Los trabajos de recuperación comenzarán en 32 puntos afectados por fuegos graves
24 oct 2017 . Actualizado a las 11:01 h.Las dimensiones de la tragedia que vivió Galicia en la ola incendiaria de los días 14 y 15 sigue sobrecogiendo. De los 313 concellos gallegos, 137 se vieron afectados por el fuego. Suponen el 44 % del total. Y en 32 lugares las llamas arrasaron 300 o más hectáreas. Una catástrofe que afectó a un total de 355 kilómetros cuadrados, el 1,2 % del territorio de la comunidad. Es en estos 32 puntos especialmente devastados en los que se priorizarán los trabajos de recuperación que ayer activó la mesa de coordinación creada para afrontar la crisis. Tras la primera reunión de este organismo, que integra distintos departamentos de la Xunta y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), la conselleira de Medio Rural, Ánxeles Vázquez, anunció que ya se han liberado tres millones de euros para unas actuaciones que se pondrán en marcha de la forma «máis áxil posible».
Los técnicos del centro de formación y experimentación agroforestal de Lourizán (Pontevedra) iniciarán esta misma semana la evaluación de los efectos de los incendios para ejecutar las medidas que la conselleira de Medio Rural anticipó ayer y que afirmó que serán «moi prolongadas no tempo». Hay mucho que hacer y en buena medida en zonas de alto valor medioambiental y ecológico, como Os Ancares o el Xurés.
Objetivo prioritario será evitar que las cenizas acaben contaminando las rías y los bancos marisqueros. En estas zonas costeras se instalarán barreras para frenar posibles riadas y se colocarán mallas de geotextil. Los técnicos tendrán que abordar también cómo actuar en función de cada zona y de la pendiente del terreno. Uno de los trabajos que se implementarán será el denominado mulching, que consiste en cubrir de paja el suelo afectado para protegerlo de la erosión y evitar que las lluvias arrastren la tierra. «Non se trata de botar palla por todo o territorio a montóns, que incluso pode ser prexudicial en aquelas zonas onde pode haber un maior arrastre», advierte Ánxeles Vázquez.
Los 137 concellos afectados por la ola incendiaria tendrán que elaborar una base de datos en la que se especifiquen los daños sufridos. El documento se remitirá a Medio Rural, que será la que determine cómo y cuándo actuar en función de las prioridades. El objetivo es proceder de forma coordinada y lo más rápidamente posible, antes de mes y medio, según explicó el presidente de la Fegamp, Alfredo García.
Las medidas activadas desde la Xunta se verán complementadas por el paquete de ayudas que ha aprobado el Gobierno central y que ayer le confirmó la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría a Alberto Núñez Feijoo. El presidente gallego agradeció el apoyo de Madrid y anunció que darán respuesta «aos afectados, aos cidadáns e á natureza».
Los comuneros exigen en Ponteareas que la franja de protección de las casas aumente de 30 a 50 metros
l. c. llera
Las llamas llegaron el domingo negro hasta el corazón de la villa de As Neves. En teoría no puede haber árboles a menos de 30 metros de las casas. En la práctica, no se cumple esa prohibición y As Neves es uno de tantos municipios donde las especies frondosas llegan hasta los umbrales.
Más de 250 comuneros y propietarios de montes de la provincia de Pontevedra se reunieron el fin de semana en Ponteareas convocados por la Asociación Forestal de Galicia. Xesús Represas, de la comunidad de montes de Xinzo (Ponteareas), dijo que van a exigir a la Xunta que la franja de seguridad del arbolado se respete y que se amplíe a 50 metros. Era la distancia que estaba estipulada bajo el Gobierno bipartito de la Xunta entre los años 2005 y 2009. Luego, por motivos que Represas desconoce, se volvió a reducir el margen de seguridad. Los comuneros detectaron que las ascuas volaban cientos de metros empujadas por ráfagas de aire de 90 kilómetros por hora, por lo que saltaron por encima del cauce del Miño.
Para Represas, también es necesario dotar a los concellos de medios para hacer cumplir las leyes.
Las comunidades de montes calculan que recuperar todos los terrenos calcinados en Galicia puede costar entre 37 y 350 millones de euros, por poner los dos casos más extremos. El primero se basa en dejar que el monte se regenere con brotes de eucalipto de manera casi espontánea, el segundo, en plantar especies frondosas en todo lo quemado.
Por su parte, el Concello de Ponte Caldelas ya ha decidido apurarse a la regeneración de los montes calcinados (2.900 hectáreas) para evitar que la ceniza contamine los puntos de captación de agua. El alcalde, Andrés Díaz, indicó que compraron en Castilla 30 toneladas de paja que llegarán el fin de semana. La idea es reclutar un equipo de voluntarios para expandirla por la zona quemada (no por todos los sitios, sino solo por algunos). Para ello cuentan con el asesoramiento de técnicos forestales. También está pendiente de que se declare zona catastrófica o afectada por una emergencia de protección civil, informa María Hermida.
En Marea y PSdeG piden la dimisión del responsable de la política forestal en la Xunta
El portavoz del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, lamentó que el director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, no dé cuenta en la Cámara gallega de la gestión de los incendios, y ha pedido su dimisión como máximo responsable de la política forestal en la Xunta. Para Leiceaga, Fernández-Couto lleva «demasiados anos no cargo», teniendo en cuenta que son más de dos décadas asumiendo esas responsabilidades. Si bien cree que la conselleira de Medio Rural, Ánxeles Vázquez, también debería dejar el puesto: sostiene que «debe ser un dúo, os dous nun paquete». Leiceaga no quiso hablar sobre la ausencia de la nueva dirección del PSdeG en la manifestación celebrada el domingo en Santiago en protesta por los incendios. «O meu ámbito é o parlamentario», justificó.
También el portavoz de En Marea, Luís Villares, cree que «unha vez apagado o lume» se deben pedir responsabilidades políticas, y solicitó igualmente la dimisión de Fernández-Couto.
Silva pedirá la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil
Una está incluida en una ley de 1981 y requiere de 30 días para que se apruebe un decreto ley que reconozca un lugar como zona catastrófica. La otra figura es la de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil: está recogida en una normativa de julio del 2015 (Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil) y solo exige su aprobación por el Consejo de Ministros a instancias de cualquiera de los titulares afectados. Es decir, es más moderna, más rápida y, además, más completa. Estas son, al menos, las tres razones que esgrimirá la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, para solicitar al Ejecutivo central su aplicación en Galicia tras la oleada de incendios. Y así se lo comunicó, además, ayer por teléfono a los concellos de la provincia afines.
Silva exigirá, bien en la reunión organizada por la Xunta para hoy, bien a través de un escrito al Gobierno estatal, la elaboración de una estrategia nacional de prevención y coordinación en la lucha contra los incendios.
