El director de la Policía dice que el informe no atribuye a Marruecos «la planificación o la ejecución» del asalto masivo a Ceuta

Sergio García / Javier Arias Lomo COLPISA

ESPAÑA

Migrantes intentando cruzar a España desde Marruecos, el pasado 31 de julio.
Migrantes intentando cruzar a España desde Marruecos, el pasado 31 de julio. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Desmiente que un documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que fue remitido a la Audiencia Nacional, apuntara a una operación de Rabat

02 sep 2026 . Actualizado a las 18:30 h.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.

Pardo, en un comunicado, ha informado además de que la jueza María Tardón, que pidió un informe a la Policía para decidir si abre una investigación en la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido, dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre dicho informe, por lo que él no tuvo conocimiento del mismo.

Según informaciones periodisticas, ese informe de la Policía Nacional responsabilizaba a gendarmes marroquíes de dirigir la entrada ilegal de más de 70.000 migrantes en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio. El documento habría sido elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), según adelantó ayer El Español.

Tras conocerse la noticia de la existencia del informe, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se dirigió esta madrugada por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber, «de ser cierto», desde cuándo disponía de este documento que el Gobierno desconocía. El ministro entiende que esa información es, «absolutamente esencial» para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, pueda ejercer su responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno adopte «las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado».

Según el ministro, «se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito».

Ello, continúa el ministro del Interior en su misiva, «al margen de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informen inmediatamente al ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior». «Por ello —concluye Grande-Marlaska—, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo».

Plan para colapsar el control fronterizo

Según las informaciones periodísticas publicadas, las investigaciones realizadas por el CENIF sostienen que esta operación organizada desde Marruecos respondía a un plan cuyo principal objetivo consistía en colapsar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta de España ante la avalancha de miles de personas. Incluso el informe detalla que la irrupción de miles de migrantes en Ceuta fue dirigida por gendarmes marroquíes, y recalca que los uniformados seguían instrucciones de agentes de paisano. También subraya que el asalto era en realidad una acción diseñada para violar la frontera española bajo la apariencia de un movimiento migratorio.

Esta supuesta explicación de la Policía española se apoya en que existen numerosas imágenes de la presencia de agentes uniformados y de paisano marroquíes durante los momentos previos y en el transcurso de la llegada de miles de ilegales a las playas ceutíes. El mismo informe considera que fue una operación organizada porque el 90% de las personas que accedieron a Ceuta de forma ilegal regresaron a Marruecos solo unas horas después y especifica que los gendarmes marroquíes guiaron a los migrantes desde Castillejos a territorio español y mostraron el camino hacia El Tarajal.

El CENIF sostiene que emitió el 29 de julio una primera alerta de riesgo de entrada en Ceuta y Melilla «prevista para el 30 de julio» y «por vía marítima», en un aviso donde hablaba de «riesgo extremo» por el acceso de ilegales a nado y salto de la valla «de forma coordinada». Incluso describe que hubo tres oleadas diferentes. La primera y la tercera estaban formadas por hombres de 15 a 25 años que llevaban neoprenos, aletas y flotadores, mientras que en la segunda había familias, mujeres y niños sin equipación para flotar. Así se saturó la frontera en El Tarajal.

El informe del CENIF choca con la postura manifestadada por el Gobierno central, que exonera a Marruecos de su implicación en la entrada masiva de inmigrantes y ensalza su colaboración y lealtad.

Armas de fuego

Por otra parte, el Mando Único ha autorizado a los militares españoles el uso de armas de fuego para repeler ataques como el sufrido la semana pasada por cuatro soldados y que se saldó con doce detenidos. La Asociación de Tropa y Marinería había reclamado garantías jurídicas y medios adecuados para que los efectivos puedan defenderse, ante el clima enrarecido que ha desatado la crisis migratoria. Cada patrulla, formada por 4 o 5 soldados, podrá incluir en su dotación un subfusil, una pistola o ambas armas.

Crisis en Interior

El informe policial amenaza con abrir una crisis sin precedentes dentro del Ministerio del Interior. El propio Pedro Sánchez llegó a asegurar en una entrevista radiofónica este lunes que ninguna unidad de inteligencia ni fuerza de seguridad abrigaba dudas sobre la no participación de Marruecos, la misma mañana en que la Policía depositaba en el juzgado las pruebas que acreditaban lo contrario. Y la semana anterior ese mensaje fue repetido por todos y cada uno de los ministros que dieron explicaciones sobre la emergencia en la ciudad ceutí. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se convirtió en la única voz del Consejo de Ministros que admitió la existencia de advertencias previas al reconocer que los servicios de inteligencia manejaban avisos de riesgo antes de que se desencadenara la entrada masiva, una postura que la aisló por completo del núcleo duro del Gobierno y de la tesis oficial que cerraba filas en torno a la imprevisibilidad del episodio.

La realidad es que el golpe al discurso adoptado hasta ahora por Moncloa resulta demoledor. Muestra de ello ha sido la reacción del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, designado al frente del mando único para gestionar la crisis. Al ser preguntado en Radio Nacional por las esas conclusiones, el expresidente canario se limitó a decir que desconocía si se trataba del informe «particular de un agente» o bajo qué amparo se había elaborado, supeditando cualquier postura oficial a que el Gobierno pueda tener el texto formalmente sobre la mesa. La crisis, de consecuencias aún impredecibles, ha abierto una brecha abierta entre las actuaciones de la policía judicial y la línea diplomática fijada por Moncloa.

Como prueba del férreo control de Rabat sobre este tipo de movimientos, la Policía subraya que la posterior convocatoria del 15 de agosto fue completamente atajada y neutralizada por Marruecos, a diferencia del paso libre permitido los días 30 y 31 de julio. La documentación ha sido remitida al juzgado de la magistrada María Tardón en el marco de las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional para determinar si existieron indicios de un delito contra la independencia del Estado. Las conclusiones del CENIF aportan argumentos jurídicos para que se profundice en la investigación, al tiempo que ponen en entredicho el relato oficial y la política exterior mantenida por el Ejecutivo en relación con Rabat.