La falta de incentivos fiscales frena la inversión privada en el monte gallego
GALICIA
Desde el 2012, solo se han creado once sociedades para agrupar y gestionar parcelas
16 abr 2018 . Actualizado a las 11:50 h.El monte gallego necesita atraer inversión privada, pero el actual marco regulatorio vigente en España no lo favorece. Este es un diagnóstico unánime en el conjunto de la cadena de valor de la madera: desde los propietarios hasta las industrias de transformación. La competencia normativa está en manos del Estado, y ninguna comunidad autónoma tiene en marcha incentivos fiscales. Una realidad que contrasta, por ejemplo, con la experiencia de otros países. Nueva Zelanda tiene desde los años sesenta importantes bonificaciones fiscales por la inversión en el monte, deducciones que afectan tanto al tributo que grava la renta de las personas físicas como al de sociedades. En Finlandia hay centros de propietarios forestales privados financiados por el Estado para ordenar el monte.
Dos ejemplos, ambos, donde los Gobiernos, en una estrategia a largo plazo, tienen clara la obtención de un resultado: al final, pese a las rebajas, se termina recaudando más para las arcas públicas porque se favorece la actividad económica. En estos momentos, en España hay conversaciones abiertas entre los ministerios de Agricultura y Hacienda para estudiar algún tipo de incentivo fiscal, pero no hay nada cerrado todavía. «Tal vez en este país debiéramos plantearnos que la inversión en ahorrar en madera, por ejemplo, sea tratada fiscalmente igual que la inversión en ahorrar en activos financieros; al final, tenemos una cruel paradoja, la gente ahorra en fondos y abandona el rural, es decir, un monte que es suyo», explica Juan Picos, ingeniero forestal y profesor universitario.
Además de los incentivos fiscales, hay otros instrumentos utilizados en otros países de tradición forestal en los que aquí no existe experiencia. Galicia se ha centrado básicamente en establecer líneas de ayuda procedentes de fondos europeos, pero no hay préstamos para la inversión o mejora de activos forestales, fondos de inversión, seguros forestales o desarrollo de servicios de apoyo al productor. Desde el sector insisten en que la obtención de financiación para la gestión forestal es difícil, sobre todo para el propietario individual.
En Galicia, durante la etapa del bipartito, entre el 2005 y el 2009, se pusieron en marcha las unidades de xestión forestal (Uxfor), un instrumento que tenía por objetivo agrupar parcelas y ponerlas a funcionar. Cuando el PP volvió al poder, entendió que aquella fue una experiencia fallida, porque se trataba de un mecanismo más pensado para el derecho administrativo que como una figura societaria. Así que la Xunta presidida por Feijoo decidió cambiarlas por las llamadas sociedades de fomento forestal (Sofor). Son agrupaciones de propietarios forestales que ceden la gestión de sus parcelas a una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, constituida por ellos, con el objeto de que desarrolle una gestión conjunta. Es una figura abierta a una gestión multifuncional: puede ser para aprovechamientos madereros o para pastos, frutos o setas.
Este instrumento de derecho privado, con regulación mercantil específica, tiene ventajas; primero, la adscripción voluntaria de sus socios; y segundo, que pueden convivir socios fundadores (capital social) con socios capitalistas (inversores).
Las Sofor las regula una ley del 2012. Y desde entonces, con la perspectiva que otorga el tiempo, puede decirse que el resultado obtenido ha sido discreto: se han creado solo once sociedades que suman 2.000 hectáreas de terreno gracias a la decisión de 489 propietarios de agrupar unas 4.000 parcelas.
Medio Rural considera que es un balance moderadamente satisfactorio, sobre todo si se tiene en cuenta el arraigo a la propiedad que existe en Galicia, pero desde la cadena de valor de la madera consideran que el instrumento no acaba de arrancar porque faltan incentivos fiscales.
El objetivo de Medio Rural para el 2040: agrupar 40.000 parcelas con empresas de gestión privada
Uno de los principales puntos de desencuentro entre la Xunta y la cadena de valor de la madera con la revisión del Plan Forestal de Galicia (PFG) ha sido precisamente el asunto de la falta de incentivos fiscales. El sector forestal considera que no se puede presentar en Galicia una hoja de ruta a largo plazo que soslaye la cuestión tributaria. Y se matiza que la Xunta debe presionar más al Gobierno central para que cambie la política fiscal del monte, sobre todo en el impuesto de sociedades.
Con un 68 % de toda su superficie considerada suelo forestal, Galicia concentra el 50 % de los aprovechamientos de toda España. De ahí la relevancia que puedan tener estos cambios. Para romper la estructura minifundista de la propiedad y contar con explotaciones más grandes, en su borrador del PFG, todavía pendiente de consensuar con el sector, la Xunta prevé contar dentro de 20 años con unas 200 sociedades de fomento forestal (Sofor) -hasta ahora hay constituidas 11- que agrupen unas 40.000 hectáreas.
Otra de las metas del PFG es aumentar la superficie forestal para pastos en unas 225.000 hectáreas desde ahora hasta el 2039; esto tendría como objetivo integrar la actividad ganadera en el modelo de gestión forestal sostenible, sobre todo en aquellas áreas donde el ganado tiene una presencia relevante.
La Xunta plantea aquí con su revisión un triple objetivo: contribuir al equilibrio ecológico de la flora y la fauna, reducir el riesgo de incendio y, por último, revalorizar el paisaje. La propiedad del monte en Galicia se distribuye del siguiente modo: un 1 % es público, un 66 % pertenece a propietarios privados y un 33 % son montes vecinales. Esta es otra de las cuestiones que aborda la revisión del PFG. La Xunta abre la puerta a consensuar un cambio en la regulación de los montes vecinales en mano común para evitar su abandono y su descapitalización.
El 70 % del terreno de estos montes es superficie desarbolada. Medio Rural considera que debe existir una norma que favorezca el mantenimiento de la capacidad productiva de estas tierras, lo que pasa por gestionarlas mejor. Según sus datos, el 10 % de las comunidades de montes carecen de estatutos y en algo más del 30 % tampoco hay junta rectora.
Un gasto público estimado en unos 600 millones de euros hasta el año 2022
Para aplicar las medidas previstas en el PFG que ahora tiene entre manos la Xunta sin que haya podido por el momento consensuarlo con la cadena de valor, la Administración gallega prevé que, hasta el año 2022, habrá una inversión pública en el sector forestal de unos 600 millones, 115 de los cuales serán en este 2018, un presupuesto conformado con los recursos que provienen de la UE y los fondos que aporten tanto el Estado como la comunidad gallega.
Un dinero que iría destinado a financiar los ejes de actuación del plan, entre los que están la repoblación de especies con nuevas plantaciones, la reorientación de la superficie o los trabajos para que las explotaciones ganen tamaño y eficiencia.
