Pactaron en enero hacer un proyecto que permita al puente volver a crecer en pleno uso
20 jun 2018 . Actualizado a las 23:37 h.El nuevo perfil del puente de Rande, con sus seis carriles y 180 tirantes tras realizarse su ampliación, podrá no ser el definitivo para la infraestructura más emblemática de la Autopista del Atlántico. Audasa, la concesionaria de la AP-9, tendrá que realizar en los próximos meses un proyecto que plantee propuestas para llevar a cabo una nueva ampliación de su capacidad si el nivel de tráfico se dispara y deja pequeña su nueva configuración.
Dicho encargo ha sido aceptado por la gestora de la AP-9 a propuesta del Ministerio de Fomento y recogido por escrito en el proyecto de real decreto que el anterior Ejecutivo redactó en enero pasado para actualizar el convenio de la ampliación de la autopistas firmado en el 2011, pero que quedó sin validar a causa de la moción de censura.
«Audasa deberá redactar un estudio, analizando la concepción estructural de una eventual y futura ampliación del puente de Rande en condiciones de mínima afección al tráfico rodado», recoge el texto validado por la concesionaria el 15 de enero pasado al que ha tenido acceso La Voz.
Tráfico a mayores
La posible necesidad de habilitar nuevos carriles en el paso sobre la ría de Vigo está motivada por el cambio de conexión que al final se ejecutó entre el puente y el corredor de O Morrazo, en cuyo desdoblamiento para dotarlo de dos carriles por sentido trabaja la Xunta. En lugar de encaminar el tráfico entre Vigo y Moaña, y viceversa, por los nuevos carriles exteriores, como estaba planteado en un inicio, se abrió el tablero original a ese tráfico local para no generar un embudo en el puente. «La puesta en servicio de la autovía do Morrazo AG-46 supone una variación de las hipótesis de tráfico adoptadas en la ampliación del puente de Rande», explica el texto del real decreto pendiente de validación. Y abundando en la decisión de prever una segunda ampliación de la infraestructura recalca que «siendo posible que, dentro del período de vida útil de la estructura, el nivel de servicio del puente requiera futuras adaptaciones del mismo, se considera conveniente que las obras incorporen aquellas previsiones y ajustes que permitan garantizar su funcionalidad si en un futuro el incremento de tráfico condicionara una eventual ampliación, sin que la misma afecte a la seguridad del tráfico que circule por el puente», indica el acuerdo alcanzado entre Fomento y Audasa.
El pacto escrito, que señala contar ya con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, actualizó el convenio firmado en el 2011 entre Fomento y la concesionaria para, entre otros fines, dar cobertura al encargo del estudio técnico para una futura ampliación del puente de Rande y para recoger obras sobrevenidas en la ampliación del vial llevadas a cabo en Santiago, compatibilizar la dotación de más carriles con el nuevo acceso a la AP-9 al Gaiás, y otras obras de mejora en la entrada de Vigo.
El citado acuerdo cifra en 6 millones de euros las acciones que Audasa tendrá que realizar en la parroquia redondelana de Chapela y la entrada en Vigo «para adoptar en la zona medidas contra el ruido», así como la reposición de servicios afectados por la ampliación ya terminada del vial.
En el texto validado por Audasa se otorgan cinco meses para que culmine los trabajos de saneamiento y rehabilitación del puente original tras poner en servicio sus dos nuevos carriles, plazo que ya se ha superado y aún se llevan a cabo obras en la infraestructura que conllevan cortes de tráfico nocturnos.
El anuncio del ministro de Fomento de que someterá a una auditoría las obras del AVE a Galicia para ver si los plazos comprometidos son técnicamente viables, han encendido las alarmas en parte del arco político y empresarial de la comunidad. La Confederación de Empresarios de Galicia y el PPdeG advirtieron ayer que estarán vigilantes del desarrollo del proyecto de alta velocidad, para que se cumpla la llegada del AVE a Galicia en pruebas en el último trimestre del 2019 y su puesta en servicio a comienzos del 2020.
La patronal reunió a su comisión de Infraestructuras para acordar exigir «que se mantenga el ritmo de los trabajos para la llegada del AVE hasta Ourense, incluido el tramo provisional entre Taboadela y Ourense». Para ello, los empresarios reclaman que los presupuestos de los próximos ejercicios habiliten las partidas suficientes para rematar las obras. E inciden, según sus estudios, en que el coste por kilómetro, «a pesar de la orografía de la comunidad, es el más bajo de la red española de alta velocidad».
Ábalos dice que se debatirá sobre cómo mantener las autopistas cuando todas sean gratis
A. Balseiro
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, respondió ayer a las criticas de la patronal sobre su decisión de no prolongar el peaje en las autopistas cuando concluya su período de concesión, advirtiendo que se dará ese debate «cuando finalicen las concesiones en los diferentes territorios de nuestro país», circunstancia que en la AP-9 gallega se alcanzará en el 2048. «Cuando tengamos una red absolutamente igualitaria», es decir cuando todas sean gratis, se hará ese debate, según comprometió Ábalos.
La liberalización de las autopistas que comenzará este año con la AP-1 burgalesa molestado profundamente a la patronal de las constructoras (Seopan). Su presidente, Julián Núñez, se quejó ayer en Santander de que el Ejecutivo no había informado previamente al sector y advirtió de que el coste de tal medida, que estiman en 450 millones de euros, recaerá sobre los contribuyentes, que serán los que «paguen la fiesta».
Durante su intervención en un foro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Núñez se preguntó «si es justo detraer ingresos» de otras partidas, como sanidad, educación, I+D o políticas sociales, para asumir el mantenimiento y la conservación de las autopistas, en lugar de que quienes las usen paguen por ello y lo financien. «Vamos por el camino contrario al resto de Europa», sentenció, argumentando que en España solo está tarificado el 18 % de las vías de gran capacidad y «las europeas lo están casi todas».
«En Europa no invierten ni un euro en carreteras, las paga el usuario, porque destinan más recursos a atender la agenda social», sostuvo, incidiendo en que «nada es gratis».