No sería exagerado decir que Santiago ha sido el Concello más damnificado hasta el momento por el caso Pokémon. En total, seis concejales han sido imputados en esta presunta trama que investiga el supuesto cobro de comisiones y regalos de políticos gallegos a cambio de contrataciones de obras y servicios a varias empresas. Cuatro siguen manteniendo sus escaños en el Concello: el propio alcalde, Ángel Currás, los también populares Adrián Varela (Deportes) y Rebeca Domínguez (Xuventude), y el socialista Bernardino Rama. Los otros dos ya dimitieron. Uno es el exalcalde Gerardo Conde Roa, que se marchó antes tras ser denunciado por fraude fiscal, y Albino Vázquez Aldrey, que era concejal de Seguridade y que dejó el cargo tras ser detenido y exigirle la magistrada una fianza para poder quedar en libertad.
Tanta imputación y tanto sobresalto ha tenido un efecto devastador sobre el Concello compostelano, que está totalmente paralizado y en el que ni técnicos ni políticos se atreven a tomar muchas decisiones por miedo a resultar sospechosos a ojos de la jueza y acabar imputados en la causa. Esa psicosis también ha reventado por dentro al PP, dividido sin remedio entre los que apoyan al regidor y los que no, pero ahora también ha dinamitado la unidad de los socialistas compostelanos. De un lado está el grupo que apoya a su compañero imputado, Bernardino Rama, y defiende su inocencia. Del otro, los que no ponen la mano en el fuego y quieren limpiar la casa antes de las nuevas elecciones.