cadena de mando una nota sobre las maniobras de Leire Díez y su entorno contra los agentes de la UCO. Esa nota, según los extractos incorporados por los agentes, describía que la investigada habría pedido no solo «atacar procesalmente la instrucción que está llevando a cabo la UCO», sino hacerlo también «contra los investigadores», «personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos» y solicitando «cualquier tipo de material comprometedor» del que se pudiera disponer.
La nota iba todavía más lejos. Según recoge la UCO, el grupo de personas analizado «haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría el Sr. Santos Cerdán», entonces secretario de Organización del PSOE, «teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil». Los agentes presentan ese documento como uno de los elementos que permiten situar a la cúpula del instituto armado al tanto de la existencia de una ofensiva contra la unidad.
El conocimiento de González, según la UCO, no deriva solo de esa nota, sino también de la declaración del jefe de Policía Judicial. Este mando explicó que, por la gravedad de la información y por la «posible injerencia en las investigaciones» de la UCO, planteó al DAO la conveniencia de que el contenido fuera puesto en conocimiento de la directora general. La respuesta del DAO fue que la directora «ya era conocedora de la misma». El jefe de Policía Judicial añadió que el DAO le entregó una nota de la Jefatura de Información «con un contenido muy similar» en la que se detallaba «la existencia de una campaña de descrédito» contra la UCO.
El informe incorpora además un correo fechado el 12 de mayo del 2025 en el que el jefe de Policía Judicial trasladó al jefe de la UCO esa misma información. «Adjunto documento que el DAO me entrega en despacho del día 8 de mayo por la tarde, que a su vez le dio el Gral de Información en fechas anteriores», escribió. Y añadió una frase clave: «DAO me comentó que este asunto lo había puesto en conocimiento de la Directora Gral.».
Esa línea se cruza con otro episodio especialmente delicado para González. El 11 de mayo del 2025, a las 9.16 horas, la UCO detectó en el chat entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil dos mensajes automáticos de WhatsApp. El primero, según los agentes, «resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva». El segundo, siempre según el informe, «resulta indicativo» de que a esa hora «por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un período de cadencia de 24 horas».
Los investigadores enlazan ese borrado con mensajes previos en los que Leire Díez hablaba de Mercedes González con otras personas de su entorno. El 9 de mayo, Leticia de la Hoz le remitió una información sobre la UCO y le dijo: «Páseselo a Mercedes a ver qué opina». Leire respondió: «Se lo acabo de pasar». Poco después añadió: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO». La UCO subraya que esos mensajes apuntan a una conversación anterior entre ambas y aluden a la apuesta sobre el origen de las filtraciones.
La crisis interna se agravó los días siguientes. El 11 de mayo, el DAO convocó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad en la cafetería de la Dirección General para comunicarle que tenía intención de abrir una información reservada por una noticia sobre mensajes de José Luis Ábalos y Koldo García. Esa información reservada se orientó a averiguar una posible filtración atribuida a la UCO, pese a que, según el propio sumario, el abogado de Ábalos comunicó a Leire ese mismo día que «el cliente» decía que «no ha sido la UCO».
El 13 de mayo, el jefe de Policía Judicial declaró que trasladó al instructor de esa información reservada que resultaba imposible que la filtración procediera de la UCO, porque los archivos del dispositivo que se atribuía como origen eran anteriores a los mensajes publicados. Al día siguiente, el jefe de la UCO recibió otro mensaje relevante: «Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO». Pese a ello, la maquinaria interna ya se había activado.
La otra gran novedad del informe afecta de lleno a Santos Cerdán y al PSOE. Durante las actuaciones practicadas en la sede socialista, la UCO localizó entre las pertenencias del exsecretario de Organización un impreso cuyo contenido coincidía con el documento «2024-11-19 Incumplimientos», encontrado antes en el portátil intervenido a Leire Díez. Para los investigadores, que ese documento estuviera en poder de Cerdán «pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada por parte de Leire».
Ese documento incluía varias de las líneas de actuación de la red. Sobre Villarejo recogía: «Nos dijeron que el abogado se dirigiera al fiscal para quedar con él para llegar a un acuerdo». Añadía que, cuando el abogado se acercó al fiscal, este le dijo que tenía «un teléfono escacharrado» y que «ni acuerdo ni nada». También apuntaba que Villarejo tenía «las pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena» y recogía referencias a Francisco Martínez, Javier Pérez Dolset, Gonzalo Boye, Luis Sáenz de Tejada, Grinda y Alejandro Luzón.
El informe también refuerza la conexión logística con el PSOE. Según la documentación aportada por el propio partido, Santos Cerdán, como máximo responsable de Organización, «no requería de ninguna autorización» para contratar alojamientos o medios de transporte. En relación con Leire Díez, la UCO recoge que Cerdán «dio instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado» por ella, de modo que Leire se comunicaba directamente con la Secretaría para pedir vuelos, hoteles o vehículos «sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión».
Un correo interno de abril de 2024 resume el sistema con crudeza. Ante la duda de si Leire estaba autorizada para viajar con cargo al partido, una empleada respondió: «Es una orden directa del secretario de Organización». La UCO conecta además uno de esos viajes abonados por el PSOE, el 26 de agosto de 2024, con una reunión de Leire con José Manuel Villarejo en Madrid.
El mismo patrón aparece en los pagos a despachos y consultoras. Sobre Jacobo Teijelo, abogado contratado por el PSOE, el informe recoge que la formalización de sus servicios se hizo «a petición del Sr. Santos Cerdán» y que la «supervisión y control» de los trabajos fueron asumidos por el propio Cerdán. Sobre Oliver & Partners, la UCO confirma una factura de 22.500 euros más IVA al PSOE y vuelve a señalar que el contrato se formalizó a petición de Santos. También en Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Gaspar Zarrías y empleadora de Leire, los investigadores recogen que los servicios fueron formalizados a petición de Cerdán y supervisados por él.