Los dos pertenecen al PSOE; los dos se han sentado en órganos de gobierno que adjudicaron obras públicas, y los dos formaban parte de empresas que suministraron materiales a adjudicatarias de proyectos contratados por las administraciones a las que representan. Hasta ahí las similitudes entre la consejera de Bienestar de Asturias, Esther Díaz, y el concejal de Parques y Jardines de Caballero, Ángel Rivas. Las diferencias entre los dos radican en la salida dada en Asturias, con la rápida dimisión de la hasta ahora consejera, pese a no estar imputada judicialmente, mientras en Vigo el edil y número cuatro del PSOE local se mantiene en el puesto, a pesar de, en su caso sí, estar imputado por presunta prevaricación y negociaciones prohibidas al contar con una acusación formal y la versión de la Fiscalía que considera que Rivas «concertó» suministro de hormigón a adjudicatarias de obras programadas por Caballero.
Los dos cargos por igual han defendido la legalidad de su condición política y empresarial, aunque la exconsejera asturiana ha acabado por reconocer haber cometido un error en esa duplicidad, algo que el vigués nunca ha aludido en sus dos cortas intervenciones sobre el caso, sobre el que ni él ni nadie del gobierno de Caballero ha admitido pregunta alguna de la prensa.
Tanto Esther Díaz como Ángel Rivas no han recibido apoyos por parte de sus partidos. Nadie ha defendido expresamente ni la legalidad de sus actuaciones ni que estas fueran o no éticas. El silencio tanto de Abel Caballero como del presidente asturiano ha sido absoluto respecto a los casos que les salpicaban. En Vigo solo el segundo teniente de alcalde hizo una defensa de manual de su compañero de corporación al dar por seguro el día que fue imputado «su recto proceder».
«No basta con ser legal» o «no todo lo que puede hacer un político está recogido en el Derecho», llegó a indicar, eso sí, el presidente de Asturias cuando el caso de su consejera ya había explotado, anticipando la dimisión que acabó produciéndose tras nueve días de titulares de prensa acompañados, a diferencia del caso de Vigo, de una actitud contundente de toda la oposición, salvo del PP asturiano, tan tímido como lo ha sido con el caso hormigón el líder de los populares vigueses, José Manuel Figueroa, quien se ha limitado a indicar que esperará a que la Justicia determine la legalidad de las relaciones de Rivas y sus clientes con las obras de Caballero.