Estos son los concellos con mayor volumen de fraude al Catastro
LA GALICIA ECONÓMICA
En Cambre y Redondela, el porcentaje de inmuebles regularizados sobre el total es del 14,1 % y del 10,7 %
07 feb 2020 . Actualizado a las 20:09 h.Hacienda empezó en el año 2013 a peinar la geografía española en busca de bienes ocultos o irregulares, una estrategia encaminada a luchar contra el fraude y la economía sumergida, y que se llamó plan de regularización. Oficialmente, acabó el 31 de diciembre del 2018. En Galicia afloraron casi medio millón de bienes irregulares (447.910). Galpones, naves y piscinas no declaradas, hasta viviendas nuevas, y sobre todo, ampliaciones y reformas de las existentes. Los últimos datos facilitados por el Catastro permiten descender hasta el nivel municipal, y ver cuáles son los ayuntamientos con un mayor nivel de fraude para eludir el pago del IBI, o para tributar menos.
El porcentaje más alto de inmuebles regularizados sobre el total existente en el territorio municipal se eleva hasta el 14,12 % en el ayuntamiento coruñés de Cambre y hasta el 10,74 % en el pontevedrés de Redondela, que son los municipios que se sitúan a la cabeza. Ambos con una amplia zona rural y en las cercanías de las dos ciudades más grandes de la comunidad gallega.
A continuación se situarían dos concellos diferentes, del mundo rural, con un importante peso de la actividad agroganadera. Los dos con una proporción de inmuebles regularizados por encima del 10 %. Se trata del de Frades, en A Coruña, y del de Castro de Rei, en Lugo, con el 10,70 % y el 10,57 %, respectivamente.
Abegondo y A Pastoriza se sitúan en la horquilla del 9 %; y en la del 8 % están Cangas, Trabada, Arteixo, Monterroso, Cospeito, Betanzos, Moaña, Pontedeume, Boimorto y Ribadeo. Por debajo del 1 % en porcentaje de fraude sobre el total de inmuebles del municipio, esto es, donde se encuadran los que tienen menor proporción de irregularidades, están los concellos de Carnota, Catoira, Allariz, Xinzo de Limia, Tomiño y Xove, entre otros muchos.
El caso compostelano
Especialmente llamativos son los casos de Ferrol y de Santiago, los municipios cabecera de dos de las siete ciudades, y que se caracterizan, ambos, por tener una vasta extensión de zona rural.
En el caso ferrolano, de los 80.385 inmuebles, se regularizaron 5.674, lo que supone el 7,06 % del total. El peso del fraude es mayor en Compostela, donde el porcentaje se eleva hasta el 7,24 %. Además de las reformas o ampliaciones, en el municipio santiagués se contabilizaron 1.590 nuevas construcciones ocultas, es decir, inexistentes a efectos tributarios: naves, almacenes, cobertizos, galpones, establos y hasta viviendas. Entre todas, representan el 13,8 % de los 11.527 inmuebles regularizados en Santiago.
El conjunto de Galicia, donde Compostela no es una excepción, constituye un territorio propicio para hacer aflorar bienes ocultos, un espacio donde está arraigada la cultura del ir haciendo, y sobre todo, caracterizado por una enorme dispersión poblacional, lo que ha dificultado enormemente las labores de inspección. Con una extensión de más de 220 kilómetros cuadrados, además de la ciudad de Santiago, el municipio comprende 29 parroquias rurales.
Cada vez que el Catastro detecta una irregularidad en un bien rústico o urbano de alguno de estos ayuntamientos, envía una notificación al contribuyente, que se ve obligado a pagar una tasa de sesenta euros, tal y como fija la legislación estatal tributaria. Se trata de una cantidad fija, con independencia del tipo de irregularidad, lo que ha llevado ya a que algunas fuerzas políticas, como el PSOE, propongan una modificación, porque no es lo mismo que aflore una vivienda nueva no declarada que un pequeño establo, un galpón o una piscina. En todos estos años, los contribuyentes gallegos han tenido que pagar 27 millones con las llamadas tasas de regularización.
Continuidad en inspección
A pesar de que el plan iniciado en el 2013 concluyó a finales del pasado año, el proyecto de presupuestos presentado por Pedro Sánchez, y cuya aprobación es a día de hoy una incógnita, incluye la previsión de que, en este 2019, Hacienda peine otros mil municipios, sin que se sepa de momento cuáles son. Se trataría de inspecciones que se llevarán a cabo de forma ordinaria, tal y como venía haciendo el Catastro, antes del plan extraordinario de regularización.
Para desarrollar su trabajo, los técnicos del ministerio se seguirán valiendo de las inspecciones sobre el propio terreno, y de diferentes herramientas tecnológicas como Google Maps, imágenes por satélite, e incluso la utilización de drones. El afloramiento de bienes ocultos ha elevado la factura total que los gallegos pagan en concepto de IBI, pero a eso ha contribuido también la revisión de los valores catastrales a petición de los concellos, algo que hicieron para recuperar ingresos en plena crisis.