El 48 % de los gallegos creen que Sánchez va a favorecer a Cataluña con pactos encubiertos
GALICIA
Un 28 % de los votantes socialistas en Galicia entienden que sí habrá concesiones, y un 68 % de los de En Marea dicen que no
08 jul 2018 . Actualizado a las 15:59 h.Pedro Sánchez se presentó en el Congreso de los Diputados hace cinco semanas con una moción de censura bajo el brazo y, supuestamente, sin condicionantes de voto para las formaciones que le permitieron derribar al Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los gallegos creen de forma mayoritaria que existen pactos encubiertos, y entienden que su debilidad parlamentaria le obligará a favorecer a Cataluña para mantenerse en el puesto.
En concreto, un 48 % de los ciudadanos de Galicia encuestados por Sondaxe creen que esos acuerdos, previos o posteriores, existen o van a existir. Un tercio opinan que no, que podrá sostener su Ejecutivo sin necesidad de hacer concesiones políticas a nacionalistas e independentistas, mientras que un 18,6 % han preferido no contestar a la pregunta formulada.
La opinión de los gallegos a este respecto es bastante homogénea si se atiende a parámetros de edad, sexo o hábitat residencial. Prácticamente tampoco hay diferencias territoriales, aunque los consultados de Lugo se mostraron algo más recelosos con los acuerdos encubiertos (52,1 %), mientras que los de Ourense tienen una percepción más equilibrada sobre los presuntos beneficios que tendrán los catalanes por su apoyo parlamentario. Un 43 % creen que sí existen pactos, y un 33,3 %, que no los hay.
Hombres y mujeres mantienen una posición bastante parecida sobre esta cuestión, y tampoco hay estridencias en los bloques de edad, aunque los mayores de 65 son los más precavidos a la hora de opinar, y casi un tercio han confesado que no saben cómo puede afectar esta situación o no quieren contestar. Esta circunstancia es la que provoca que exista un porcentaje relativamente bajo de gallegos veteranos que creen que Pedro Sánchez no va a beneficiar a Cataluña, un 19,9 %, cuando la media total es del 33,6 %.
Por el contrario, en las ciudades sí opinan abiertamente sobre este espinoso asunto. Solo uno de cada diez prefirieron saltarse la respuesta, y de los que contestaron, un 47,5 % opinaron que sí existirán contraprestaciones entre los socialistas y los independentistas, mientras que un 43,5 % creen que no. El urbano es el escenario más equilibrado.
La ideología pesa
Las diferencias de criterio aparecen una vez más al poner el filtro ideológico de los encuestados. Los votantes del Partido Popular y los de Ciudadanos tienen pocas dudas. Dos de cada tres están convencidos de que los pactos existen, algo que también creen un tercio de los simpatizantes del BNG (34,8 %) y algunos menos socialistas (27,6 %). Los de En Marea están en el otro extremo: dos tercios dicen que no habrá compensaciones.
La encuesta se realizó en junio, mes que Sánchez aprovechó para configurar su Gobierno y para establecer los primeros contactos internacionales. La primera entrevista con un líder autonómico no llegó hasta el día 25, cuando se reunió con el lendakari Urkullu, del PNV, que ya había logrado importantes réditos con el Ejecutivo de Rajoy y que centró sus reivindicaciones en el acercamiento de presos y nuevas competencias autonómicas. El encuentro con Quim Torra se celebrará mañana y todo apunta a que el proceso independentista centrará los contenidos. El traslado de los políticos presos no se produjo hasta la semana pasada, y el Gobierno insistió en que se trató de una decisión enmarcada en la normativa penitenciaria y sin contraprestaciones políticas.
Los gallegos, divididos ante la repercusión en las inversiones estatales
El impacto de los posibles acuerdos de Pedro Sánchez con las fuerzas nacionalistas e independentistas, especialmente con las formaciones catalanas, trasciende a la estabilidad de su Gobierno. En Galicia hay un 46,8 % de ciudadanos que creen que esos pactos, encubiertos o públicos, pueden afectar a la financiación de su comunidad o a la financiación que se percibe de la caja del Estado. Y por ello están preocupados. Por el contrario, un 43,5 % entienden que esta circunstancia política no debe afectar a los intereses gallegos. Uno de cada diez no tienen una opinión formada o prefieren reservársela.
De nuevo, el aspecto ideológico es el que arroja mayor diversidad de opiniones, con algunos extremos llamativos. Así, los que se declaran votantes del BNG están divididos casi al 50 % entre los que creen que Galicia sí puede verse afectada, mientras que los de En Marea son los más despreocupados ante esta posibilidad. Un 70 % así lo expresaron. Un tercio de los socialistas también mostraron su inquietud, mientras que los más recelosos son los de Ciudadanos (64,6 %) y los del Partido Popular (62,9 %).
También hay notables diferencias dependiendo de dónde se ponga el foco territorial, aunque con una curiosa coincidencia. Solo en dos hábitats son algunos más los que están poco preocupados por las repercusiones de estos pactos: en las ciudades (51 % y 41 %, respectivamente); y en los ayuntamientos más pequeños de Galicia, de menos de cinco mil habitantes (44,7 % y 48,6 %). Los que demuestran más inquietud son los que viven en localidades medianas, de entre 10.000 y 20.000 vecinos. Por provincias, los más preocupados son los coruñeses, y los que menos, los ourensanos.
Por edades, igual que ocurre con el recuerdo de voto, también saltan por los aires los valores medios. El nivel de inquietud por el futuro de las inversiones estatales es relativamente bajo entre los más jóvenes. De 18 a 29 años solo se expresan en este sentido un 28,4 %. La escalada, sin embargo, no alcanza su tope con los mayores de 65, sino entre los maduros que tienen de 45 a 64 años.
La pregunta, y seguramente las respuestas, tiene un contexto claro: las dudas sembradas en las últimas semanas sobre los plazos del AVE a Galicia o las dificultades de las comunidades autónomas para negociar una nueva financiación si la Generalitat mantiene el discurso de la independencia y permanece el bloqueo a un nuevo reparto de los fondos que aporta el Gobierno a las comunidades autónomas.