La investigación ha condicionado la vida política en Ourense, Santiago y Lugo
18 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Pokémon equivale a dinamita en la vida política de Ourense. No solo acabó con el difícil pacto de gobierno entre el BNG y el PSOE, que en el 2011 había nacido tocado por desconfianzas y facturas atrasadas, tras un sorprendente éxito en las urnas del socialista Francisco Rodríguez y un aparatoso descalabro nacionalista, sino que agrió las relaciones entre las dos familias socialistas que con grandes dificultades conviven en el Concello. En contra de la doctrina del aún secretario general del PSdG-PSOE, Pachi Vázquez, el grupo de concejales más próximo al alcalde lideró públicas movilizaciones de apoyo y afianzó la numantina defensa diseñada por el entorno de Francisco Rodríguez. Los otros concejales, que arrastraban el mal sabor de los puestos de segunda línea, hicieron piña de espaldas al imputado exregidor. Los esfuerzos del nuevo alcalde, Agustín Fernández Gallego, que llegó al sillón desde el número tres de la lista, han rebajado la tensión. Pero poco.
El escándalo del ron y la ginebra aflora de esa mala relación, a raíz de que una concejala del sector pachista, Susana Bayo, pidiera por registro las cuentas de su propio grupo. Intentaron convencerla, pero no aflojó: se sabía respaldada. Acabó viendo las cuentas y de ahí a que se publicaran las facturas del supermercado, con los gastos de ron, ginebra y pizza en teoría para fiestas particulares que buscaban levantar el ánimo al exalcalde, había un paso. De las fiestas, por cierto, se enteraron los concejales pachistas (entonces cuatro y hoy cinco) por el Facebook, signo inequívoco de una distancia que ni se molestaban en disimular, pues con los tres votos del BNG había mayoría absoluta de 14 sobre 27 concejales de la corporación local.
Más recientemente, la incorporación como directora municipal de Recursos Humanos de la secretaria de la agrupación local del PSOE, Carmen Dacosta, ariete del sector paquista en la capital, se decidió en una junta de gobierno sin votos de los ediles pachistas.
Con el BNG, la ruptura es total. Mientras Francisco Rodríguez deshojaba la mejor forma de encarar la crisis, amagando únicamente con la dimisión, el nacionalista Fernando Varela formalizó su marcha tan pronto como regresó a Ourense, tras declarar ante la jueza y saber que estaba imputado. Más dinamita. Los nacionalistas, visto que Rodríguez no arrancaba, dimitieron de todos sus cargos. Y forzaron, entonces sí, la marcha de Rodríguez. Saltaba así por los aires un bipartito, en el que formalmente decía creer el nuevo alcalde, Agustín Fernández Gallego, pero la asamblea local del BNG rompió todo a finales de octubre, pasando a ser oposición pura y dura De ahí a la reprobación del alcalde en un pleno, sumando votos al PP y a DO, no ha pasado ni un año. Es el demoledor efecto Pokémon.
Crisis en Compostela
Santiago también se vio afectada por la operación desde el minuto cero y con la fuerza de un auténtico vendaval que ha levantado los tejados de empresas tan potentes en la ciudad como Vendex y Aquagest y de los dos principales partidos en la corporación, el PP y el PSOE.
En este año revuelto, el alcalde, Ángel Currás (PP), y su gobierno se han tambaleado con un rosario de hasta seis imputaciones de concejales y exconcejales. El único que tuvo que dimitir fue el de Seguridade, Albino Vázquez, porque la jueza le impuso una fianza. Siguen en el cargo el propio regidor, y los ediles Rebeca Domínguez (Xuventude) y Adrián Varela (Deportes). Ya no estaban en sus cargos el anterior mandatario, Gerardo Conde Roa, y su mano derecha, Ángel Espadas.
El PP ha vivido momentos de división total. Más que por las acusaciones, por el poco respaldo que Currás ha dado al resto de los imputados, que lo han acusado de estar solo preocupado por salvar su pellejo aún a costa del de los demás.
En el PSOE disfrutaron de casi un año de pedir dimisiones en el gobierno local hasta que la jueza imputó a uno de sus concejales más destacados, ya que Bernardino Rama no solo fue el concejal de Obras en el último mandato de Xosé Sánchez Bugallo, sino también la mano derecha del exregidor.
El futuro se presenta tan amenazante como el pasado y es seguro que Santiago seguirá en los próximos meses más pendiente de los juzgados que de gobernar.
Menos incidencia en Lugo
En Lugo las repercusiones políticas no tuvieron la misma incidencia. José Clemente López Orozco, el alcalde lucense, imputado en la operación, optó por no presentar la dimisión. La oposición tampoco se lo pidió. El BNG decidió abandonar el gobierno municipal días después de que se conociese la imputación del regidor.
Orozco tiene la teoría de que estar imputado no significa ser culpable. Él dice que no lo es y que seguirá al frente del consistorio. En alguna ocasión manifestó que solamente abandonaría el mismo si los ciudadanos así lo decidían.
En una ocasión, cuando entraba a declarar en el juzgado, un ciudadano le recordó que en alguna ocasión se había mostrado contundente con personas que sí estaban imputadas. Orozco prefirió no responder.