El juez del caso Zapatero pide a la UDEF un informe «exhaustivo» para determinar si Venezuela está detrás de Plus Ultra
ESPAÑA
Anticorrupción quiere reconstruir desde el 2011 todos los cambios accionariales y la financiación de la aerolínea para determinar su incidencia en el rescate de 53 millones
04 ago 2026 . Actualizado a las 16:36 h.El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que elabore un informe «exhaustivo» sobre la evolución de la propiedad real de Plus Ultra y la entrada de capital venezolano en la aerolínea desde el 2017. La diligencia pretende reconstruir la historia registral completa de la compañía, identificar quién realizó realmente las aportaciones económicas y determinar qué incidencia pudo tener esa estructura accionarial cuando la empresa obtuvo en marzo del 2021 un rescate público de 53 millones de euros como compañía estratégica. Calama acordó la medida este martes mediante una providencia en la que asumió íntegramente la petición presentada el pasado 31 de julio por la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado ordenó oficiar a la UDEF para que estudie «la evolución de la propiedad del capital social» de Plus Ultra «en los términos solicitados por el Ministerio Público». La resolución puede recurrirse en reforma en un plazo de tres días.
La Fiscalía parte de un informe policial del 14 de noviembre del 2025 que ya incluía una primera radiografía de la composición accionarial de la compañía. Sin embargo, considera que esa aproximación resulta insuficiente y reclama ahora un análisis que abarque desde su constitución hasta la actualidad.
Plus Ultra fue fundada el 25 de agosto del 2011 por los empresarios españoles Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque. Tras obtener su certificado de operador aéreo, comenzó a volar en el 2015. El cambio decisivo se produjo dos años después, cuando varias personas de origen venezolano entraron tanto en el capital como en los órganos de administración y asumieron progresivamente el control de la compañía.
Anticorrupción identifica entre esos inversores a Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas, María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff. También cita a Raif El Arigie Harbie, que ocupó cargos de responsabilidad sin figurar como accionista, y a Alcíades José Carrión Carrion, por las «significativas relaciones financieras» que mantuvo con la aerolínea.
El escrito sostiene que las aportaciones se canalizaron mediante diversas escrituras públicas cuya realidad y alcance deben comprobarse. La UDEF deberá determinar no solo quién suscribió formalmente las acciones, sino si los desembolsos fueron «concretos y efectivos», cuál fue el origen del dinero y cómo evolucionaron después la propiedad y la financiación.
La fotografía utilizada por la Fiscalía muestra que, en abril del 2021, el principal accionista era SNIP Aviation, con el 45,33% del capital. Le seguían Fly Spain, con el 11,47%, y Alva Skies and Wings, con el 9,46%. Flavio Borquez y Héctor Tobía figuraban cada uno con otro 7,5%. El resto estaba repartido entre una quincena de sociedades y pequeños accionistas, mientras que el fundador Julio Martínez Sola conservaba una participación puramente testimonial.
SNIP Aviation y Fly Spain estaban vinculadas al entorno de Rodolfo Reyes y María Aurora López. Los escritos aportados recientemente por antiguos directivos de Plus Ultra sostienen que Reyes ejerció el control de la compañía a través del máximo accionista y de su presencia en el consejo de administración. También afirman que Camilo Ibrahim entró en el 2017 y abandonó posteriormente esa inversión tras alcanzar un acuerdo con Reyes y López.
La Fiscalía considera de «gran trascendencia» saber cómo llegó ese capital venezolano a la sociedad española y qué efecto tuvo en la consideración de Plus Ultra cuando solicitó la ayuda pública. Por ello pide investigar «los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés», tanto mediante las inscripciones del Registro Mercantil como a través de cualquier otro documento disponible.
La diligencia no presupone que las aportaciones fueran ilícitas ni que la presencia de accionistas extranjeros impidiera recibir la ayuda. Las normas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas no exigían que el capital fuera español. Reclamaban que la beneficiaria tuviera el domicilio social y sus principales centros de trabajo en España, fuera viable a medio y largo plazo y acreditara que su desaparición provocaría un elevado impacto económico o laboral. También obligaban a valorar su importancia sistémica o estratégica.
La investigación trata de aclarar, por tanto, quién controlaba realmente la aerolínea, quién aportó los fondos y si esos datos fueron correctamente expuestos y valorados en el expediente. Parte de las participaciones figuraba formalmente en manos de sociedades españolas, pero la documentación reunida hasta ahora apunta a que el núcleo decisivo de poder y financiación procedía de empresarios venezolanos.
Ese análisis adquiere relevancia por las dudas que ya reflejó la propia Dirección General de Aviación Civil antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate el 9 de marzo del 2021. En su informe confidencial del 18 de febrero, firmado electrónicamente seis días después, Aviación Civil describió a Plus Ultra como una empresa con una «posición débil en resultados desde el inicio de su operativa» y recordó que había cerrado todos los ejercicios con pérdidas desde el 2015.
El documento redujo su cuota al 0,2% de los pasajeros y al 0,1% de los ingresos del mercado español. En el 2019 había transportado 155.080 viajeros, alrededor del 0,1% del total, y su presencia en Barajas era «bastante reducida». El 94,5% de sus pasajeros eran extranjeros, principalmente latinoamericanos. Aviación Civil advirtió también de que «el apoyo financiero sigue siendo clave para el sostenimiento de la compañía, aun bajo los supuestos de crecimientos optimistas».
El análisis reconoció algunos elementos favorables, como su especialización en determinadas conexiones con Latinoamérica, pero dibujó una compañía pequeña, muy expuesta al largo radio y dependiente de financiación externa. El expediente terminó considerando a Plus Ultra estratégica y autorizó 34 millones mediante un préstamo participativo y otros 19 millones a través de un préstamo ordinario.
La nueva diligencia se incorpora a la causa en la que Calama investiga las gestiones realizadas alrededor de ese rescate y los pagos posteriores efectuados por Plus Ultra a sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez, «Julito». El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está investigado por su presunta participación en una estructura de tráfico de influencias y blanqueo, acusaciones que ha rechazado. Sostiene que nunca intervino ante el Gobierno, la SEPI o el Ministerio de Transportes para favorecer a la aerolínea y que todos sus trabajos profesionales fueron reales.