Expertos y juristas estiman ilegal dar un plus a funcionarios por ir a trabajar
GALICIA
Tachan de imprecisa la justificación del complemento y hasta abogan por su reforma
12 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El plus de productividad otorgado por el Ayuntamiento de Ponteareas a los funcionarios y contratados que acudan a trabajar al menos el 90 % de su jornada laboral anual, no encuentra fundamento jurídico ni respaldo legal entre expertos en gestión pública y juristas especializados en el ámbito administrativo. Aunque hay cierta comprensión hacia el fin que el gobierno local pretendía con su polémica medida, permitir a los contratados con menos sueldo acceder a una vía de incremento, el ligar dicho plus a cumplir con la jornada laboral exigible por contrato, no goza de respaldo, como tampoco se la han dado los representantes de los sindicatos mayoritarios en la administración local.
José Antonio Rueda, presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de A Coruña, estima que la redacción del acuerdo plenario es «imprecisa» y su aplicación se justifica como herramienta para que los sueldos más bajos tengan una posibilidad de crecer, «cuando la subida de salarios, con este acuerdo, tendría que ser una consecuencia y no un fin». Rueda añade además que «como interventor no me parece que se pueda pensar en pagar productividad si antes el pleno no ha fijado unos objetivos factibles, exigentes y medibles que permitan determinar quién ha tenido un desempeño extraordinario, y quién no», extremo que no resolvería el premiar a todos los que alcancen el 90 % de la jornada laboral.
Así como Rueda manifiesta que él hubiera esperado a realizar la relación de puestos de trabajo, en cuya elaboración está inmerso el Concello de Ponteareas, y así corregir los posibles desequilibrios salariales, Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil, estima que el Concello «debería reconsiderar el acuerdo para corregir la mala imagen que está dando de los trabajadores públicos. No es entendible el pagar más solo por ir a trabajar y hacerlo además con dinero de todos», añade el jurista.
«Excesiva ambigüedad»
Xoaquín Álvarez Corbacho, doctor en Ciencias Económicas, coincide en destacar «una excesiva ambigüedad» en el acuerdo que activa el plus de productividad en Ponteareas, que señala es una herramienta regulada legalmente que «premia el esfuerzo, un rendimiento óptimo y una especial dedicación en el trabajo, pero es cuestionable que se pueda utilizar para pagar a mayores solo por ir a trabajar», razona. Como economista, resalta también que la decisión del equipo de gobierno de la localidad pontevedresa «al final acaba equiparando un plus de productividad con el trabajo que hay que realizar», lo que a su entender carece de justificación a la hora de hacer uso de las arcas municipales.
Enrique Varela, profesor de Ciencias Políticas de la Administración, señala de manera rotunda que «no se puede pagar por ir a trabajar, es ilegal». Pero desde su punto de vista, la motivación del plus es la contraria y loable incluso: evitar el absentismo con medidas concretas y medibles «como es la asistencia al trabajo, como lo puede ser la nocturnidad u otro aspecto susceptible de un complemento específico», explica Varela, quien defiende las competencias de autoorganización de los gobiernos locales y la posterior fiscalización de sus cuentas por los órganos como el Consello de Contas o el Tribunal de Cuentas.
La Federación Galega de Municipios e Provincias opta por la neutralidad respecto al caso de Ponteareas, aunque su presidente, Alfredo García, entiende que el plus, tal y como fue aprobado, es una medida provisional mientras se negocia el convenio y se realiza la relación de puestos de trabajo y sus remuneraciones.
El BNG ya tuvo que dar marcha atrás a un complemento igual en Vigo con Castrillo
El plus por asistencia al trabajo aprobado en Ponteareas no es el primero que ha puesto en marcha el BNG en el ámbito de la administración municipal. Lo intentó en Vigo con Lois Pérez Castrillo en el único mandato de los nacionalistas en la alcaldía de la ciudad olívica, y lo aplicó Miguel Anxo Fernández Lores de manera puntual y en una única ocasión durante el 2015. El alcalde pontevedrés echó mano del complemento salarial de productividad para que los funcionarios evitasen las ausencias entre el 16 de marzo y el 15 de abril de aquel año, período en el que se iba a implantar la administración electrónica en el Concello y se procedía a explicar su funcionamiento. El plus fue de 407 euros para casi medio millar de empleados por no faltar al trabajo y reciclarse en la nueva herramienta durante un mes.
El intento anterior de Castrillo en Vigo en el 2002 le llevó a encontrarse con la oposición cerrada de los sindicatos, incluida la CIG, que equiparaba el plus por no faltar al trabajo con un «soborno»; UGT lo tachaba de «ofensa para la mayoría de los trabajadores de bien de esta casa y un atentado a su dignidad», y CC. OO. lamentaba que la mera propuesta sometía a los funcionarios locales a «la befa pública». La propuesta del alcalde nacionalista cifraba en 360 euros al año el plus por ir a trabajar sin acumular más de dos días de falta justifica por semestre, y cumplir estrictamente el horario.