España inicia la senda de otros países europeos para compensar a las víctimas del uso de ese material tóxico
17 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Aún queda un largo camino por resolver pero el Estado acometió la pasada semana un paso de gigante para dar respuesta a una de las principales demandas de las víctimas de amianto y de sus familias, al dar luz verde, con el apoyo de todos los grupos políticos y la abstención del PP, a la creación de un fondo de compensación para los afectados. No obstante, los populares, que tienen mayoría en el Senado, ya han advertido de que habrá que modificar algunos puntos, como el relativo a la financiación, durante el desarrollo de la ley para contar con su visto bueno. Por su parte, las organizaciones de víctimas también reclaman modificaciones, como su presencia en el órgano gestor del fondo.
¿Por qué es necesario el fondo de compensación para los afectados?
Solo entre los años 1994 y 2008 se produjeron en España alrededor de 4.000 fallecimientos vinculados al amianto. En los últimos ejercicios se han detectado 700 diagnósticos de mesoteliomas cada año y se prevé que la cifra de afectación continúe creciendo hasta mediados de la próxima década. Aunque no hay un censo oficial, Agavida, la Asociación Gallega de Víctimas del Amianto, calcula que solo en Ferrol hay actualmente unos 7.000 afectados. El volumen total en España justifica por sí solo el establecimiento del fondo de compensación. Además, a diferencia de los accidentes de trabajo, con daños instantáneos, en las enfermedades profesionales los efectos pueden aparecer décadas después, cuando muchas de las empresas ya han desaparecido, con las consiguientes dificultades para fijar a los responsables. La situación actual obliga a la judicialización de los procesos, teniendo que litigar las víctimas con las empresas, la Seguridad Social y las mutuas.
¿Cuál es la estructura que se plantea para su gestión?
En el texto de la proposición de ley defendida por el Parlamento vasco en el Congreso la pasada semana se prevé la creación de un «organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al ministerio que tenga asumidas las competencias en materia de seguridad social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, para el cumplimiento de sus fines». Además, se establece que su consejo rector estaría formado por su presidente -que corresponderá al secretario de Estado con competencias en materia de Seguridad Social-, cuatro representantes de la administración pública, cinco de las organizaciones sindicales, dos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y un secretario. Ramón Tojeiro, presidente de Agavida, ya anunció que las organizaciones de afectados lucharán para modificar este punto para que puedan tener presencia en este órgano. Por su parte, en el debate de realizado en el Congreso, el PP también manifestó sus dudas del encaje de este organismo de acuerdo con la estructura de la Seguridad Social.
¿Quién podrá ser beneficiario de las indemnizaciones?
Todas aquellas personas a las que se les haya reconocido una enfermedad profesional ocasionada por el amianto y también aquellas que hayan padecido un perjuicio resultante de una exposición al amianto en España. Este segundo supuesto es importante ya que también va en aumento el número de casos de enfermedades entre las esposas de trabajadores afectados y también de familiares, por haber estado expuestas al contacto con el mencionado material tóxico al manipular la ropa de trabajo sus allegados.
¿De qué recursos se nutrirá el fondo de compensación?
Este es otro punto con divergencias, ya que la proposición de ley establece que será financiado con cargo a las cotizaciones efectuadas por los empresarios, tanto públicos como privados, que empleen a trabajadores por cuenta ajena, además de por las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por las cantidades obtenidas por subrogación y por las consignaciones o transferencias que puedan fijarse en los Presupuestos Generales del Estado. El diputado popular Gerardo Camps advirtió la disconformidad de su grupo con que se imponga un gravamen a todas las empresas, hayan tenido relación con el amianto o no y aseguró que será un asunto a resolver en la tramitación.
¿Cuáles serán los pasos para la tramitación de las ayudas?
La presentación de la solicitud de indemnización al fondo deberá de ir acompañada de la pertinente documentación. El solicitante también deberá de informar de todas las acciones judiciales y extrajudiciales con idéntico objetivo que tengan activas en ese momento. A partir de la presentación de la solicitud, el organismo dispondrá de seis meses para realizar una oferta de indemnización, que incluirá la evaluación establecida para el daño y perjuicio, así como el montante de la compensación que le corresponde. Si el afectado acepta esa propuesta, tendrá que renunciar a las acciones judiciales que mantenga «y hará inadmisible cualquier otra acción jurisdiccional futura para reparación del mismo perjuicio».
¿Es un mecanismo que funciona en otros países?
Sí, desde hace años en otros países europeos como Francia, Bélgica y Holanda. El modelo que ha seguido el Parlamento vasco -y apoyada unánimemente por todos los grupos en esta cámara- en la redacción de la proposición de ley es el francés, con su Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA). Fue creado en el 2001 y su funcionamiento está siendo un éxito, reduciendo la litigiosidad por estos casos al 20 %.
¿Hay pasos importantes que dar antes de la creación del fondo?
Ramón Tojeiro entiende que hay mucho camino que andar para que a los enfermos se les reconozcan la enfermedad profesional, porque hasta el momento muchos se encuentran con problemas para obtener esta declaración. Por ello, el presidente de Agavida tampoco está conforme que el árbitro del fondo sea la Seguridad Social, como parte interesada en este asunto.
¿Se ha fijado una cuantía media de las indemnizaciones?
No, será una de las tareas a abordar en el desarrollo de los trabajos de las comisiones. Como referencia, algunos estudios indican que, a comienzos de esta década, el FIVA abonaba en Francia entre 100.000 y 140.000 euros de promedio a los afectados por tumores, y unos 20.000 para aquellos que presentaban patologías benignas.