El Gobierno cambia de criterio y reabre las dudas sobre el futuro de Ence en Lourizán

Costas renuncia a defenderse en 3 recursos contra la prórroga y la empresa dará la batalla judicial


pontevedra / la voz

La continuidad de la fábrica de Ence en Pontevedra vuelve a estar en el aire, después de que este jueves el Concello de Pontevedra anunciase que el Costas se allanó en los recursos contra la prórroga de la concesión, con un cambio radical de criterio.

¿Qué quiere decir el allanamiento de la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional?

Existen tres recursos contenciosos interpuestos -Concello de Pontevedra. Greenpeace y APDR- contra la prórroga de la concesión de Ence. La Abogacía del Estado había argumentado hasta hace poco a favor de la legalidad de la resolución ministerial adoptada en el 2016. El allanamiento significa que Gobierno ha desistido de defender la medida, concluyendo en su último escrito que la resolución de hace tres años «no sería conforme a derecho».

¿Qué se argumentaba en los contenciosos?

Se basan en dos puntos principales. Por un lado, que la prórroga de 60 años excedía el plazo máximo autorizado por la reforma de la Ley de Costas. Por el otro, que no estaba justificado en la tramitación que Ence no puede seguir su actividad si no es ocupando terrenos de dominio público marítimo terrestre. Por ambas razones se pedía la anulación de la prórroga otorgada hace tres años.

¿Qué informa el abogado del Estado sobre el plazo otorgado en la prórroga?

Que es excesivo. Se invoca el dictamen del Consejo de Estado sobre el reglamento de la Ley de Costas. «Debe entenderse que el plazo de 75 años debe ser total, sin que la duración de la concesión más su ampliación pueda sobrepasar el máximo de 75 años». A Ence se le dio una concesión por 60 años, que eleva la fecha al 2073. Sin embargo, el dictamen del letrado estatal señala que hay que contar desde 1958, la fecha de la concesión, más un máximo de 75 años, prórroga incluida. Con esta interpretación, el límite legal tendría que haber sido el 2033 y no 60 años desde el 2013.

¿Y cómo valora la cuestión de la ubicación en terrenos de Costas?

En el informe de la Abogacía del Estado se dice literalmente: «No queda justificado que la ubicación de la mercantil sobre el dominio público marítimo terrestre no pueda tener otro emplazamiento».

¿Cómo reaccionaron los demandantes?

La teniente de alcalde de Pontevedra, Carme da Silva (BNG), recibió la noticia con «moderada satisfacción». Considera que el giro de la Abogacía del Estado se debe a las aportaciones jurídicas de los técnicos municipales y entiende que «se abre a porta» para que se anule la concesión. En términos semejantes se posicionan APDR y Greenpeace

¿Y Ence?

La pastera rechaza el «inesperado cambio» de Madrid. Dice que el allanamiento es «contrario al ordenamiento jurídico» e «implica un cambio arbitrario en el criterio». También avisa de que de Ence dependen más de 5.100 familias en toda Galicia, entre ellos 400 puestos directos en la fábrica.

¿Qué va a pasar ahora?

Todos admiten que va para largo y que casi seguro habrá recurso en casación al Tribunal Supremo.

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